La Universidad Nacional de Tucumán lleva 15 años atrapada en el atolladero que generó el acta del 2 de enero de 2008, firmada por el ex rector Juan Alberto Cerisola con el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Con ese documento el rector podía tener libre disponibilidad de los recursos que iban a ingresar a la UNT por utilidades de la explotación de Minera Alumbrera, que tenía la concesión otorgada por YMAD en el área de Farallón Negro, en Catamarca.
La UNT es socia en YMAD, junto a Catamarca y a la Nación, porque el descubridor de Farallón negro, Abel Peirano, le dejó a la UNT los derechos. De allí pudo el ex rector Horacio Descole, en los años 40, imaginar el sueño de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, y comenzó a plasmarlo en el primer gobierno de Perón, cuando se construyeron los edificios que han quedado como símbolo de una universidad pujante, seguidora del ideal de Juan B. Terán, capaz de concretar utopías. Pero ya antes de los años 50 comenzaron a escasear los fondos de la Nación (que ya había hecho realidad parte del sueño con la expropiación de los terrenos para el futuro parque Sierra de San Javier) y allí surgió la convicción de que con las utilidades mineras se podría concretar la utopía. En octubre de 1958, con la Ley de creación de YMAD, se estableció que el 40% de las utilidades le corresponderían a la UNT y que debían estar destinadas a la construcción de la Ciudad Universitaria. Una vez concluida, la mitad de ese 40% debería repartirse en las otras universidades del país y el resto sería de libre disponibilidad para la UNT.
Flujo dorado y juicio oral
Eso fue lo que cambió el acta de Cerisola de 2008. Como desde 2006 habían comenzado a llegar utilidades en grandes cantidades -el oro de la minería fluyó en grandes cantidades hasta 2014 aproximadamente- el entonces rector hizo hacer un plan de obras a partir de un listado del área de mantenimiento de la UNT, se lo presentó al Consejo Superior para que lo aprobara –no para que lo debatiera- y lo ejecutó.
De allí sobrevino después la catástrofe de la UNT minera. Cerisola y tres de sus subalternos fueron denunciados y enviados a juicio por presunta administración fraudulenta y por presuntos sobreprecios en 22 obras hechas entre 2006 y 2009 por un monto gigantesco de $ 353 millones (85,5 millones de dólares de entonces). Ese juicio no termina de concretarse. Se espera que se haga en octubre. Las defensas de los cuatro acusados han cuestionado, entre otras cosas, las pericias llevadas a cabo por el fiscal federal Carlos Brito con personal de Gendarmería y muchas debieron ser revisadas por peritos de la Corte Suprema de la Nación.
La última revisión de pericias debe ser presentada el 12 de junio y entonces se podría establecer fecha para el proceso oral. También se debió pedir nuevamente informes a la UNT y a la AFIP y análisis de patrimonios por parte de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal federal. En eso, se cuenta, trabajó Judith König, funcionaria de bajo perfil que cumplió un rol central en los casos más complejos de las últimas décadas, entre ellas el del juicio a las juntas militares que se relata en la película 1985. König falleció hace un año. Pero ayudó en este caso.
Un segundo juicio debe venir después contra una veintena de empresarios que hicieron las obras, que están acusados y embargados por presuntos sobreprecios.
Un olvido de 64 años
El acta de 2008 –en la que intervinieron el ex rector Cerisola, los representantes de la Nación y de Catamarca y los dos representantes de la UNT, que eran los ex rectores Mario Marigliano y Rodolfo Campero- no sólo dio lugar a lo que parecía la legitimación del cambio de destino de las utilidades sino a una confusión que ahora, 64 años después de la sanción de la Ley 14.771, se advierte: el artículo 18 de la norma establece que el 40% de las utilidades será destinado para la “terminación de la ciudad universitaria”, “conforme a los planos ya aprobados”.
Como ahora ha trascendido que se encontraron planos referidos a la Ciudad Universitaria, saltaron todas las alarmas, porque no sólo Cerisola desconoció la obligación de la Ley 14.771, sino los rectores que le siguieron, que ya dieron por sentado que, como los tiempos han cambiado, nada se podrá hacer ya en San Javier. El mismo actual rector, Sergio Pagani, le dijo a LA GACETA poco tiempo después de asumir que eso no estaba contemplado. Las alarmas ahora hacen pensar en lo que tendría que haber sido y no fue y si se puede -si se debe- reencauzar ese objetivo.
Los planos perdidos
La cuestión es que no se sabe de dónde surgió esa expresión “planos aprobados” en la Ley 14.771, porque en ese año, 1958, estaban paradas las obras iniciadas en el tiempo de Descole. Ya estaba sólo ese gran elefante blanco que es el edificio descalzado en lo alto del cerro. Pero en una publicación de 1950 de la revista “Nuestra Arquitectura” se describe el proyecto, donde se incluyen cinco edificios, el funicular, las viviendas, los quonset, un campo de deportes, todo lo cual ya figura, con ilustraciones, en Wikipedia.
Pero nadie dice, por ahora, si en algún lado están los planos aprobados. La lógica dice que ese gran equipo que formaron los arquitectos Eduardo Sacriste, Horacio Caminos y Jorge Vivanco debió confeccionar esos planos. Pero también es cierto que ese equipo se desarmó a poco de comenzadas las tareas, con el desfinanciamiento del proyecto. Lo que el área de Planos encontró ahora en 12 cajas de aire acondicionado que estaban arrumbadas, son centenares de planos y croquis. Según el director del área, Sergio Mohamed, ya revisaron unos 600 y cree que son 1.000. Una vez que se entregue su informe se conformará una comisión para estudiar esos papeles, dijo el secretario general de la UNT, José Hugo Saab.
¿Qué se hizo con todas las regalías?
¿Se cortará el nudo gordiano? Si aparecieran esos planos, ¿cuánto cambiarían las cosas? En principio, ayudaría a dar por nula el acta de 2008, que todavía sigue vigente y que la UNT, por mandato del Consejo Superior de 2018, intenta cancelar con YMAD ante la Justicia de Catamarca. Hay una larga negociación que acaba de extenderse por un año y en breve, se dice, se presentará el proyecto de acuerdo con Catamarca ante el Consejo Superior. Eso permitiría que vuelva a estar vigente el 40%.
¿Incidiría para dimensionar la magnitud del presunto fraude por el que se acusa a Cerisola y sus acólitos? Como sea, de esto se desprende que cualquier dinero que venga de regalías mineras de YMAD debe estar destinado a la Ciudad Universitaria. Lo último que se recibió fueron $ 109 millones, en octubre de 2021, cuando ya terminaba la administración del ex rector José García. Ese dinero fue depositado a la espera de destino, según se sabe. Y viene la pregunta: ¿se guardaron correctamente, siguiendo el mandato primigenio, todos los dineros que vinieron de la minería?
