Los cuestionamientos que lanzó el legislador Javier Noguera sobre el Acuerdo Fiscal Municipal reavivaron las llamas de diferencias que nunca se extinguieron en el oficialismo. Que el ex intendente de Tafí Viejo expresara públicamente que el Poder Ejecutivo utiliza un criterio “injusto, discrecional, arbitrario y apartado de la legalidad” para distribuir recursos a los municipios provocó un terremoto político e institucional. Por eso, referentes territoriales que hoy ocupan importantes cargos en el Estado defendieron el “Pacto Social”, cargaron contra el taficeño y hasta tomaron distancia sobre el reparto de fondos discrecionales que se hizo en la gestión de Juan Manzur.
El ministro del Interior, Darío Monteros, rechazó las expresiones de Noguera, quien criticó que la Provincia tome la cifra de empleados municipales como principal parámetro para el giro de dineros. “La distribución no se realiza por la cantidad poblacional, sino en función de la planilla salarial, en blanco. Es la base fundamental, el primer parámetro que se toma”, dijo y aclaró que es, precisamente, lo que figura en el primer artículo del Acuerdo Fiscal que los intendentes firman voluntariamente con el Poder Ejecutivo cada seis meses.
“Las declaraciones del legislador Noguera diría que están fuera de contexto, en su totalidad. Si él dice que roza la ilegalidad, quiere decir también que los ocho años que ha estado como intendente (2015-2023) ha convivido con esa falta de legalidad. El criterio que toma el Acuerdo Fiscal en la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo se lo viene tomando desde el inicio del ‘Pacto Social’. He sido intendente ocho años, como Javier Noguera, y nunca lo escuché hablar de esta supuesta ilegalidad en el gobierno de Juan Manzur”, lanzó el bandeño.
Extrañando privilegios
Sin demasiado filtro, Monteros señaló que Tafí Viejo tuvo privilegios en la gestión del actual senador con el envío de fondos discrecionales como Asistencias del Tesoro Nacional (ATN), fondos no reintegrables provinciales u obras de infraestructura de la Nación. “En el gobierno de Manzur llegaban ATN, se giraban recursos no reintegrables a algunos municipios. Capaz que pueda estar extrañando esto el legislador. En la gestión de Jaldo se terminaron estas cuestiones. No se reciben ATN y no se giró a ningún municipio un aporte no reintegrable”, declaró en una entrevista con LG Play. Remarcó también que la esposa del legislador, la intendenta Alejandra Rodríguez, “no tuvo reparos para firmar el Acuerdo Fiscal”.
El “Pacto Social”, como se lo conoce popularmente, es un acuerdo que nació en el 2000 en la administración de Julio Miranda. En sus inicios, esta metodología sirvió para extinguir conflictos por severas demoras en el pago de la planilla salarial por problemas de administración. Pero fue mutando a lo largo de seis gestiones de gobierno: pasó de tener montos fijados por ley a ser un acuerdo “conversado” entre intendentes y el gobernador.
En ese contexto, Noguera rechazó que sólo se contemple la planilla salarial en blanco y no se considere, por ejemplo, la cantidad de habitantes de cada jurisdicción. “El criterio de la planilla, además de injusto, estimula prácticas como la empleomanía estatal”, había dicho.
¿Trasfondo político?
Monteros, padre del actual intendente bandeño Gonzalo Monteros, insistió con que no es una obligación firmar el acuerdo. “A nadie se le pone una pistola en la cabeza”, graficó. Rechazó, a su vez, que se haya favorecido a Banda del Río Salí (recibió unos $11.500 millones en el primer semestre, casi el doble que ciudades más pobladas como Tafí Viejo o Yerba Buena) y afirmó que se siguieron las mismas proyecciones que en la gestión de Manzur. “No hay un acuerdo fiscal viciado de legalidad, todo por el contrario. El intendente (Pablo) Macchiarola (Yerba Buena) firmó el Acuerdo Fiscal sin ningún inconveniente”, dijo.
Por último, el ministro expresó que es respetuoso de la opinión de Noguera, pero que no la comparte. “Espero que no haya un trasfondo político”, planteó. Recalcó que ni Jaldo ni él autorizaron nuevos cargos en blanco en el Estado, y que si hay distritos como Banda del Río Salí que tienen más empleados formales que otros distritos (unos 1.800) fue por gestiones de los intendentes. “Capaz que Noguera se ha quedado un poquito estos ocho años en los que ha tenido relación directa con el gobernador Manzur y con su ministro del Interior (Miguel Acevedo). Habría que preguntar por qué no lo ha hecho”, lanzó.
“Es fundamental”
El presidente subrogante de la Legislatura y ex intendente de Aguilares, Sergio Mansilla, recordó que cuando se implementó el “Pacto Fiscal” había una situación caótica con municipios que adeudaban meses de sueldos. “El criterio que se tuvo al nacimiento del “Pacto Social” era la planilla salarial y se dejaba a los municipios la recaudación propia; ¿es lo más justo? Bueno, es lo que hay, y a nosotros nos servía mucho en ese momento”, afirmó. Planteó también que el Acuerdo Fiscal es legal y optativo. “Si fuera ilegal no lo firmarías; te garantiza la paz social”, dijo. “No hay que tirar una sombra de duda en una herramienta que hoy es fundamental; se equivoca al decir que es ilegal, no es ilegal”, indicó y consideró que no es lo más cómodo para los intendentes sino lo más seguro. Planteó que sería conveniente ir saliendo del “Pacto Social” paulatinamente.
Francisco Serra (h): “Durante ocho años nunca salimos a llorar”
El intendente de Monteros, Francisco Serra (h), brindó su apoyo al Acuerdo Fiscal Municipal y afirmó que gracias a esta herramienta puede garantizar la paz social y atender las necesidades de la planta municipal, la cual -dijo- es “muy grande” (fue el segundo distrito más favorecido con $7.800 millones). Consideró que hay dirigentes que tienen que estar agradecidos con la Provincia. “A mí no me gusta hablar de otros colegas, pero sí entiendo que, en la ciudad de Monteros, durante ocho años, tuvimos que bancar un montón de situaciones y nunca salimos a llorar ni a culpar a otros de situaciones que cada intendente debe resolver”, se despachó tras los planteos de Noguera.
Roberto Moreno: “La municipalidad es el único ingreso”
El legislador oficialista y ex intendente de Trancas, Roberto Moreno, brindó su apoyo a la Provincia y respaldó la asistencia a los municipios a través del denominado “Pacto Social”. Aclaró que durante su gestión (2015-2023) se mantuvo fuera del convenio, a diferencia de lo que hizo su sucesor y hermano, Antonio Moreno. “Lo que hizo fue garantizar el pago de sueldos en tiempo y forma”, dijo. Declaró que Trancas tiene 280 empleados en planta y que cerca del 90% de las transferencias están destinadas al pago salarial. “Es un municipio chiquito. No hay fábricas ni industrias. Trabajar en la Municipalidad es el único ingreso que hay en el municipio”, dijo
