Mientras la oposición y sectores dialoguistas intentan anular el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo que comenzará a tratarse el miércoles en la Cámara de Diputados, el Gobierno presiona a las universidades y arma una estrategia para auditar a la UNT, la UBA y todas las casas de altos estudios que se nutren del dinero del Tesoro público.
La Universidad Nacional de Tucumán es una de las que está en la mira, con un gasto de 84.000 millones de pesos este año, y un presupuesto de 171.000 millones para el año próximo.
Por un lado, el gobierno estudia anular una resolución del ex Procurador General de la Nación Carlos Zannini que impide que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite los gastos de las universidades estatales porque son autónomas. Por otro lado, analiza usar el artículo 59 de la ley de Educación Superior para que la SIGEN supervise las cuentas de la casa de estudios, sobre todo de la UBA, a la que considera la “cabeza” de la resistencia al recorte de gastos.
Miguel Blanco, titular de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN) confirmó a Clarín que el Gobierno estudia esas dos alternativas legales y el subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno, Alejandro Álvarez ratificó que “es efectivamente una de las opciones que se está analizando”. Alvarez, tras un debate en TN con el vicerrector de la UBA y ex diputado radical Emiliano Yacobitti se convirtió en la cara del Gobierno en esta ofensiva.
Para Blanco, ex presidente de IDEA, las universidades públicas son autónomas en cuanto a su autogobierno, pero no son “autárquicas desde el punto de vista financiero y por lo tanto sus gastos deben ser auditados por la SIGEN”. La SIGEN ya logró firmar “convenios específicos con 26 universidades de un universo total de 62 y las tareas están siendo programadas y próximas a comenzar”.
Pero Blanco puntualizó que “la UBA decidió no suscribir dicho convenio” y por eso ahora buscan alternativas para monitorear sus cuentas.
En concreto, Blanco estudia aplicar el artículo 59 de la Ley de Educación Superior. Este artículo establece que “el rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156”.
A su vez, el artículo 130 de le lay 24.156 de Administración Financiera estipula “toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.
¿Cuál es el presupuesto a auditar de la UBA?, Según el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, actualmente es “muy difícil saber” porque el de este año es una prórroga del presupuesto del año pasado.
“En la UBA tenemos más de 300 mil alumnos, trece facultades y cada una de ellas tiene un presupuesto diferente”, detalló Gelpi en la previa de la masiva Marcha Federal Universitaria del miércoles pasado. Sin embargo, estimó que el presupuesto rondaría en los $140.150 millones de pesos, es decir unos 130 millones de dólares.
Pese a esta pelea por la “caja”, la UBA quedó esta semana entre las diez mejores universidades de América Latina, según el ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe, elaborado por Quacquarelli Symonds.
Por su parte, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario nacional (CIN) dijo que las universidades se tienen que “auditar, se auditan y estamos dispuestos a aceptar los mecanismos necesarios” para dar mayor transparencia. La ley de Educación Superior dice que los controles debe hacer la Auditoría General de la Nación (AGN) que 6 o 7 por año”, explicó.
Entonces, hace falta más presupuesto para la AGN y derogar el dictamen del 28 de noviembre del 2022 -que corre por el expediente IF-2022-128362119-APN-PTN- de ex Procurador General de la Nación y mano derecha en temas jurídicos de Cristina Kirchner, Zannini.
El dictamen de Zannini afirma que “no resultan aplicables a las universidades nacionales las previsiones que, en materia de control interno, contienen los artículos 100 y concordantes de la Ley 24.156, que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, y establece a la SIGEN como contralor”.
En fuentes parlamentarias, se afirmó que el dictamen de Zannini habría sido resultado de una negociación en 2022 entre “Yacobitti y el ex ministro de Economia y candidato presidencial K Sergio Massa”. Y que el gobierno de Milei no lo deroga porque habría conversaciones reservadas entre el gobierno de Milei y Yacobitti para tratar de desactivar el actual conflicto. Al menos, antes de la segunda marcha masiva y el veto de Milei.
En paralelo, el ex presidente de la Auditoría General de la Nación y ex diputado radical Jesús Rodríguez le sugirió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que anule el dictamen de Zannini para que pueda entrar la SIGEN a la UBA y a las otras 61 universidades nacionales.
La anulación debería dictarla el actual Procurador General de la Nación, Barra. Rodríguez pertenece a un sector radical que se opone al del vicerrector Yacobitti, quien responde a Evolución Radical que lidera el senador Martín Lousteau.
