La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso la cesantía de la actual concejala alfarista Ana González (PJS) como agente municipal, luego del sumario que se llevó adelante por distintas anomalías administrativas -entre ellas, el extravío de una camioneta- durante su paso por la Dirección de Deportes y Recreación de la Capital.
La resolución 3371/SC fue firmada por la secretaria general de la Municipalidad Camila Giuliano, por el fiscal municipal Conrado Mosqueira y por la secretaria de Cultura Soledad Valenzuela, todos integrantes del gabinete de la intendenta Rossana Chahla (PJ).
Además de establecer la máxima sanción prevista por el Estatuto para el Personal Municipal, en la sede de 9 de Julio y Lavalle requirieron que la Contaduría General realice un informe sobre el daño patrimonial sufrido por el erario capitalino producto de la “desaparición del vehículo Chevrolet BVT-224, a los fines de su recupero”.
En la Justicia
González, tanto durante el proceso como en distintas consultas, afirmó que este trámite fue producto de su rol como opositora en el Concejo Deliberante y, puntualmente, por haber votado de forma negativa el proyecto del Presupuesto municipal. En esa línea, la dirigente anticipó su decisión de recurrir a los tribunales. “Cuando esta concejal habla, habla por los vecinos; es decir, se pretende callar la voz de la ciudadanía. Buscaremos en la Justicia la libertad que se pretende coartar en la Municipalidad”, dijo la concejal.
González se desempeñó como directora de Deportes entre 2016 y 2023, cuando obtuvo una banca en el Concejo Deliberante por el alfarismo. Con la resolución emitida este martes, “La Profe” pierde su cargo como agente de la planta municipal.
En el instrumento, se destacó que, a lo largo de la instrucción, González había efectuado distintas presentaciones. “No ha podido dar una explicación fundada de los motivos de su incumplimiento a la obligación de presentar los inventarios 2019, 2020 y 2021 en tiempo y forma, ni tampoco de las inconsistencias del inventario 2022, ni del destino de los bienes muebles registrables (concretamente, la camioneta Chevrolet), que afirma habrían sido retirados de la repartición por pedido suyo, sin aportar prueba alguna que acredite sus dichos, las que son concretamente las imputaciones efectuadas en la formulación de cargos”, se indicó en el expediente, al que se pudo acceder. Se aclaró también que “a la fecha se desconoce” el lugar de destino que tuvo el vehículo extraviado.
Las autoridades que firmaron la resolución refutaron el conjunto de presentaciones que había formalizado la concejal durante este tiempo. “Estamos en presencia de una serie de escritos de farragosa lectura y que carecen de fundamento legal, a la vez de manifestar un desconocimiento del procedimiento sumarial y de la normativa municipal que rige la materia”, señalaron. Y rechazaron que correspondiera en este proceso el desafuero de González como miembro del cuerpo vecinal. “Carece de cualquier fundamento jurídico e institucional”, enfatizaron.
Desestimaron a su vez que este proceso tuviera motivaciones políticas. “Las reiteradas observaciones que se le efectúan (a González) desde el órgano de control dependiente de Contaduría General (…) se efectúan, todas, durante 2023, y hasta la finalización del mandato del entonces Departamento Ejecutivo, del que ella misma formaba parte. En otras palabras, las inconsistencias señaladas por el departamento Patrimonial fueron con anterioridad a la asunción de las actuales autoridades”, señalaron.
La concejal del PJS negó los cargos formulados, y aseguró que constituyen un intento de la intendenta de “silenciar mis reclamos sobre su oscura administración de recursos públicos y falta de transparencia”.
“El 4 de abril voté en contra de la ordenanza de Presupuesto. Fue mi primer voto negativo desde el inicio de la gestión, el año pasado. Y el 5 de abril se me notificó que debía presentarme a declarar en un sumario administrativo, al día hábil siguiente”, aseveró la edil alfarista. Y sostuvo que se avanzó con el proceso “sin siquiera encuadrar mi accionar en alguna falta disciplinaria”. “Esta semana (por la anterior) nos enteramos de que el director de Espacios Verdes sería investigado por vínculos con el narcotráfico y también habría sido denunciado por abuso sexual. Cuando solicité informes sobre esta situación, como presidente de la Comisión de la Mujer del Concejo Deliberante, el empleado de Chahla recomendó mi cesantía, intentando tapar el sol con las manos”, dijo González.
