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El ministro Martín Soria se reunió con la Corte Suprema y la acusó de especular con sus causas

En su primera visita al máximo tribunal, acusó a sus jueces de “retrasar fallos de enorme trascendencia” mientras resuelven “en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial”; denunció vínculos de la Justicia con el macrismo

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El ministro de Justicia, Martín Soria, se reunió hoy por primera vez con los jueces de la Corte Suprema y a la salida de la reunión hizo públicas sus críticas al Poder Judicial y a la propia Corte. “Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”, publicó en Twitter.

Soria criticó sin eufemismos a los jueces del máximo tribunal. De acuerdo con la versión de la reunión que difundió el Gobierno, el ministro afirmó: “No podemos permanecer callados ante lo sucedido. La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70% de los casos sin dar fundamentos”.

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El ministro de Justicia fue incluso más allá y sostuvo: “El Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la Justicia pero, si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación”.

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Cristina Kirchner impulsó durante su gobierno un paquete de leyes de “democratización de la Justicia” que, en su mayoría, fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales. Ahora, la Corte tiene a estudio otra reforma impulsada por la vicepresidenta en 2006, cuando era senadora. El máximo tribunal prepara un fallo para declarar inconstitucional aquella modificación legal, que estableció la composición actual del Consejo de la Magistratura. A sabiendas de esto, el Gobierno envió ayer al Congreso un nuevo proyecto de ley.

El ministro de Justicia, Martín Soria, llegando al Palacio de Tribunales
El ministro de Justicia, Martín Soria, llegando al Palacio de TribunalesEnrique García Medina

La reunión se realizó en el Palacio de los Tribunales y duró una media hora. Recibieron a Soria los cuatro jueces del alto tribunal: Horacio Rosatti, el presidente, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En marzo, cuando reemplazó a Marcela Losardo, Soria informó que iba a pedirle una “audiencia oficial” a la Corte Suprema para saber qué opinaban sus integrantes “sobre cuestiones centrales de la vida institucional del país”; entre ellas, los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público que había presentado el Gobierno. Hoy, el oficialismo ya no tiene esperanzas de que esas iniciativas puedan convertirse en ley.

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En el Ministerio de Justicia informaron que Soria entregó a los jueces de la Corte “un pedido de informes presentado por organismos de las Naciones Unidas”. Ese pedido -según Soria- “señala la profunda preocupación por la ostensible demora en que viene incurriendo la Corte Suprema en resolver las causas de lesa humanidad y recuerda que esas demoras contravienen las obligaciones internacionales del Estado argentino y debilitan el estado de derecho”.

Soria no se privó de criticar también la relación del Poder Judicial con los medios de comunicación. Después de la reunión -dijeron voceros del ministerio- “criticó duramente la llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores”.

También hizo referencia a la vinculación del macrismo con los jueces. “Soria recordó que durante el gobierno de Macri se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello, con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes políticos sin precedentes”.

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