El Plan Platita para dar vuelta el resultado de las PASO tiene sus versiones en regalos de bicicletas, comida, calefones, tanques de agua, cocinas y heladeras en todo el país. Más el envío de fondos del Gobierno nacional (ATN) a las provincias no de acuerdo a su tamaño sino a su afinidad política, la peronista Catamarca recibe el doble que la radical Mendoza, aunque tiene apenas un cuarto de su población. Pero la guerra mayor explotó en San Luis.
Allí la confrontación por los intentos de comprar votos es total. Y en todos los frentes. Todo empezó el 21 de septiembre, cuando los funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, derrotado en las PASO por 10 puntos, se reunieron en la sede del PJ local y armaron cuatro programas para repartir dinero en efectivo. Ni bicicletas, ni calefones, ni comida. Directamente cash. Billetes. Platita, como definió el bonaerense Daniel Gollán.
El 30 de septiembre empezaron los anuncios: un subsidio de $20.000 a desempleados durante tres meses, septiembre, octubre y noviembre, justo cuando se vuelve a votar; bonos de $10.000 por única vez a empleadas domésticas; ayuda “extraordinaria” a trabajadores del sector privado y préstamos de $50.000 a 30 meses y tasa cero. La súbita preocupación por repartir efectivo a la velocidad del rayo se complementa con las fechas de pago de esos planes.
Es decir, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de noviembre. Los últimos tres días hábiles antes de votar. La oposición hizo una denuncia por violación a la ley electoral, que prohíbe anuncios “que puedan promover la captación del sufragio” 25 días antes de las elecciones. Es decir, del 20 de octubre al 14 de noviembre. El fiscal federal Cristian Rachid pidió congelar los nuevos planes hasta que pase el comicio.
Y el juez con competencia electoral, Juan Maqueda, aceptó el pedido y ordenó suspender todo hasta después de votar. Ahí ardió Troya. Primero el bloque justicialista de diputados provinciales repudió el fallo alegando que “soslaya las necesidades de los ciudadanos que con las distintas ayudas iban a tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida”. Les proponen mejorar su calidad de vida justo antes de votar.
Enseguida actuó el fiscal de Estado de la Provincia, Eduardo Allende, que recusó al fiscal Rachid y lo cuestionó en su cargo. Tras el apriete político a la decisión judicial, llegó la caballería. Y empezaron a sumarse los apoyos a Rachid. La Procuración de la Nación no sólo lo ratificó en su cargo sino que designó a la fiscal federal de Mendoza, Alejandra Obregon, para que lo ayude en su trabajo.
La Asociación Argentina de Fiscales remarcó que la decisión de Rachid “está dirigida a mantener sana e independiente la voluntad del voto de cada argentino”. Y la Federación Latinoamericana de Fiscales señaló que “se advierte un sesgo amedrentador”, por el apriete del gobierno puntano. Hasta la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de San Luis salió a solidarizarse con Rachid.
Pero también a repudiar al fiscal de Estado “quien no ahorra epítetos injuriantes, difamatorios y violentos”. En medio de la escalada, el juez Maqueda ratificó este lunes la prohibición de repartir dinero antes de las elecciones. San Luis apeló ante la Cámara Nacional Electoral y llevará la guerra hasta el último día. Si puede conseguir darle un billete a cada ciudadano mientras camina hacia la urna, lo hará. Así actúa el peronismo/kirchnerismo: a todo o nada por un voto.
