Un llamado telefónico de Cristina Kirchner dejó al descubierto esta semana la fractura de la CGT. Le ordenó a su hijo Máximo que tienda puentes con Pablo Moyano y Mario Manrique para que los sindicalistas se pusieran al frente de la movilización callejera del miércoles próximo al Congreso para cuando se debata en el Senado la Ley Bases y la reforma fiscal. El camionero acató y aprovechó la ausencia del país de Héctor Daer y Gerardo Martínez, referentes cegetistas de los sectores más dialoguistas, y armó un acto propio en el mítico salón Felipe Vallese para convocar a la protesta contra el Gobierno. Lo hizo de manera unilateral, sin el aval de sus dos laderos del triunvirato de mando, y con aliados inesperados como Alejandro Gramajo, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y el trotskista Alejandro Crespo, del gremio del neumático.
La división entre combativos y dialoguistas quedó aún más en evidencia cuando Daer y Martínez, desde Suiza, donde participan de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se preocuparon en aclarar que la jugada de Moyano y el kichnerismo no contó con el respaldo unánime de la CGT. Una grieta que hasta ahora estaba oculta detrás del enfrentamiento con la gestión de Javier Milei, pero que amenaza con profundizarse y hasta con romper la organización interna de la central obrera. Hay dirigentes de diferentes tribus que afirman que el quiebre es inevitable.
En la CGT todos se oponen a Milei, pero surgen diferencias sobre cómo desafiarlo. “Es una maratón de cuatro años: hay que saber cuándo pelear y cuándo negociar y dialogar”, dice un dirigente con más de tres décadas en su gremio y el al que la idea de un conflicto permanente lo incomoda. Distinta es la postura de los aliados de Pablo Moyano, que empujan a gremios, piqueteros y a la izquierda trotskista hacia un choque a todo o nada contra el Gobierno con el objetivo de desgastarlo. Es la CGT de los dos rostros.
El acatamiento inmediato de Pablo Moyano al pedido del kirchnerismo para ponerse al hombro la movilización del miércoles próximo al Senado generó cortocircuitos en el clan familiar. Su alianza con Máximo Kirchner coincidió cuando su padre reflotó su sello político, el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), con la intención de plantear una renovación en el peronismo. El jefe camionero designó al frente del CET a su hijo Hugo Antonio, un abogado laboralista de bajo perfil que en el ajedrez del PJ pretende ubicarse en la vereda de enfrente de La Cámpora y encolumnarse detrás de Axel Kicillof. Al margen de este movimiento de piezas, Hugo Moyano, que en público evita cuestionar a la gestión de Milei, no está del todo de acuerdo en la maniobra de Pablo porque sabe que podría generar la ruptura definitiva de la central obrera. “Hay que tratar de construir consensos, más aún cuando hay una reforma laboral a punto de salir”, habría sugerido el viejo jefe sindical, quien está lejos de su retiro a pesar de sus 80 años. De todos modos, su energía está puesta en Camioneros y su obra social, que arrastra una deuda que alcanzaría los US$20 millones y donde encima apareció un conflicto en Tucumán por el presunto desvío de $300 millones.
De Buenos Aires a Ginebra
Con una tropa numerosa, como si la Argentina no estuviera sumida en una crisis económica y social, las tres centrales obreras enviaron representantes a Ginebra a la conferencia de la OIT. Son más de 30 dirigentes, aunque hubo épocas, como durante la gestión de Mauricio Macri, que eran muchos más, incluso, muchos de ellos invitados por el Estado. Este año, a modo de austeridad, el Gobierno solo se hizo cargo de los gastos mínimos: pagó el viaje y la estadía del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y del director de Asuntos Internacionales de Trabajo, Gerardo Corres, y se hará cargo de un cupo empresarial y otro sindical (sería para Noé Ruiz, del sindicato de modelos).
Se dio el jueves en la OIT una inédita confluencia de las comitivas de la CGT y de las dos vertientes de la CTA para denunciar a la gestión de Milei por sus prácticas “precarizadoras” y “antisindicales”. Un salón del edificio de las Naciones Unidas se convirtió por unas horas en un acto de barricada sindical, con cánticos y banderas contra el ajuste del libertario. “La patria no se vende”, fue la consigna que unió fugazmente a Daer y Martínez con los ceteístas Roberto Baradel, Hugo Godoy, Rodolfo Aguiar y Claudio Marín. Del improvisado acto también participó el exministro de Trabajo kirchnerista Carlos Tomada, quien habría asistido como asesor de la Unión Obrera Metalúrgica y del gremio telefónico después de su salida de la embajada en México.
