Mariano Borinsky considera que la presentación del proyecto de Código Penal, que ingresó al Senado en marzo, es una gran novedad: según su criterio, equivale a dejar atrás el siglo pasado con la pretensión de abarcar el próximo. El camarista federal de Casación, que de alguna forma desempeña el rol de padre de la criatura (presidió la comisión redactora), dice que el nuevo Código Penal refleja en forma adecuada los valores actuales de la sociedad y procura aquietar la alarma que generan los hechos delictivos. “En 1921 no existía la responsabilidad penal de las empresas. La propuesta que hemos elaborado sistematiza lo que estaba disperso en casi 900 normas, y se aplica por igual a las personas físicas y jurídicas que cometan delitos. Buscamos, en definitiva, realizar la igualdad ante la ley”, resume antes de disertar en la I Jornada de Derecho Penal y “Compliance” organizada por el Colegio de Abogados de la Capital, el Consejo Asesor de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.
El comité que encabezó Borinsky trabajó durante dos años en la renovación total del catálogo de actos ilícitos: es el décimo octavo intento de cambiarlo. En el diálogo sostenido con LA GACETA este martes en la Federación Económica de Tucumán (FET), el camarista porteño subraya que la última iniciativa es fruto de la independencia técnica y que la Casa Rosada no cambió ni una coma del texto original. Algunas modificaciones buscan salidas creativas, como acredita la regulación del aborto. Si el proyecto es aprobado sin enmiendas, quedará al arbitrio de cada juez la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo (se informa por separado).
-¿La igualdad ante la ley que existe desde 1853 aún no entró a la Justicia penal?
-El Código Penal de hoy está direccionado hacia un sector social y una categoría de delitos determinados, que son los actos ilícitos contra la propiedad y las personas. Al sistematizar las diferentes modalidades delictivas, lo que se logra es definir el universo total. A eso me refiero cuando digo que el nuevo Código Penal busca la aplicación de la igualdad ante la ley.
-¿La idea, entonces, es que el sistema judicial deje de perseguir solamente a marginales adictos?
-Exactamente. Tenemos un mecanismo inequitativo y concentrado en las zonas débiles. Al abordar fenómenos contemporáneos como el narcotráfico y la corrupción, el proyecto generará una administración de justicia más equitativa.
-Los delitos que usted menciona como novedosos tienen su respectiva ley, más allá de no estar armónicamente incorporados en el Código Penal vigente. ¿Por qué ponerlos allí hará que la Justicia persiga y sancione a los más fuertes?
-La dispersión muchas veces hace que las normas no sean aplicadas. No es lo mismo tener un único cuerpo con todos los institutos que trabajar con una legislación aislada, que puede ser más fácilmente incumplida y evadida. Un código debe ser validado por la sociedad y el Congreso. Por ejemplo, la ley del contrabando fue sancionada durante la Dictadura. Desde ya que necesitamos que el Código Penal sea aplicado, pero para ello también es indispensable un Código Procesal Penal que ataque el crimen organizado. El Congreso ya aprobó esta herramienta, que comenzará a ser implementada en las provincias del Norte. Estos instrumentos deben existir para que después podamos hablar sobre la eficacia o ineficacia de su observancia.
-¿Qué valor atribuye a la voluntad de la Justicia para investigar a los poderosos?
-Para criticar o analizar la voluntad o la falta de voluntad hacen falta instrumentos. Yo puedo tener la intención de hacer una excelente comida, pero, si no dispongo de los utensilios ni de los ingredientes, no lo conseguiré. Hoy tenemos instrumentos legales defectuosos, obsoletos y desactualizados, que no responden a los parámetros ni a los estándares internacionales, como el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer.
-Usted dijo que este nuevo Código Penal favorecerá el desarrollo económico. ¿A qué se refiere?
-Tiene que ver con el progreso y con generar previsibilidad: si incorporamos una multa actualizable en forma constante como sanción, el delito económico tendrá un sentido efectivo.
-¿Cuál es su aspiración en cuanto al combate de la corrupción?
-Mantenemos la interrupción de la prescripción durante la función pública y sumamos a ella los tiempos de trámites dilatorios típicos. Hemos actualizado las penas para los funcionarios públicos; agregado el soborno entre privados, y agravado las figuras de cohecho y tráfico de influencias. Todos los sujetos alcanzados por la ley de ética pública serán pasibles de cometer enriquecimientos ilícitos y no sólo los funcionarios, por ejemplo, el titular de una obra social. También será posible ejecutar el decomiso de bienes al comienzo del proceso penal sin tener que esperar la condena definitiva. De esta manera vamos a lograr que la igualdad ante la ley no sea una máxima constitucional sino una realidad concreta en la Argentina.
AUTOR
Irene Benito
