La sociedad argentina vive momentos dramáticos. Un preocupante “mal clima” social y político por un cúmulo de razones entre las que se pueden sumariar en primer lugar la gravísima situación económica, acelerada en un espiral negativo a causa de la pandemia y las consecuentes restricciones al funcionamiento normal del país. Luego, decenas de miles de personas han perdido su trabajo o su negocio, o están en vías de bajar las persianas. El contexto de “encierro social” de una cuarentena que resulta eterna agravó la “crisis de ánimo”.
A la vez, el avance del coronavirus que otorga cada día mayores cifras de contagios y pronósticos de alarma por falta de camas y profesionales de terapias intensivas, no hace más que agregar miedo, angustia, o agitar la grieta.
Hay que agregar a este cóctel explosivo las consecuencias negativas del claustro social que ha sido impuesto en todo el país con la imposibilidad de ver a familiares y amigos, y el verdadero drama educativo: una gran cantidad de maestros, chicos y familias no cuentan con conectividad suficiente ni recursos tecnológicos y conocimientos para llevar adelante su año escolar.
En este escenario, buena parte de la clase política argentina, especialmente el oficialismo peronista-kirchnerista y el PRO, líder hasta hace poco de la principal oposición, están bailando en el Titanic, con todos nosotros encerrados en la bodega y sin botes a la vista.
Argentina está sufriendo mucho. La aprobación en esta madrugada de una reforma judicial dudosa y direccionada, al servicio de un sector partidario, es prueba de ello. Los políticos están discutiendo los temas que son importantes para un grupo de personas, de su propia clase, afectados por denuncias de corrupción. Algunos ex dirigentes y amigos presidenciales miran el drama desde sus mansiones en el exterior o en exclusivos barrios cerrados de la Argentina.
Han tenido tiempo, energía y capacidad intelectual para pergeñar una reforma de la justicia federal. Pero en ese período no se les ocurrió elaborar un protocolo para que los enfermos graves de coronavirus tuviesen cuidados paliativos y una muerte digna. Algo anda decididamente muy mal en la cabeza de muchos de nuestros dirigentes.
La presión es tal, que el país entero parece estar en un cepo en el que nada se puede hacer, al punto que una funcionaria en el área de Salud -Carla Vizzotti- anunció ayer a los argentinos que en los lugares públicos no se debía reír, cantar, ni hablar en voz alta. Por suerte luego aclaró que al aire libre, sí se puede. Pareció más seria, hay que decirlo, cuando presentó las cifras de la pandemia con contagios, recuperados y fallecidos acompañada de la payasa Filomena.
El “mal clima” parecido al “Que de vayan todos” de 2001 es evidente, y peligroso. El argentino común es muy sensible a los despistes de la política y a los vaivenes de la economía. Sólo intervenciones de dudosa legalidad y la furiosa recesión logran frenar precios y tarifas, ante una emisión monetaria veloz que va bajando el valor del dinero. El “ambiente” es de crispación total, por todo.
Por estos días son cada vez más los que salen a manifestarse por alguna razón, sin ningún temor al contagio, del mismo modo que proliferan las reuniones clandestinas de todo tipo. Algunas personas suben sus “travesuras” a las redes sociales, y resultan la contracara de mensajes dolidos o “ceremonias” de despedida plenas de dolor y llanto, de médicos o enfermeros que se mueren de coronavirus. Esto pasó en Mendoza con la enfermera jefa Viviana Laura (37), en la clínica Santa Clara de Godoy Cruz.
Gran parte de la clase política está pasando un papelón a los ojos de los ciudadanos. Con asombrosa naturalidad, el poder real del kirchnerismo -es decir, Cristina Fernández de Kirchner, procesada en una docena de juicios- colocó a su propio abogado Carlos Beraldi en la comisión que va a “aconsejar” al presidente Alberto Fernández qué formato deberá tener la próxima Corte Suprema de Justicia de la Nación donde llegarán los juicios contra la ex presidenta.
Desde que empezó la pandemia el peronismo en el gobierno ha decidido llevar adelante la agenda del Instituto Patria: expropiaciones, ataques a empresas y empresarios vía alianzas con gremios como Camioneros, la reforma judicial con una cláusula contra medios y periodistas, el DNU para intervenir las telecomunicaciones, forman parte de una gama de asuntos de importancia nula para la economía real de la Argentina en este momento.
