El Gobierno archivó el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abrió la billetera en la campaña electoral. Congelamiento del tipo de cambio, baja de impuestos, devoluciones por compras con tarjeta de débito, préstamos a tasa subsidiada y transferencias a diferentes sectores de la economía son algunos de los elementos centrales del paquete de medidas que va anunciando por etapas el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, tras la derrota del oficialismo en las PASO.
Tras convalidar una suba del 22% del valor del dólar oficial el día posterior a las primarias y la casi inmediata aceleración inflacionaria, y luego de confirmarse el desembolso de US$7500 millones del FMI, el exintendente de Tigre se calzó el traje de candidato y apostó por ampliar el gasto para intentar generar estímulos en los bolsillos de parte de la población, que fortalezcan sus chances en octubre.
Todo ello, a costa de deteriorar el balance fiscal, y de incrementar las expectativas inflacionarias y los desequilibrios en una economía que no crece hace más de una década, y que tuvo en agosto su índice de inflación mensual más alto en 30 años. Un plan platita que será un plan hipoteca, y que profundizará los problemas que tendrá que enfrentar quien llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre, aun si esa persona se llame Sergio Massa.
La quita o el diferimiento de obligaciones de pagar impuestos como Ganancias o el monotributo, la entrega de subsidios, los pagos de sumas fijas o asignaciones y el programa de reintegros Compre Sin IVA, con un tope mensual de $18.800 por beneficiario –en los primeros días del plan hubo demoras y dudas sobre el alcance del plan–, son medidas con un impacto fiscal sobre el que no hubo precisiones oficiales.
De acuerdo con estimaciones de la consultora Eco Go, que dirigen los economistas Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, el costo fiscal de los anuncios concretados desde las PASO suma $2 billones, o alrededor de 1,08% del PBI. De ese efecto total, 0,65% del PBI es lo perdido por la Nación y un 0,43%, por las provincias. Tienen un especial peso el cambio en Ganancias, la devolución del plan Compre Sin IVA y el refuerzo para un grupo de jubilados.
El paquete es un signo de desesperación; son medidas de corto plazo que intentan elevar el ingreso disponible para que las familias puedan sostener su nivel de consumo en un contexto de alta inflación. Está claro que hoy Massa es un táctico, que mira el día a día y su norte es el 22 de octubre, no lo que pase después. Eso hoy no le importa. En su camino de postas, la primera fue ser candidato: luchó y lo logró.
Después fueron las PASO y ahora las elecciones. Y mientras busca mantener su competitividad, toma decisiones que dejan más desequilibrios. A su vez, el Gobierno aprobó medidas para el sector de la salud (el congelamiento parcial del precio de las prepagas incluye beneficios fiscales para las empresas) y para la actividad agropecuaria (suspensión de retenciones al sector lácteo y transferencias a empresas).
El viernes, Massa confirmó medidas para autónomos, que incluyen un diferimiento de las obligaciones de pago de cuatro meses. El déficit antes de las medidas ya corría arriba del 3% anual y ahora se confirma que va a cerrar arriba del 3,5%. Además de esto, hubo devaluación, pero no se ajustaron las tarifas y, como aumentan los costos de la generación eléctrica, vuelven a crecer los subsidios. La consecuencia es más emisión y más inflación.
La señal que manda esta decisión de bajar impuestos y no el gasto, en un contexto de alta inflación y con desanclaje total de expectativas, es de descontrol fiscal. Y es muy mala para las expectativas. La inflación será alta varios meses y genera un tema de expectativas. Porque si el empresario piensa que va a haber inflación en noviembre, sube los precios en octubre para no quedar desfasado, el sindicalista trata de adelantar la paritaria, y es un círculo.
Además de la cuestión monetaria y las expectativas, hay que sumar que es casi seguro que más tarde o más temprano habrá una devaluación fuerte. Lo cierto es que se espera un dólar oficial de $565 para fin de año. Eso implica una suba del 60% del tipo de cambio en el último trimestre de 2023. En otras palabras: el consenso de economistas y bancos locales descuentan una corrección cambiaria en el corto plazo.
El Gobierno está operando como ha hecho en otras elecciones y, ahora, después de la devaluación tras las PASO fijó el tipo de cambio y lo está atrasando, mientras lanza medidas financiadas con emisión. Pero en esta oportunidad, cerca de terminar el mandato, agrava la situación para quien tenga que heredarlo. Hasta las elecciones, lo más probable es que el Gobierno controle los tipos de cambio, porque la mayor apuesta es llegar sin que el dólar vuele, pero cada vez es más riesgoso y a eso hay que sumarle la incertidumbre política.
