Altos funcionarios del Estado, como el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la propia imputada Cristina Kirchner, que utilizó para ello instalaciones y personal del Senado de la Nación, lanzaron versiones falsas y amañadas sobre el juicio y la acusación. Dijeron que en realidad no había pruebas que vincularan a la vicepresidenta con los hechos investigados, que los fiscales no sabían de derecho y que el juicio fue un invento que tergiversó la realidad.
Mientras, otros personajes vinculados a la procesada, como Luis D’Elía, el juez Juan Ramos Padilla y Hebe de Bonafini, convocaron a una suerte de resistencia de hecho contra las decisiones de la Justicia. Al mismo tiempo, se promovió la acción de militantes en diversos actos, frente al domicilio de la Vicepresidenta desde el mismo 22 de agosto de 2022, frente al Congreso Nacional el día siguiente, cuando ella emitió su “proclama” contra el juicio y en las redes sociales, con la consigna “si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.
Esto último remitió a la idea de disturbios contra el orden institucional a partir del desconocimiento de las decisiones judiciales. Las acciones descriptas entran en clara colisión con lo establecido en los artículos 36 y 22 de la Constitución Nacional. El primero atribuye la calidad de traidores a la patria a quienes cometan graves hechos de corrupción que conlleven enriquecimiento.
Y el otro establece que el pueblo no delibera sino por medio de sus representantes y que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición. Los fines de las normas referidas están afectados cuando a cargo de la persecución penal quedan involucradas personas con intereses comunes con quienes resultan imputadas en los actos de corrupción.
Y, más gravemente, cuando se pretende promover una serie de acciones para intentar lograr amedrentar a jueces y fiscales subvirtiendo el orden republicano. Esto es lo que ocurre con los casos en que resulta imputada la actual Vicepresidenta junto a funcionarios y ex funcionarios públicos como José López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Abel Fatala y Nelson Perioti, entre otros.
Por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, en las causas denominadas “Vialidad”, por los contratos en favor de las empresas de Lázaro Báez, “Hotesur” y “Los Sauces”, unificadas y por lavado de dinero, y “Cuadernos”, por las anotaciones del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, todas en instancia de juicio oral.
Las investigaciones se llevaron a cabo en distintos juzgados y tribunales orales federales de la Capital Federal, en algunos casos con condenas en primera instancia y otros en la de juicio oral, pero, según se señaló, existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Cristina Kirchner, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores.
Los hechos dirigidos a presionar a los jueces y fiscales que deben expedirse en las causas pendientes contra Cristina Fernández constituyen amenaza agravada, instigación a cometer delitos, intimidación pública, entorpecimiento de la Justicia y sedición (arts. 149 ter inc. 2. 209, 212, 241 inc. 2 y 230 inc. 2 del Código Penal). El uso ilegítimo de los bienes estatales, instalaciones y personal del Senado de la Nación para un fin particular, por parte de Cristina Kirchner constituye el delito previsto de malversación de caudales públicos (art. 261 del Código Penal).
La Justicia debe ser el lugar en donde se investigue esas conductas que son de una gravedad inusitada. Desde los más altos niveles del Gobierno nacional se está instando no solo al desconocimiento de la división de poderes, sino lisa y llanamente al ejercicio de la violencia. ¿Qué otra cosa puede significar la advertencia, coreada, entre otros, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires?
¿Y avalada por su convocatoria a una marcha basada en esa consigna, de que “si la tocan a Cristina”, esto es, si es condenada, se va a armar un “quilombo”? Es necesario poner fin a estos llamados a la violencia. Para que ellos no sean contestados de igual forma, lo que derivaría en enfrentamientos de consecuencias imprevisibles, es la justicia la que debe actuar con celeridad y firmeza.