Daer, después de su participación en Suiza, viajó a Madrid para un acto de campaña de Pedro Sánchez, con la Unión General de Trabajo de España. Sánchez giró en los últimos días su discurso en torno a Milei. Defendió la justicia social, uno de los mandamientos peronistas rebatido por Milei, y adoptó el “somos zurdos” como eslogan para la confrontación. Una leyenda que incomodó a Daer, uno de los líderes cegetistas que no comulga con el kirchnerismo y mucho menos con la izquierda sindical.
Después del acto partidario del jueves en un salón de OIT, Gerardo Martínez, el referente sindical argentino ante el organismo, expuso ayer en la conferencia con un discurso duro contra Milei, pero con un cierre conciliador, casi con una súplica a ser convocado a una mesa de diálogo y negociación.
“Es un Gobierno que vino a destruir derechos y a disciplinar la acción sindical, que vino a romper el Estado. Exigimos estabilizar la economía, que está en una profunda recesión. Los trabajadores somos los que sufrimos las consecuencias de las malas decisiones. Ninguna fuerza política podrá resolver los problemas estructurales en soledad, seguimos apostando a una agenda de diálogo, con igualdad de oportunidades e inclusiva”, planteó el jefe de la Uocra en su exposición. Si bien su crítica se mantiene activa, dejó abierta a una confluencia con el Gobierno. Martínez es uno de los sindicalistas que no está dispuesto a escalar hacia un esquema de protestas a repetición para desgastar a un gobierno que todavía no cumplió un semestre en el poder.
El miércoles será el turno de exponer en la OIT de Cordero. Es una incógnita cómo será su discurso. No es su estilo confrontar con los gremios y mucho menos en el ámbito internacional. Cordero es un viejo habitué de las calles de Ginebra y de los restaurantes que están a la vera del lago Lemán. Se trata de un interlocutor conocido para los sindicalistas. Con muchos de ellos, la relación roza la amistad. Hicieron migas en Suiza, él como representante de la Unión Industrial, enviado por el Grupo Techint. Siempre fomentó casi como primer mandamiento el diálogo tripartito, con el Estado como mediador. Totalmente a contramano del manual libertario.Esta vez, a diferencia de cuando iba como expositor de los empresarios, Cordero recortará su presencia como un gesto de austeridad. Estaría solo dos días cuando los dirigentes gremiales argentinos, en cambio, llegaron a Europa el fin de semana pasado y se quedarán hasta después del viernes próximo, cuando finalice la conferencia.
Cordero intentó convencer a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que absorbió la Secretaría de Trabajo, de la necesidad de que el Presidente se reúna con las cámaras empresarias y los sindicatos. No recibió un no, pero tampoco un sí. Esa gestión de conocer las problemáticas sectoriales recayó en Eduardo Serenellini, secretario de Prensa de Presidencia. “Junto información y se la llevo al Presidente”, dijo Serenellini a LA NACION sobre su rol. Una definición que tal vez exhiba a Milei lejos del termómetro social, como cuando rechazó que haya más gente en situación de calle o cuando afirmó tajante que los salarios le están ganando a la inflación. Los indicadores son irrefutables y contradicen al Presidente.
Cordero, además, quedó envuelto en la polémica por las salidas en Capital Humano. En el piso 15 de Alem 650, donde está la Secretaría de Trabajo, un funcionario de Niñez y Familia habría sido presionado para firmar una denuncia contra Pablo de la Torre, el secretario del área echado y denunciado por el Gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de personal a través de un organismo internacional. El supuesto apriete a Federico Fernández, un subordinado de De la Torre, se habría dado en el despacho de la subsecretaria de Empleo, Eugenia Cortona. Cordero negó el episodio al ser consultado por LA NACION, pero su nombre figura en la presentación que hizo ante la Justicia Leila Gianni, la asesora legal de Pettovello. Incógnitas de un escándalo que aún está lejos de resolverse y que causó un terremoto en el superministerio de la funcionaria favorita de Milei.
