Recientemente se cumplió un año del día en que Alberto Fernández declaró públicamente la guerra contra la inflación. Paradójicamente, aquellos eran tiempos en que la inflación interanual rondaba el 52%, en tanto que febrero de 2022 había concluido con un aumento del índice de precios al consumidor del 4,7%. En nuestros días, la inflación de los últimos 12 meses asciende al 102,5%, en tanto que la última variación mensual marcó el 6,6%.
Una prueba que los amantes de la melancolía emplearán para justificar que todo tiempo pasado fue mejor y un posible presagio de que lo peor aún no llegó. Si el ascenso de Sergio Massa al Ministerio de Economía era la bala de plata del oficialismo para remontar la crisis y mantener su competitividad de cara a las elecciones de este año, su fracaso para controlar la inflación ha terminado con las pocas esperanzas que albergaban hasta los más optimistas dentro de la coalición gobernante.
Si Massa había pensado en utilizar el Palacio de Hacienda como trampolín para su eventual candidatura presidencial y si no pocos dirigentes del Frente de Todos imaginaron que podían utilizar al dirigente tigrense para mantener el poder después de diciembre de 2023 y con este su impunidad, hoy solo los rodea el desconcierto. No hay antecedentes de partido gobernante que ganase una elección presidencial con el escalofriante nivel de inflación de la actualidad.
Y si se apela a la ética de la responsabilidad, aquella que invita a gobernar pensando en las próximas generaciones antes que, en las próximas elecciones, no pocos dirigentes oficialistas se preguntarán cómo cumplir la meta de déficit fiscal anual del 1,9% del PBI acordada con el FMI para este año, con menos exportaciones y menor recaudación derivadas de la mayor sequía de los últimos tiempos y de la menor actividad económica.
Si la respuesta pasase por contraer lo necesario el gasto del Estado, cabrá preguntarse: ¿Estará el gobierno nacional dispuesto a ajustar fuertemente el gasto público en lo que resta de un año electoral? Hay otro interrogante más preocupante aún. Si la fuerza gobernante fuera derrotada por amplia diferencia en agosto en las PASO, ¿Acaso no estará tentada de seguir gastando a troche y moche para dejarle una bomba de tiempo al próximo gobierno de la oposición?
Son demasiados interrogantes que alimentan la incertidumbre sobre el futuro del país, aunque por el momento solo desnudan los macabros pensamientos que torturan a funcionarios y dirigentes de las distintas expresiones en que se divide el Frente de Todos. La despiadada lucha interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner no es la única habilitada en la coalición gobernante.
Al borde un ataque de nervios, sin saber qué hacer frente a la crisis económica, agudizada en las últimas semanas por la sequía de soja y de dólares, y por las consecuentes pérdidas de reservas del Banco Central, algunos funcionarios y dirigentes del oficialismo encuentran un refugio en su deporte favorito: idear opciones para seguir alimentando los negocios de sus amigos y sus propias cajas.
En tal sentido, toda crisis es una oportunidad, como parece demostrarlo el reciente anuncio de Massa sobre la intervención administrativa en la empresa Edesur. Para muchos, una forma de devaluar a esta compañía, en momentos en que su controlante, el grupo italiano Enel, se disponía a poner en venta el 51% de las acciones en la distribuidora eléctrica. ¿Será otra forma de garantizarles un negocio a ciertos amigos del poder?