Ello ha hecho incurrir al presidente Alberto Fernández en tantas contradicciones con su ideario y pasado muy reciente, que ha ido perdiendo autoridad. Todos los días debe enfrentar desmentidas y desconsideraciones. Hasta la vicepresidenta Cristina dijo en un comunicado que el proyecto de reforma judicial no era el que verdaderamente quería. La sensación hoy es que Alberto Fernández gobierna como puede, siempre que la presidenta del Senado se lo permita.
La oposición no luce mucho mejor. El ex presidente Mauricio Macri, que dejó un desastre tras sus espaldas en la economía nacional, con el país en default, maxi devaluaciones e inflación galopante, da indicaciones políticas desde Francia mientras pasea luciendo su gran vida, como dirigente de una fundación de la FIFA. Tiene derecho a vivir como le plazca, pero es tal la frivolidad y la superficialidad que muestra tras el tsunami que dejó, que muchos de los propios dirigentes del espacio Juntos Por el Cambio prefieren que no regrese. El aprovechamiento político que hacen dirigentes del PRO de la situación económica luego de haber dejado un tendal de pobres, debería ser motivo de vergüenza.
Días atrás, el lunes, el ex presidente Eduardo Duhalde sorprendió con una declaración muy extraña respecto de un posible golpe en la Argentina, y que no habría elecciones el año que viene. Las afirmaciones cayeron como una bomba, aunque muchos le encontraron muy rápido un sentido utilitario. Buena parte del kirchnerismo mediático salió a inundar las redes del hashtag #NuncaMas y a denunciar a los “odiadores” capaces de dar un golpe. Como todo el mundo sabe, la situación de las Fuerzas Armadas del país no tiene nada que ver con lo que ocurría en los setenta mal que les pese a los nostálgicos de la violencia.
Hoy el disparate político es tal, que un Presidente de la Nación de un país presuntamente federal como Argentina, podría decidir por un decreto, volver a la cuarentena estricta a millones de personas sin importar la autoridad legítima de un gobernador, mientras al mismo tiempos los legisladores debaten horas una reforma judicial con nombre y apellido. Ni Jair Bolsonaro ni Donald Trump poseen tanto poder, por nombrar a vecinos cercanos con verdadera organización federal.
La indignación está a flor de piel. Por la gente que se muere, por la frivolidad de la política, por la deshumanización de la pandemia al punto de dejar morir a las personas en soledad, por la fragmentación de un país que se llenó de “aduanas” y de fronteras internas según le parezca a cada gobernador, por los precios, por el encierro, por la pérdida de ingresos, o de trabajo, o de un negocio, o de un medio de vida. Y porque la mayoría de la población advierte una administración errática de la cuestión sanitaria frente a la pandemia. Ahora, después de 380.000 casos y 8.000 muertos “descubren” que los enfermos de coronavirus merecen cuidados que alivien el sufrimiento final y una muerte digna. Y después de cinco meses de cuarentena descubrimos que pueden faltar camas de terapia intensiva y profesionales de emergentología que las atiendan. Entonces, deciden hacer cursos por Zoom para capacitar médicos y enfermeros. Una formación que llevaría años.
Tras cinco meses de pandemia, hay un nuevo gobierno bifronte con tensiones evidentes y una agenda urgente de la vicepresidenta Cristina Fernández y que nada tiene que ver con la necesidad de generar trabajo, confianza en el país, o inversiones. Sólo el acuerdo con los bonistas por la deuda argentina ha sido una señal de “normalidad”, por suerte. Todo ello mientras la pandemia aprieta y genera más y más contagios, con la oposición dando cátedra y pontificando sobre cómo hacer una economía que ellos no pudieron resolver.
Se siente en la calle, en los comercios, en las redes sociales, en las reuniones clandestinas. La “gente común” no da más de agobio. Hay un clima muy espeso, similar a 2001, o peor. Son presagios de un estallido que va a ocurrir, si la clase política no se pone cada uno en su lugar, ordenando las prioridades en función de las necesidades de la población. Y no de la impunidad, la venganza, o la especulación política de cuarta.
