¿Para qué se reunieron el Presidente y trece gobernadores peronistas? ¿Para discutir cómo evitar que la inflación se acelere hasta una híper? ¿Para consensuar políticas que frenen el avance del narcotráfico? ¿Para proponer medidas de urgencia que atenúen la catástrofe educativa? No. Incorrecto. Se reunieron para asediar a la Corte Suprema. Se reunieron para intimidar al Poder Judicial que debe ser independiente del poder político.
Se reunieron para confirmar que la agenda del kirchnerismo, la única en que suspenden las peleas encarnizadas y en la que tienen un plan que no aparece en economía, seguridad o educación, es la agenda de la impunidad de la vicepresidenta y de todos los corruptos. ¿Se acuerdan cuando Alberto Fernández hablaba maravillas de la Corte Suprema de Justicia y de sus miembros?
“La corte es una institución del país que nació con cinco miembros y Cristina tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de jueces para tener jueces adictos”, decía. Lo dijo el propio Alberto Fernández. Se busca cambiar el número de jueces para tener jueces adictos. Es lapidario escuchar al presidente argentino como prueba más cabal ya no sólo de su veleidad sino de los fines de una movida política que sólo desnudan dos cosas.
Es decir, la desesperación por las causas sensibles para Cristina Kirchner que debe resolver el máximo tribunal, y que, aunque de tanto en tanto lo disimulen, antes y ahora, el fin último del kirchnerismo es ir contra la república. ¿Cuándo mueren las repúblicas? Cuando se pone de rodillas a su poder judicial y se lo somete a los designios políticos despojándolo de su independencia. ¿Qué tienen en común Venezuela, Rusia y Nicaragua?
Doblegaron a la justicia convirtiéndola en un apéndice del poder autócrata. El sueño de Cristina que lo dijo claramente. Para ella la justicia es una casta. Y para Cristina la justicia es una casta, porque su estabilidad es un obstáculo. Por eso buscó controlar el órgano que designa y remueve jueces, para asegurarse los premios y castigos que le permitan injerencia. Por eso quiso colonizar el ministerio público, para domar a los fiscales que investigan corrupción.
Esta nueva avanzada del oficialismo que intenta una demostración de fuerza con presencia de gobernadores peronistas plantea una ampliación de la Corte a 25 miembros porque busca licuar su poder, quebrantar su independencia, no en un momento cualquiera sino cuando ese tribunal se dispone a decidir sobre los planteos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y cuando los procesos de corrupción contra Cristina se acercan a momentos definitorios.
El poder político sale a amenazar al poder judicial, a meter presión con un proyecto que desnaturaliza los fines de la Corte según la constitución. Porque un tribunal de justicia y una Corte en particular no tiene que ver con la distribución del poder con las provincias. La representación de éstas está en el Senado. Enmascarado en un falso federalismo, lo que acecha es armar un senado paralelo con piel judicial, pero con botonera política desde el otro Senado.
Es curioso, una fuerza política que no logra votos suficientes en el Congreso ni para designar el sillón que queda vacante en la Corte se propone cambiar la ley y designar 25 supremos más. Logrando aprobar la ampliación, pero imposibilitados de designar los jueces por las mayorías especiales, lo que buscan es bloquear la Corte para virtualmente paralizarla. Con las formas de proponer una ampliación, el gobierno lo que realmente hace es amenazar a la justicia.
La Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. El Presidente no puede ejercer funciones de juez y los jueces se mantienen en sus cargos mientras dure su buena conducta. En realidad, todo esto es lo que en el fondo les molesta. Por eso, cuando avanzan contra la Corte, cuando avanzan contra la estabilidad de los magistrados o cuando asumen sus funciones, que no haya error, avanzan contra la república, avanzan contra la Constitución.
