La decisión de “democratizar” la portación de la bandera en las escuelas de La Pampa tiene la virtud de exponer con claridad una ideología que ha degradado a la educación pública argentina y que ha marcado un estándar de nivelación hacia abajo en otros ámbitos de la sociedad. Considerar que “todos tienen derecho a ser abanderados” y proclamarlo como una “medida inclusiva”, es consagrar la abolición del mérito.
Ahora se lo hace por decreto, que es una forma de institucionalizar la mediocridad y blanquear que el premio al estudio y la incentivación al esfuerzo han dejado de existir. No se trata de algo muy novedoso. Hace décadas que el sistema de educación pública ha decidido nivelar hacia abajo. La provincia de Buenos Aires llegó a eliminar los aplazos, que luego fueron reestablecidos con más timidez que convicción.
Ya habían descolgado todos los “cuadros de honor”. Una normativa más o menos explícita ha prohibido que un alumno repita de grado. Se eliminaron también las amonestaciones y se borraron los reglamentos de disciplina. Los directores se convirtieron en meros administradores de papelerío y burocracia, vaciados de autoridad y de autonomía para fijar reglas. A la función docente se le amputó el derecho a exigir.
Los exámenes de ingreso fueron reemplazados por sorteos de la lotería. Los “dictados” y la corrección de ortografía son considerados “herramientas pedagógicas autoritarias”. En esa línea, se boicotean las pruebas Aprender y se rechaza cualquier sistema de medición de resultados. Muchas escuelas ya eligen a los abanderados por aclamación. Pero ahora se da un paso más: el disparate alcanza estatus normativo.
Y se convierte en un antecedente para avanzar con la abolición de cualquier otra regla, institución o simbolismo que apunte a destacar a los mejores. Por este camino, llegaremos pronto al reparto de títulos universitarios por sorteo. ¿O no habría que “democratizar” también las graduaciones? ¿O no todos tienen derecho a recibir un título? Calificar, premiar y distinguir han pasado a ser verbos malditos.
Se los considera “excluyentes” y discriminadores, opuestos a una ideología “inclusiva” e “igualitaria” que le tiene fobia al mérito y a la excelencia. En el diccionario del populismo educativo, corregir es sinónimo de estigmatizar. Se trata, en verdad, de una retórica que encubre injusticias y prejuicios. Suponer que los hijos de hogares humildes no pueden llegar a ser abanderados por mérito propio es una idea profundamente regresiva.
La mejor Argentina fue forjada por aquellos estímulos que hicieron que estudiantes de familias trabajadoras se convirtieran en el gran orgullo de los suyos al ganarse, “quemándose las pestañas”, el lugar de abanderados. Era un país que estimulaba y reconocía el esfuerzo, que creía en el progreso y en aquel otro valor ya pasado de moda, que era la movilidad social ascendente. Entre otras consecuencias, esta “ideología igualadora e inclusiva” termina por devaluarlo todo. Ser abanderado dejará de tener significación. Aprobar dejará de ser un logro.
Con los títulos secundarios y universitarios pasará lo mismo que con el peso argentino: valdrán cada vez menos y se convertirán en papel pintado. No garantizarán oportunidades de trabajo, que serán reservadas para los que puedan acceder a una educación privada de calidad. Se acentuarán entonces las desigualdades. Eso sí, serán títulos “democráticos e inclusivos”. Hasta quizá se entreguen en nombre de la “soberanía educativa”. Para el ideologismo imperante, “el eslogan no se mancha”.
