En esta oportunidad, se materializan en intentos desesperados por retener el poder en el Consejo de la Magistratura Nacional, apurados por la cuenta regresiva que les fijó la Corte Suprema, avanzan silenciosos haciendo uso de su mayoría automática para condicionar al nuevo Consejo, que deberá garantizar y restablecer el equilibrio de este organismo a partir del próximo 15 de abril.
Hace pocos días, en sesión plenaria, decidieron avanzar con la modificación de trece reglamentos que ordenan la forma de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura, incluida la integración de las comisiones donde se llevan adelante los procedimientos de selección de jueces y se deciden sus sanciones disciplinarias y acusaciones. Sin prisa, pero sin pausa, la semana pasada mantuvieron reuniones de asesores y esta semana vuelven a reunirse.
Resulta insólito que la composición de un organismo con fecha cierta de caducidad pretenda condicionar a quienes deben sumarse para completar el nuevo Consejo de la Magistratura en lo sucesivo. Éste, renovado en su composición precisamente, según el mandato de la CSJN, está llamado a limitar la hegemonía del poder político para recuperar la independencia perdida a partir de la ley 26.080, que fue impulsada en 2006 por Cristina Kirchner.
Intentan, sin duda, desconocer la voz y el voto de los nuevos miembros y frustrar, a través de la manipulación fraudulenta de sus atribuciones, las directivas insoslayables del máximo tribunal federal. La Corte Suprema de Justicia fue clara al respecto: un organismo constitucional fundamental en grado sumo para el sistema republicano no puede ser controlado por el poder político de turno.
A contramano de ello, en medio del aluvión de modificaciones que pretenden impulsar, el nudo de la embestida radica en obstaculizar que se recupere ese equilibrio, del que tanto se habla en los debates colegiales, evitando que el Congreso sancione una ley antes del 15 de abril de modo que el vacío normativo fuerce a retrotraer la aplicación de la ley 24.937, que no establecía ni el número de miembros ni la composición de las cuatro comisiones que funcionan en el Consejo de la Magistratura.
Ya que esto quedaba librado a la reglamentación que realizaba el propio órgano. Debido a este intento dilatorio y fraudulento, debe alertarse que la verdadera esencia del mandato de la Corte sólo podrá plasmarse, con toda exactitud, a partir de la nueva integración del Consejo de la Magistratura, oportunidad en la deberá decidirse de manera renovada su forma de organización y funcionamiento consecuente con su nueva estructura.
En ese sentido, esperamos alertas que, hasta el 15 de abril, el tiempo se agote sólo en disertaciones ilustrativas, y que no medien decisiones tramposas que condicionen el funcionamiento regular del futuro del cuerpo. Estas maniobras de última hora han quedado en evidencia en otro manotazo de ahogado para retener el poder que se les va diluyendo entre los dedos y explícito en la elección de la representante de la rama académica que debe sumarse entre los siete nuevos miembros al Consejo de la Magistratura.
En este caso, en el minuto 40 del segundo tiempo, el Consejo Interuniversitario Nacional, nuevamente aprovechando su mayoría K, modificó el reglamento de elección para licuar la real proporción de la representación de los docentes y favorecer la constelación de los cursos de derecho abiertos durante el mandato de Cristina Kirchner en desmedro de las Facultades de estudio tradicionales.
Los ciudadanos, en consecuencia, debemos advertir la constante insidia de estos avances porque ya estamos acostumbrados a que el kirchnerismo adopte las estrategias que la conocida fórmula criolla atribuye al tero. Actúan y avanzan silenciosos allí donde arman su nido y ponen sus huevos, pero gritan y alborotan en otros escenarios “más alejados”. Bajo el signo de esta decadencia absoluta de valores, los kirchneristas ya aparecen como los personajes del viejo tango mostrando comportamientos en los que se los percibe “con la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”.
