Esta semana, la Corte Suprema de la Nación confirmó una de las condenas contra Milagro Sala luego de rechazar un recurso de queja presentado por su defensa. Por unanimidad, el tribunal ratificó la sentencia a dos años de prisión por amenazar a policías de San Salvador de Jujuy. Es la primera condena que queda firme contra Milagro Sala, quien actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria.
La decisión del máximo tribunal se conoció justo cuando el expediente estaba por prescribir (la fecha límite era el próximo lunes). También esta semana, la jueza María Servini de Cubría rechazó la denuncia efectuada contra la Corte Suprema por haber confirmado en el mes de diciembre la condena a Amado Boudou por el caso Ciccone.
En la previa, el presidente Fernández criticó a la Corte por el mecanismo utilizado para ratificar dicha sentencia (basándose en la prerrogativa que le otorga el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de rechazar un recurso sin dar mayores explicaciones).
El kirchnerismo enmarca los casos de Amado Boudou y Milagro Sala dentro de lo que llaman lawfare: un supuesto uso indebido de los instrumentos jurídicos con el fin de perpetrar una persecución judicial y mediática contra los dirigentes identificados con ese espacio político. A este mismo juego se suman otros como el líder piquetero Luis D’Elía, los exfuncionarios Julio De Vido y Ricardo Jaime, y la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lleva la voz cantante y suele referirse a la cuestión del lawfare cada vez que emite un mensaje público, a través de sus discursos o de sus ya tradicionales cartas. Desde su punto de vista, el lawfare no ocurriría únicamente en la Argentina, sino que se trataría de una maniobra de carácter regional para perseguir a los líderes progresistas de Latinoamérica, particularmente a Rafael Correa en Ecuador y a Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil.
Cuando uno analiza lo que ocurrió en Brasil, no solo los seguidores de Lula consideran que pueden haber existido algunos excesos o procesos viciados que pueden ser cuestionados, lo que alimenta la tesis del lawfare. Es decir, que pudo haber una intencionalidad política de afectar la competitividad del Partido de los Trabajadores (PT). La particularidad de lo que ocurre en Brasil es que los cuestionamientos se realizan bajo criterios objetivos y jurídicos, no bajo razones políticas, atrincherándose detrás de consignas como “la cárcel no es para los compañeros”.
Lo interesante del kirchnerismo es que al defender a Milagro Sala, Amado Boudou, Julio De Vido y Ricardo Jaime terminan debilitando ellos mismos el argumento del lawfare y perdiendo credibilidad frente a la opinión pública. Es el cuento repetido del kirchnerismo: por ir por todo, se quedan sin nada. Si tuvieran posturas más prudentes, sinceras y menos ideológicas probablemente tendrían la posibilidad de generar dudas razonables. En su afán por salvaguardar incluso lo indefendible, terminan creando una tesis de conspiraciones colosales que en Argentina solo el kirchnerismo más radicalizado puede creer verosímiles.
El caso de Cristina Kirchner merece un párrafo aparte. La vicepresidenta denuncia la persecución por lawfare cuando los juicios en su contra recién empiezan y aún no fue declarada culpable. El lunes pasado se reanudó el juicio oral y público contra Cristina en la causa en que se investiga el supuesto direccionamiento de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz, en beneficio de Lázaro Báez.
Para ella, como para todo ciudadano antes de que se demuestre lo contrario, sigue rigiendo el principio de inocencia y es por lo menos contradictorio la acusación de lawfare cuando el juicio aún no se consumó y no hay sentencia. La vicepresidenta podría demostrar en el marco del proceso judicial que efectivamente la acusación en su contra carece de fundamentos.
La sociedad argentina se merece que los responsables por corrupción, independientemente de su color político, sean condenados. La corrupción es un mal estructural que afecta a la Argentina. Pero incluso en términos pragmáticos, el kirchnerismo atenta contra sí mismo. Con la defensa absurda y terca de dirigentes como Ricardo Jaime o Julio De Vido, termina cayendo víctima de su propio juego, pierde consistencia analítica y capacidad de generar empatía. Nadie creerá que Cristina es víctima de una persecución injusta si el parámetro de comparación es Julio De Vido, condenado por la tragedia de Once en la que murieron 52 personas, o Ricardo Jaime, un coimero confeso.
