Toma de tierras, economía en terapia intensiva, inseguridad galopante, una avanzada para cooptar el Poder Judicial, protestas policiales, el campo descontento, la detención arbitraria de un periodista, un Estado que gasta recursos desmesuradamente y todo ello enmarcado en la pandemia del coronavirus.
Las distintas marchas que se vienen realizando desde la que aconteció el pasado 17 de agosto dan cuenta de ello. En las mismas se pueden observar reclamos de diversa índole resaltando el ya conocido “que se vayan todos”.
A eso debe sumarse que las distintas manifestaciones se realizan en diversos lugares: el Obelisco, el Congreso, los Tribunales y hasta la Quinta Presidencial de Olivos.
Con respecto a este último, tanto la oposición como el oficialismo salieron a repudiar que los policías de la bonaerense hayan rodeado el lugar. Es cierto que no es el sitio adecuado ya que, con esa actuación, se nacionaliza un reclamo que es provincial.
Pero, ¿Cuál era la alternativa? El Gobierno jamás escuchó reclamos realizados en el Congreso o el Obelisco. Los policías se habían manifestado al frente de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, tampoco se los oyó. Entonces ¿Tenían acaso otra opción?
Ello volvió a generar el repudio social y de hecho, el “que se vayan todos” llegó a ser tendencia en la red social Twitter.
La inseguridad también ostenta gestos por parte de la dirigencia política. La liberación de 4500 presos al inicio de la cuarentena, la falta de recursos de la policía, el Servicio Penitenciario Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre otras, la liberación de los mal denominados “presos políticos” y otros guiños, son de gran ayuda.
La respuesta del Gobierno es “más policías”. ¿De qué sirve? De más está decir que ninguna problemática de las aquí planteadas ostenta una solución fácil como las que patrocina el Gobierno, se necesitan políticas de Estado largoplacistas para apagar los innumerables focos de incendios.
Luego Alberto juega nuevamente a “la sabana corta”, se le saca un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para aumentarle los sueldos a la policía bonaerense. Algo totalmente inconstitucional, y por ello el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta adelantó que irá a la Corte Suprema de Justicia.
Pero aparte, ello expone otra situación: siendo que CABA es quien más aporta a Nación en términos coparticipables, la decisión del presidente Alberto Fernández deja a la vista que sin el desarrollo del capitalismo, el populismo no podría existir. Gran paradoja.
Es claro, tanto para Alberto como para la vicepresidenta Cristina Fernández, la culpa de que a la provincia de Buenos Aires le vaya mal, es de la “opulenta” Ciudad que hace las cosas medianamente bien.
La toma de tierras es otro de los ítems más llamativos: mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, insiste con que no es un tema que le competa a esa Cartera, el presidente avala la delincuencia al manifestar que hay gente de delinque porque no tiene otra opción.
Al margen de la brutalidad y de la evidente falta de comprensión del tema, los Báez, los Kirchner, los Boudou, los D´Elia, los López, los Moyano, entre otros; ¿no tenían otra opción?
La economía es otro de los frentes delicados que debe manejar el Gobierno. Si bien es plausible el acuerdo al que llegó el ministro Martín Guzmán con los bonistas, la situación es complicada.
En el Banco Central quedan poco más de 6 mil millones de dólares en un país cuyas reservas deben superar los 30 mil millones de dólares. Para colmo se va a utilizar esa moneda –que falta- para traer pesos –que sobran- desde Brasil.
La economía informal va en ascenso mientras la formal va mermando mes a mes. Son miles los trabajadores que se quedaron sin sustento económico. Según analistas, el desempleó alcanzará a fin de año un promedio del 15%.
Además, según el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que dirige Marco Lavagna, para fin de año el 52% de la población va a quedar por debajo de la línea de pobreza.
Mientras todo esto pasa, el Gobierno nacional y los organismos descentralizados que dependen del mismo realizan compras insólitas. Muchas veces con valores realmente millonarios.
En todo este atolladero se lleva a cabo la detención de El Presto, un colega que publicó un twit presuntamente amenazando de muerte a Cristina Fernández.
Es bien cierto que el mencionado mensaje es desdeñable, él mismo lo admitió al ser entrevistado por Tribuna de Periodistas: “Me pareció una estupidez. Tendría que haber sido más claro” mencionó al respecto.
Tras ello, el juez Alejandro Sánchez Freytes libró una orden de allanamiento al departamento del periodista, siendo luego detenido arbitrariamente, ya que se alegó “resistencia a la autoridad”, la cual nunca existió.
Por estas horas, algunos vivos intentan instalar la idea de que Eduardo Presto Felippo tenía un arma en su casa con el número de serie limado. Incluso algunos arriesgaron que iba a ser utilizada contra la expresidenta. Al margen de que pueda fustigar la imagen de CFK ¿Alguien realmente cree en la estupidez de que El Presto, como cualquier otro periodista, podría disparar contra la presidenta del Senado? ¡Una locura!
Aunque quizá, lo más llamativo fue un twit que redactó uno de los abogados de la vicepresidenta, Gregorio Dalbon, quien advirtió que “te metes con Cristina bancate las consecuencias (sic)”.
¿Qué quiere decir con eso? ¿No se la va a poder criticar a Cristina? ¿Cualquiera puede ser detenido por criticarla? Lo ocurrido ciertamente sienta un precedente para el futuro.
Era lógico de todas maneras que intenten avanzar incluso en un accionar ilegítimo, CFK viene embistiendo contra la libertad de prensa desde el mismo momento en que asumió, lo que recuerda pasadas declaraciones y actuaciones que iban destinadas a censurar al periodismo.
Mientras todo esto sucede, mientras el país se prende fuego, Cristina sigue avanzando en busca de impunidad, dando marcha adelante a una reforma judicial que costará, según distintos cálculos, un promedio de 6 mil millones de pesos y que en nada mejorará la vida del ciudadano “común”.
Dicha reforma está encuadrada en la Justicia Federal y luego se avanzará hacía la Corte Suprema de Justicia, aquellos lugares en donde la vice se encuentra realmente complicada. Entonces ¿Por qué se discute la razón de ese proyecto si es evidente el incentivo?
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, continúan con las negociaciones para conseguir la aprobación de la iniciativa enviada por el presidente y hecha a piaccere de quien lo puso “a dedo” al frente de Balcarce 50.
La ciudadanía se expresó en contra, salió a las calles para intentar evitar el avasallamiento contra la Justicia, tal cual había peticionado el presidente al ganar las presidenciales del 2019. Pero el Gobierno, nuevamente, desoyó al pueblo.
Y a su vez, ello queda bajo la problemática de la pandemia. Los funcionarios piden a la ciudadanía que se cuide, que no salga, que no se junte en lugares cerrados. Pero mientras, se puede ver cómo el jefe de Estado falta a sus propias palabras.
También ha roto la “no cuarentena” el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aquel tipo que subestimó al coronavirus y no tomó medidas a tiempo, y el mismo que hoy dice que no queda mucho más por hacer, luego de una cuarentena de casi seis meses.
Como dijo alguna vez el expresidente interino Eduardo Duhalde “estamos condenados al éxito”. Pero mientras, el país se incendia. No hay remate.
