Tras una extensa investigación iniciada a fines de 2024, la causa penal por la venta ilegal de alimentos destinados a sectores vulnerables en Tucumán quedó prácticamente cerrada. El cabecilla del esquema ilícito, Juan Alberto López Cansillieri, fue condenado este martes a tres años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de $ 2 millones en concepto de reparación al Estado provincial.
La sentencia fue dictada por el juez Alejandro Tomás, en el marco de un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía de Delitos Complejos, la defensa del imputado y la representación legal del Gobierno provincial.
El caso comenzó a salir a la luz el 25 de noviembre de 2024, a partir de una denuncia por violencia de género presentada por la pareja de López Cansillieri. Cuando la policía allanó su vivienda en Manantial Sur, encontró una gran cantidad de mercadería acopiada que, según constataron los investigadores, provenía del Ministerio de Desarrollo Social y debía ser destinada a comedores y dispositivos alimentarios para familias carenciadas.
A partir del hallazgo, la fiscal Mariana Rivadeneira inició una pesquisa que permitió descubrir un entramado ilegal que desviaba la ayuda estatal para ser revendida, y que estaba dirigido por López Cansillieri, quien por entonces se desempeñaba como empleado de planta en la Legislatura de Tucumán.
De acuerdo al expediente judicial, entre 2023 y noviembre de 2024, López Cansillieri retiró del Ministerio de Desarrollo Social grandes volúmenes de alimentos —más de 600 fardos entre puré de tomate, arroz, harina, yerba, azúcar y aceite, entre otros— mediante órdenes de entrega falsas o infladas, valiéndose de personas allegadas que simulaban dirigir organizaciones sociales. Luego, la mercadería era comercializada, lo cual está expresamente prohibido por ley.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Brenda Deroy explicó que las pericias a los teléfonos celulares de los implicados revelaron que López Cansillieri daba las órdenes, negociaba precios y dirigía cada paso del circuito ilegal. “Manejaba los cobros, contactaba a los revendedores, organizaba a los colaboradores y daba instrucciones precisas sobre cómo debía actuar cada uno”, detalló.
Incluso su propio padre, Alberto Felipe López, declaró que su hijo era el ideólogo del plan. “Organizaba a las personas que simulaban tener comedores y así aumentaban la cantidad de mercadería que podían retirar para después vender”, dijo en sede judicial.
Además de la condena principal, otros involucrados también acordaron salidas judiciales. El 15 de mayo, Alberto López y Arturo Alejandro Augier fueron condenados a tres años de prisión condicional, también mediante juicio abreviado. Malvina Soledad Décima y Brenda Muñoz, en tanto, accedieron a probation: deberán realizar trabajos comunitarios durante un año, pagar $ 100.000 cada una y cumplir reglas de conducta estrictas.
El único imputado cuya situación procesal todavía no fue resuelta es Mauricio Ángel Romo, señalado como partícipe secundario del esquema.
El caso López Cansillieri puso en evidencia una grave falla en los mecanismos de control de la asistencia social, al mostrar cómo una estructura del Estado fue utilizada para beneficio personal y comercialización ilegal de bienes públicos. “Se trata de un hecho de máxima gravedad institucional”, indicaron fuentes judiciales cercanas a la investigación.
El acuerdo judicial implica, además de la pena de prisión, el compromiso de pagar cuatro cuotas de $500.000 para reparar el daño causado al Estado. A cambio, el condenado admitió haber actuado ilegalmente en el retiro y venta de alimentos entre 2023 y 2024, mientras trabajaba en la Legislatura provincial.
Con casi todos los implicados ya condenados o en salidas alternativas, la Fiscalía espera resolver la situación procesal de Romo en los próximos días, lo que permitiría cerrar definitivamente uno de los escándalos de corrupción más resonantes del último año en Tucumán.
