El mal llamado “lenguaje inclusivo” está muy lejos de ser lo que su nombre indica, lejos de ser inclusivo, por el contrario, excluye, complicando y deformando nuestra lengua que es parte de nuestra cultura, expresó Pecci.
Por ello y ante el violento avance de esta doctrina de género que no admite disidencia, la legisladora provincial Nadima Pecci presentó un proyecto que impide la utilización en los documentos oficiales y sobre todo en el ámbito de la educación del “lenguaje inclusivo”. Entendemos que debemos proteger a nuestra lengua y nuestra cultura de los embates de ideología, que solo busca destruir o “deconstruir” (eufemismo que les encanta utilizar a quienes promueven esta doctrina), y todo bajo la falsa bandera de la “inclusión”.
Muchos funcionarios nacionales oficialistas, incluyendo a veces al Sr. presidente, usan una terminología que no condice con nuestra lengua oficial y aclara que en la página de www.argentina.gob.ar/país, se puede comprobar que nuestro IDIOMA OFICIAL ES EL ESPAÑOL.
En diferentes oportunidades hemos escuchado funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, expresarse en conferencias de prensas oficiales, por medio de un lenguaje distinto al que hemos utilizado los argentinos, con palabras a las que le cambian determinadas letras, otorgándoles un significado diferente al reconocido por la Real Academia Española, utilizando, por ejemplo expresiones como “Les pibis”, continúa Pecci.
En los fundamentos del proyecto, la parlamentaria provincial aclara “que en la actualidad la RAE y la Asociación de Academias de la lengua española ya lo volvieron a rechazar al denominado “lenguaje inclusivo” en enero de 2020, expresando que “se considera innecesario la inclusión del doble género”. Es decir, “todos y todas”, así como el uso del llamado “lenguaje inclusivo” que utiliza “x”, “@” o “e” en lugar del plural, es decir, “todxs”, “tod@s” o “todes”. Además, subraya que el género masculino, “por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos”.
Quienes sí entendieron la gravedad de oficializar un lenguaje contrario al nuestro, fueron los colegas legisladores de Santa Fe, que directamente lo prohibieron en todo documento oficial de los tres poderes provinciales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en sus organismos autárquicos y descentralizados.
“Esta opción nos parece la más correcta, ya que este “lenguaje” que no representa la natural evolución de la lengua, sino la imposición de una ideología autoritaria”, concluyó Pecci.
