Varios dirigentes sociales, entre ellos Juan Grabois, han optado por impartir sus propias normas: acamparon en tierras privadas ubicadas en Lago Escondido en la provincia de Río Negro. Una de las cuestiones que por estos días ha herido la división de poderes. El estado de derecho y la salud republicana en la Argentina han sido sin duda los fallidos actos de rebeldía que ha tenido el Presidente de la Nación Alberto Fernández junto a varios gobernadores.
Justo cuando se propusieron incumplir lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a la medida cautelar dictada en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación federal ocurrida en el año 2020. Algunos parecen entender que el acatamiento a un fallo judicial resulta simplemente una opción y no una obligación, sin entender que con ello están sugiriendo fin de las instituciones como parte vertebral de la república.
El acampe en la propiedad de Lago Escondido por parte de Grabois y acompañantes (entre los que figuran incluso un Diputado Nacional) no hace más que exponer a la vista de todos la incansable falta de respeto que opera sobre la ley y la Justicia por parte de quienes se creen con el derecho natural a actuar sistemáticamente al margen de toda legalidad. Ya había ocurrido en reiteradas ocasiones con las tomas de propiedades que realizaban los pseudo-mapuches.
Que sin importarles la propiedad privada optaban por ejercer la violencia en búsqueda de la usurpación, la destrucción de lo que les era ajeno, pero lo creían propio. Lo que garantiza el futuro de cualquier sociedad es por, sobre todo, el apego a las normas, la defensa de la ley y el respeto por la Justicia. No hay manera de entender una sociedad libre sin el respeto a la ley y la lucha por la igualdad ante ella por parte de cada uno de los ciudadanos.
Ningún movimiento social puede, bajo ningún aspecto, quebrantar el orden institucional: es decir, ocupar propiedad ajena –incluso cuando esa ocupación puntual se realice en forma parcial y por un corto período de tiempo– debe ser castigado con todo el peso de la ley y reprimido con todas las fuerzas de seguridad de las que se disponga en virtud de reestablecer rápidamente el orden.
Si los usurpadores consideran que el acceso público al Lago Escondido no es respetado –tal como ha indicado la Justicia que debe respetarse–, no son ellos quienes deban por mano propia hacer cumplir lo impuesto. En tal caso será la propia Justicia quien deba sancionar, multar y obligar a sus propietarios a cumplir con la sentencia judicial. Nunca se le debe permitir a un grupo de inadaptados sociales tomar como propias atribuciones que son exclusivas al Poder Judicial.
Creer estar por encima de la ley y actuar en consecuencia debe implicar indefectiblemente que la Justicia actúe rápidamente para que el respeto por el Estado de Derecho sea restablecido y marcar su carácter de inquebrantable. Ridículo resulta el accionar de quienes intentaron usurpar parte de las tierras del empresario Joe Lewis en el sur, durante el enfrentamiento –por momentos violentos– que tuvo Grabois con los trabajadores del lugar.
Al punto de que éstos últimos les manifestaron su rechazo a la invasión que se estaba llevando a cabo explicándoles que ellos eran trabajadores defendiendo su lugar de trabajo. El daño que le han hecho a la Argentina aquellos que han encargado de denostar sistemáticamente los derechos de propiedad es incalculable. Los movimientos sociales han olvidado los valores fundamentales de una sociedad justa, libre y con futuro.
Y es que olvidaron el trabajo, el mérito, la propiedad privada y por, sobre todo, olvidaron la Justicia. Si se olvidan de las leyes, las instituciones tienen la obligación de hacerlas cumplir, haciendo que la Justicia recaiga con todo su peso sobre aquellos que se alejan de las normas, ya que ésta es la única herramienta con la que cuenta una república para que la sociedad pueda seguir desarrollándose como tal.
