La idea del municipio capitalino de restringir el acceso de los colectivos en el casco urbano generó distintas reacciones. Una parte del empresariado del transporte apunta que la medida sería “discriminatoria”, mientras que otra defiende la agilidad que se le daría al tránsito tucumano con ese sistema. En tanto, en el Concejo Deliberante opinan que se debería incluir a la ciudadanía en la decisión y hay quienes desestiman la iniciativa declarando que sería “un caos mayúsculo”.
La controversia nace de un anuncio a futuro de la intendenta, Rossana Chahla, sobre que los recorridos del transporte público de pasajeros deberían reorganizarse de modo que sólo las líneas urbanas entren a la zona céntrica, para mitigar el tránsito caótico de la ciudad. Según explicó, el mecanismo sería que las líneas interurbanas dejen a los pasajeros sobre las cuatro avenidas, y que quienes deseen llegar al centro puedan tomar un colectivo urbano con el mismo boleto. A la vez, se proyecta desestimar el uso del vehículo particular construyendo bicisendas y eficientizando el transporte público.
“Desarticula y margina”
Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), aseguró que la noticia lo llevó a solicitar con urgencia una audiencia con la jefa municipal. “Es una medida desacertada, discriminatoria, sin derecho alguno y sin respeto para los usuarios que vienen del Gran San Miguel de Tucumán a la Capital. Son cosas que no las podemos aceptar, por los empresarios, pero principalmente por los usuarios”, declaró. Se refirió a las personas que viven en Yerba Buena, Lastenia, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, entre otros, y remarcó que “no son ciudadanos de segunda”. “Tienen el mismo derecho de entrar y llegar con el colectivo al centro de San Miguel de Tucumán”, manifestó.
Por otro lado, el empresario señaló que “tenemos que articular medidas, no romper, desarticular o marginar. Creo que todo se puede resolver conversando antes de que esto llegue a mayores”, consideró. En este sentido, Berretta planteó: “¿cómo un usuario de Lastenia no va a poder venir a los hospitales del centro, o cómo, para aquellos chicos que van al colegio, un colectivo del área metropolitana los va a dejar en la Roca? Esto perjudica a todo el sistema; a los usuarios, a la seguridad y al bolsillo”.
Leandro Argañaraz, concejal capitalino que representa a la Unión Cívica Radical (UCR), sumó cuestionamientos a la medida. Consideró que la restricción de colectivos provocaría que para los usuarios de ciudades vecinas “sea mucho más económico, en tiempo y dinero, venir en vehículo propio o de alquiler antes de tomar el colectivo, si se debe hacer un transbordo que deba pagar”, y señaló una única consecuencia: “van a entrar más vehículos particulares y el caos que se quiere mitigar se va a multiplicar. Es apagar fuego con nafta; un caos mayúsculo para los vecinos de San Miguel de Tucumán”.
Además, tras los dichos de Chahla sobre que es injusto para las líneas urbanas que las interurbanas hagan los mismos recorridos y, por lo tanto, puedan levantar a sus pasajeros, Argañaraz criticó: “se procura garantizar la ganancia de los empresarios a costa de los usuarios, en detrimento de las opciones de la ciudadanía. Se necesita más libertad para el consumidor, no menos”.
Pensar con sensatez
El empresario Miguel Mitre, dueño de la línea 8 y copropietario de la 131, se mostró a favor de la iniciativa municipal, con una postura que aseguró haberle transmitido a la intendenta en reuniones pasadas. “Le dije que, en desmedro de mi línea -porque seguramente pierda pasajeros o gane otros-, no puedo hacer el recorrido que hago ahora, esto es necesario. La 131 pasa por frente de la plaza Urquiza y se va hasta Tafí Viejo, es ridículo. Y hay otras que cruzan hasta la Banda del Río Salí y después van hacia la zona del Camino de Sirga, pero el 85% de su recorrido es capitalino. No es coherente”, opinó.
El empresario señaló que, dada la congestión del tránsito en la ciudad, sería más eficiente que los colectivos recorran menos el centro. “Hoy lo tomamos como si fuera que quieren avasallar o perjudicar a las líneas interurbanas, pero es pensar con sensatez nada más. Es lógico lo que plantea, gracias a las calles angostas y deterioradas que tenemos. No hemos tenido obras de infraestructura en los últimos 100 años en Tucumán y las cañerías están explotando; y además le agregas el traqueteo de las líneas urbanas y las más de 30 interurbanas. Obviamente se va a hundir el centro”, analizó Mitre.
El concejal radical José María Canelada no objetó ni se mostró a favor de la medida que se plantea en la Capital, pero sí subrayó que las políticas de movilidad urbana “deben darse de manera integral y participativa”, considerando la opinión de los usuarios. “Es fundamental para garantizar que las modificaciones no perjudiquen la accesibilidad y que aseguren la eficiencia del servicio. Además, por supuesto, que no les generen más gastos y que no sean golpes a su bolsillo”, dijo.
En este sentido, el edil capitalino remarcó: “necesitamos de un enfoque inclusivo en la planificación urbana. Si queremos llevar adelante medidas que permitan dar una solución al caos del tráfico en el centro, deben diseñarse fomentando la participación activa de la comunidad para lograr soluciones sostenibles y equitativas”.
