Según el oficialismo, era necesario mejorar las herramientas para optimizar el servicio de justicia en el fuero penal. Según la oposición, el objetivo de la reforma legislativa era otorgarles “superpoderes” al ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, y a su par de la Defensa, Washington Navarro Dávila, para que puedan neutralizar eventuales casos por posible corrupción estatal.
A esas dos posturas se redujo ayer la discusión por el proyecto de modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial (6.238) en los párrafos referidos a la designación de los fiscales regionales y de los defensores regionales. El bloque que responde al gobierno, con el apoyo de un sector del radicalismo, otorgó a los ministros públicos la facultad de nombrar y de remover a esos funcionarios judiciales, que tendrán un rol clave en el diseño de la política criminal.
Una vez implementada la norma, Jiménez y Navarro Dávila deberán escoger un nombre de entre la planta de fiscales y de defensores oficiales en lo penal, respectivamente; el magistrado elegido tendrá que presentar un plan de trabajo y de prioridades de persecución penal en el distrito a su cargo; y de no surgir inconvenientes, pasará a ejercer la cubrir una oficina regional durante un año, con posibilidad de reelección.
Con impacto en el proceso
Todo esto será posible una vez que el gobernador Juan Manzur disponga la promulgación de la ley, que impactará en la instrumentación paulatina del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán.
El peronista Marcelo Caponio, autor del proyecto aprobado, argumentó que era “necesaria la creación de esta figura”. “El ministro Fiscal y el ministro de la Defensa los seleccionarán entre magistrados que ya pasaron por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM)”, agregó. Y detalló que, además de tener una duración preestablecida, como en sucede en otras jurisdicciones con modelos similares, los jefes de ambos órganos judiciales podrán removerlos si no consiguen los resultados esperados.
El radical José Canelada protestó porque supuestamente un proyecto de su autoría había sido analizado junto al de Caponio. “Pero no se tomó ni una coma de mi propuesta”, renegó. Aseveró que su iniciativa apuntaba a la publicidad en la gestión del Ministerio Fiscal y de su par de la Defensa. “Este dictamen, sobre mecanismos de transparencia, no tiene nada”, dijo. Advirtió que los fiscales regionales “serán quienes lleven adelante las investigaciones de quienes tienen fuero”. Y reclamó que los nombramientos para estos cargos sean por concurso. “Este es otro ‘superpoder’”, expresó.
Raúl Albarracín, también de la UCR, cuestionó la metodología de designación. “¿Por qué seguir contribuyendo al desequilibrio institucional?”, preguntó. Y sostuvo que en una sentencia reciente, el camarista de Apelaciones Enrique Pedicone exhortó a Jiménez “a publicar sus resoluciones”. “Desde el propio poder que integra, el ministro Fiscal recibe reproches”, dijo.
El radical Eudoro Aráoz, ex titular del Colegio de Abogados, se sumó a las críticas por los “superpoderes”. “¿Por qué no se concursan esos cargos?”, expresó. Señaló que la creación de un nuevo mecanismo de designación carecía de “fundamentos técnicos”. “Esta pretensión es grosera, torpe y absolutamente inconstitucional. Viola el principio de progresividad”, dijo.
“Una carrera política”
Alfredo Toscano, que responde al intendente Germán Alfaro, remarcó que “el ministro fiscal tiene toda una carrera política”, y consignó que “tiene hasta a sus hijos involucrados en causas escandalosas”. “Le estamos dando demasiado poder a una persona que es un político puesto a repartir justicia”, graficó el dirigente capitalino.
El oficialista Roque Cativa, presidente de la comisión de Legislación General, respaldó el dictamen de mayoría. “Los argumentos (de la oposición) son personalizados, politizados, cargados de subjetividad”, indicó. Y llamó a sus pares a “ser respetuosos”.
El radical Ariel García cerró la lista de oradores. Señaló que los fiscales y defensores regionales podrán ser removidos por juicio político. Y, sin dar nombres, rechazó los dichos de algunos pares contra Jiménez. “Este tipo de descalificaciones llama la atención”, dijo. E instó a los detractores del ministerio público a hacer las “denuncias” respectivas, ya que “van con la firma de quien las hace”.
El oficialismo se impuso por amplia mayoría. Hubo sólo nueve votos en contra: Raúl Albarracín, Aráoz, Luis Brodersen, Canelada, Alberto Colombres Garmendia, Adela Estofán, Luis González, Toscano y Claudio Viña.
