La presencia de iraníes a bordo de un avión de carga venezolano que hoy está literalmente retenido en Ezeiza empieza a derivar en un escándalo político. La oposición no solo presentó una denuncia penal para que la Justicia defina lo ocurrido en ese vuelo de la empresa Emtrasur, sino que se alista para que el Congreso sea una caja de resonancia de este tema. Legisladores de Juntos por el Cambio preparan una batería de pedidos que ingresarán desde mañana en la Cámara de Diputados. Exigirán una reunión de urgencia de la bicameral de inteligencia y solicitarán información al Ministerio de Seguridad, Migraciones y la AFI.
Y hay un punto que diputados de la oposición quieren aclarar, fundamentalmente: tienen la sospecha que había al menos 10 pasajeros más que los 14 venezolanos y cinco iraníes identificados en ese Boeing 747 que aterrizó el martes en Ezeiza, luego de una escala efectuada un día antes en Córdoba por la niebla que afectó las operaciones en el área metropolitana de Buenos Aires.
Mientras, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena está trabajando activamente durante el fin de semana. Por estas horas se apresta a resolver el pedido de hábeas corpus en favor de los tripulantes, presentado por Rafael Resnick Brenner, quien también reclamó que se permita el reabastecimiento de combustible del B747 para que la aeronave pueda reanudar vuelo. Por ahora, nadie quiere ponerle JP1 al gigante: Estados Unidos impone sanciones a toda aquella empresa con sede o filiales en su territorio que comercie o facilite operaciones de empresas o países que estén en su “lista negra”. Emtrasur (operadora de cargas de la aerolínea venezolana Conviasa) y la fuerza Quds – del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)–, están en esa lista. Y Shell e YPF, petroleras con capacidad para proveer combustible aeronáutico, tienen oficinas en Norteamérica.
“La situación de los ‘tripulantes’ y el avión venezolano/iraní es gravísima porque, primero, se da en un contexto internacional en el que el Presidente termina siendo defensor de los países que no respetan los derechos humanos, como Venezuela y Cuba, ante la Cumbre de las Américas, en el mismo momento en que Nicolás Maduro está en Teherán firmando un convenio de intercambio de 20 años con el régimen de Irán y desde donde felicita al presidente argentino”, dijo el diputado nacional Gerardo Milman, que el miércoles pasado había presentado un pedido de informes sobre la situación del avión de Emtrasur.
Y agregó: “No ha actuado ni la PSA, ni Migraciones, ni la ANAC, ni la AFI de manera efectiva respecto de un avión que pertenece a dos empresas que son observadas por varios países del primer mundo como parte de operaciones terroristas. En esa aeronave había 14 venezolanos y cinco iraníes, un número no compatible con un avión de carga. Y lo más ridículo es que digan que traía autopartes para una filial de una gran automotriz argentina, ya que ninguna multinacional se va a someter a tener negocios con esas empresas, porque la sanción de los Estados Unidos es que no podrán vender un rulemán en ese país. El Estado argentino mira para otra parte, porque no hay ninguna denuncia. Con el diputado nacional Ricardo López Murphy hemos hecho una presentación en el juzgado federal de Lomas de Zamora”.
Al respecto, la automotriz deslindó todo tipo de responsabilidades. “Volkswagen Argentina S.A. manifiesta expresamente que no tiene relación alguna con la situación del avión Boeing 747-300 de transporte de cargas de origen venezolano. Volkswagen Argentina S.A compra a Faurecia S.A./SAS Automotriz S.A. las piezas de los asientos y panel de instrumentos para el modelo Taos de producción nacional suministrados por SAS. La relación entre el forwarder y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que Volkswagen Argentina S.A. desconoce y no tiene relación alguna con los hechos sucedidos. Volkswagen Argentina S.A. cumple todas las normas internacionales y de ética y Compliance con relación a la contratación de sus proveedores”, informó la compañía.
Una matrícula lábil
En febrero de 2020, el Departamento del Tesoro norteamericano había anunciado sanciones al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) y definió que toda empresa norteamericana y extranjera con intereses comerciales en los Estados Unidos debía bloquear las operaciones de esa compañía. Expuso las matrículas de las aeronaves bajo observación. Entre ellas no figura el Boeing varado en Ezeiza. Es que ese aparato fue adquirido por Emtrasur, subsidiaria de Conviasa en enero de este año. Sospechan aquí que se usó esa maniobra para eludir la medida de Washington.
El problema ahora es que el avión que opera desde enero pasado para Emtrasur fue usado durante los últimos 15 años por la compañia iraní Mahan Air, con las matrículas EK-74713 y EP-MND. Y esa compañía es sancionada por los Estados Unidos, que considera que es un brazo logístico de la fuerza Quds. Y las penalizaciones alcanzan a quienes abastecen a esa línea aérea. Esa aeronave, matrícula YV3531, tendría vedado ahora el uso de los espacios aéreos de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. El miércoles despegó de Ezeiza a las 17.44 y regresó a las 18.29 después que Montevideo le negase acceso a combustible. Aquí nadie quiere reaprovisionar a esa aeronave, situación que derivó en una presentación judicial efectuada por los tripulantes venezolanos e iraníes ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.
La noticia cruzó los mares y llegó al Oriente Medio. Según publicó en la agencia turca Anadolu, Mahan Air publicó un comunicado oficial en el que afirmó que “el avión incautado en la Argentina es propiedad de Venezuela y no tiene nada que ver con la aerolínea iraní”. Precisaron que “la propiedad del avión había sido transferida a una empresa venezolana durante un año y no estaba arrendada”.
Más allá de la presentación de diputados de la oposición en pedido de aclarar el tema, la DAIA y la AMIA también esperan explicaciones sobre la situación. Especialmente por la referencia que organismos de inteligencia hacen sobre los iraníes: serían miembros de la fuerza Quds, facción de la Guardia Republicana que los Estados Unidos consideran como grupo terrorista. Incluso se especula con que uno de los iraníes sería un oficial senior de la fuerza Quds, con antecedentes de tráfico de armas. Las fuentes consultadas por LA NACION señalan, en ese sentido, al piloto del B747, Gholamreza Ghasemi.
“La retención en nuestro país de un avión operado por la empresa venezolana Emtrasur, y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales. AMIA y DAIA, organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, exigen una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país”, se consignó en un comunicado.
La fuerza Quds no es una organización desconocida aquí. Pese a que la Argentina no la considera fuerza terrorista, ya que en ese tema acepta solo la calificación rubricada por la ONU, algunos de sus representantes están señalados por el atentado contra la sede de la AMIA. Ahmad Vahidi, uno de los generales iraníes por los que la Argentina pide la captura internacional por aquel caso, era el jefe de la fuerza Quds en julio de 1994, en el momento de la explosión en la mutual de la comunidad judía en Buenos Aires.
Los legisladores de la oposición también quieren que se investiguen otros vuelos de ese avión en la región. Especialmente apuntan a un aterrizaje en Ciudad del Este realizado el 22 de mayo. En el manifiesto de vuelo de ese momento aparecería un iraní con apellido Vahidi. No sería el hoy ministro iraní, que figura con pedido de captura de Interpol, pero los diputados de Juntos por el Cambio esperan saber si ese avión tiene algún misterio aún no revelado.
