Obstrucción a la Justicia. Esa debería ser una nueva acusación contra el ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga luego de que presentara ante la comisión de Juicio Político de la Cámara un pedido de remoción contra los vocales de la Sala Conclusional III del Centro Judicial de Capital, Gustavo Aldo Simón Romagnoli, Fabián Adolfo Frádejas y Luis Fernando Morales Lezica.
El argumento que ofende al sentido común, pasa por el hecho de que el sindicado considera que los tres magistrados cometieron las causales que prevé la ley para su remoción. Es decir, falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, porque demostrare ignorancia inexcusable o incumpliere en forma injustificada los deberes inherentes a su cargo. Se trata de un vergonzante intento de dilatar una vez más el comienzo del juicio en su contra.
En definitiva, en su presentación por medio de una nota enviada al titular de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura, Raúl Ferrazzano, el portador serial de fueros gracias a su condición de legislador provincial, consideró que Romagnoli, Fradejas y Morales Lezica esquivaron una instancia administrativa insoslayable. Es decir, solicitar su desafuero antes de avanzar con la causa en la cual se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
“Los jueces intervinientes excedieron su capacidad funcional, sometiendo a proceso penal a quien no se encuentra sometido a su jurisdicción, hasta tanto la Legislatura así lo decida”, esgrimió Yapura Astorga. En el texto, rememoró que el pasado 9 de junio de 2019 resultó electo legislador. Asimismo, resaltó el hecho de que tal situación implicó una modificación preponderante en la causa en la cual se lo investiga.
Lo que quiso decir es que obtuvo fueros en los cuales se ampara y que desde un principio buscó a sabiendas de lo que se le vendría con la Justicia. “A partir de esa fecha me son aplicables las disposiciones previstas en artículos 63 y 64 de la Constitución de Tucumán”, manifestó en el escrito. El primer punto, citado por Yapura Astorga, señala que los legisladores gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta que cesen sus funciones.
Y no podrán ser arrestados por ninguna autoridad, sino en caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún delito que merezca pena privativa de la libertad. En realidad, de lo que quiere gozar Yapura Astorga es de impunidad lisa y llana. En ese marco, el legislador hizo hincapié en el artículo 64 de la Constitución provincial, ya que sobre ese punto es que estructuró su pedido de remoción de los jueces que lo investigan.
“Artículo 64: cuando un juez considerare que hay lugar a la formación de causa en materia penal contra un legislador, lo comunicará a la Legislatura y solicitará, en su caso, el desafuero. Ante el pedido de desafuero formulado por un juez, la Legislatura deberá pronunciarse (…) dentro de los 15 días de recibido”, citó el ex intendente tafinisto en aras de intentar a toda costa evitar hacerse cargo de sus acciones.
Acto seguido, ni lerdo ni perezoso, aprovechó la ocasión para resaltar que cuando el investigado sea un legislador los jueces tienen como requisito previo para someter a la jurisdicción penal a estos el pedido de desafuero. “Pese a lo público y notorio de mi función legislativa, (Romagnoli, Fradejas y Morales Lezica) excedieron su capacidad funcional, sometiendo a proceso penal a quien no se encuentra sometido a su jurisdicción, hasta tanto la Legislatura así lo decida”.
Así lo expresó Yapura Astorga. Posteriormente, volvió a hacer hincapié en que no se trata de una opción, sino de una obligación. “La comunicación a la Legislatura es un mandato no discrecional puesto de manera expresa por el constituyente, que así lo ordena: ‘lo comunicará a la Legislatura'”, destacó el legislador provincial. Lo peor del caso es que tergiversa los hechos en pos de embarrar la cancha, como dice el dicho futbolero.
Y es que retoma el argumento de que los tres jueces avanzaron sin que hayan contado con atribuciones para hacerlo. “Los jueces se han arrogado facultades que no les son propias. Este avance de gravedad institucional sobre atribuciones exclusivas de la Legislatura acredita la ignorancia inexcusable de derecho o, si tal avance se efectivizó con consciencia de la ilegitimidad, incumplimiento de los deberes a su cargo”, resaltó.
El caso es que la causa que lo investiga lo hace por presunta malversación de fondos públicos y por otros delitos. En ese marco, las audiencias de debate oral tendrían que tener lugar entre el 26 de mayo y el 3 de junio. Esto significaba que la Justicia provincial por fin disponía fecha a las audiencias de juicio contra Jorge Yapura Astorga. Pero sus ansias de impunidad parecen poder más.
Y es que no parece ser casualidad, sino más bien, causalidad cada vez que tanto la corrupción como la impunidad siempre parecen agruparse en torno al peronismo que, al mismo tiempo, busca siempre un refugio institucional para no dar la cara delante de la sociedad para rendir cuentas por medio de la Justicia a toda la población que se encuentra harta de este tipo de jugadas sucias de parte de los integrantes del poder.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]En ese sentido, cabe recordar que, en 2018, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción había desestimado los argumentos del ex jefe municipal y de otras siete personas investigadas (familiares y gente cercana del sindicado) en el ámbito de los tribunales, y había considerado que Yapura Astorga debía afrontar un juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.[/su_note]
Por entonces, la decisión de los camaristas Eudoro Albo (preopinante) y Enrique Pedicone (destituido en 2021) indicaba que existían pruebas suficientes para avanzar con el debate oral. Pero desde entonces, Yapura Astorga no ha parado de poner palos en la rueda con el único fin de no someterse a la Justicia como les corresponde a todos los ciudadanos de Tucumán.
Es por ello que cabe preguntarse hasta cuándo continuará esta dilación. ¿Acaso una institución como la Legislatura se prestará a que el peronismo haga de las suyas y tome al parlamento tucumano como rehén de sus ansias de continuar con la impunidad que lo caracteriza? Y es que la sociedad se encuentra harta de que a los integrantes del poder la vara con la que los miden las instituciones siempre es diferente cuando se trata de dirigentes peronistas.
¿Será justicia?
