La decisión del Gobierno de obligar a organismos públicos como la Anses a desprenderse de bonos en dólares y canjearlos por títulos en pesos constituye un nuevo manotazo que tendrá severas consecuencias sobre el financiamiento del sistema previsional, además de estar viciado de ilegalidad. Representa también una mancha más sobre la credibilidad de un presidente que había prometido que iba a privilegiar a los jubilados sobre los bancos.
Y que iba a desendeudar al Estado de Leliq para dejar de pagar intereses y así elevar los haberes jubilatorios. El resultado está hoy a la vista: el stock de Leliq se ha multiplicado hasta unos 12 billones de pesos y más que duplica el tamaño de la base monetaria, al tiempo que las jubilaciones han seguido perdiendo poder adquisitivo ante la inflación. La solvencia y el riesgo de un país dependen de su capacidad para generar ingresos que cubran gastos.
Cuando un país con déficit crónico llega al límite de presión impositiva y agota todas sus fuentes de financiamiento tanto en moneda extranjera como en pesos, la operación que ha planteado Sergio Massa de manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es irracional y temeraria. El Gobierno ha recurrido a decretos de necesidad y urgencia que reconocen la falta de recursos genuinos para pagar los próximos vencimientos de deuda.
Y se propone llevar a cabo operaciones financieras para malvender deuda en dólares, a tasas superiores al 30%, obtener pesos y postergar temporariamente la inevitable devaluación del peso en una economía en recesión, y con una inflación de más del 100% anual. Para lograr esto, el Gobierno requiere que todos los organismos del Estado –pero en particular el FGS– que posean bonos soberanos en dólares los canjeen por bonos en pesos.
Luego, el Gobierno procederá a vender esos bonos en dólares en el mercado local a cambio de pesos y emitir nuevos títulos para financiar su gasto y hacer frente a vencimientos de deuda. A los compradores de esos bonos en dólares, se los incentiva con la libertad de vender esos títulos en el exterior, o sea que podrán dolarizar sus pesos sin perder derechos de operación en el mercado oficial para el pago de importaciones.
Sin embargo, un análisis básico indica que no existen argumentos racionales para que el FGS y los demás organismos estatales participen en esta maniobra. La exención de responsabilidad para funcionarios que los decretos del Poder Ejecutivo proveen en caso de que el canje no sea beneficioso para dichos organismos es una clara señal de que se trata de una estrategia tan arriesgada como abusiva.
Tampoco hay argumentos para apoyar los decretos de un gobierno que se propone malvender el stock de bonos en dólares que respaldan las jubilaciones de los argentinos para financiar el déficit crónico del Estado. Asimismo, la constitucionalidad de los decretos será puesta a prueba ya que vulnera derechos de leyes anteriores que intentaron darle mayor solvencia al sistema previsional en general, y la reparación histórica de los jubilados en particular.
El FGS fue creado en 2007 con el declarado propósito de “asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables”. Paradójicamente, quien estaba al frente de la Anses por aquel entonces era el propio Massa. No extraña que ya se hayan presentado denuncias judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Alberto Fernández y Massa.
Justamente ante la tentativa de utilizar activos de los aportantes al sistema previsional para fines extraños a la seguridad social y de vulnerar la autonomía financiera y económica del FGS, en lo que puede considerarse como un nuevo asalto a los fondos jubilatorios. A principios de año el Gobierno intentó controlar el precio del dólar contado con liquidación (CCL) vendiendo dólares del BCRA. Ahora intenta lo mismo utilizando bonos en dólares.
Dada la acuciante situación económica y social, que se verá profundizada por la fuerte caída de la recaudación derivada de la grave sequía, resulta irresponsable no consensuar y avanzar con medidas de fondo y reformas estructurales que apunten hacia un horizonte de sustentabilidad para la economía argentina. Seguir brindando pésimas señales con medidas como las anunciadas la semana última solo dañará aún más la seguridad jurídica y la previsibilidad en materia económica.
