En el día de ayer el juez Daniel Leiva se convirtió en el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Justamente, se trata de un magistrado cuya revelación desató la crisis institucional más grande de los últimos tiempos en nuestra provincia. Todo comenzó el día 1° de septiembre del 2020, cuando Enrique Pedicone, magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción realizó una denuncia que conmovería los cimientos de la provincia.
La denuncia involucraba al por entonces vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. En la misma, quedó plasmado que el juez del máximo tribunal habría intentado influir sobre el camarista para que “manejara las intensidades” de la causa que tiene al legislador Ricardo Bussi bajo investigación sobre supuesto abuso sexual e irregularidades en cuentas bancarias.
La denuncia deja sentado que el entonces vocal de la Corte, Daniel Leiva, realizó el pedido invocando al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador y titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Según manifestó en su momento el fiscal Enrique Pedicone, esta conversación fue grabada en una serie de audios probatorios, al tiempo que Leiva negó el encuentro y el pedido denunciado.
Luego de esto, Pedicone saca en el Tribunal de Apelación ante la presión creciente y objeta el listado de causas dado a conocer por el Poder Legislativo. Mientras tanto, se empiezan a sumar pedidos de juicio político contra Leiva, pero el juez redobla la apuesta al sentir la protección de la Legislatura y ni siquiera pide licencia. A todo esto, la Corte Suprema local jamás emitió una sola palabra respecto de la grave denuncia contra uno de sus vocales que la integran.
Desde la presidenta del máximo tribunal, Dra. Claudia Sbdar, para abajo todos habrían pactado un silencio que no hizo en su momento más que generar mayores suspicacias acerca de su papel en el entramado de relaciones carnales con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo evidenciado en la denuncia de Pedicone contra Leiva. La gravedad de la misma, ameritaba algún tipo de declaración de parte de la Corte que nunca se produjo.
¿Estarían protegiendo un sistema ilícito que viene funcionando en esa Corte para proteger al poder político? En ese sentido, todo parecería indicar que sí teniendo en cuenta que Daniel Leiva es un juez que responde al “poder” político y que, justamente por esa razón, en el día de ayer se lo habría premiado por sus maniobras. Así funciona el poder en la injusticia tucumana, la cual perpetúa una rancia impunidad.
Realmente, la de ayer fue una triste noticia para la institucionalidad. Y es que la elección de Daniel Leiva como presidente de la CSJ es un impensado reconocimiento para quien ha protagonizado uno de los escándalos jurídicos políticos más vergonzosos de los que se tenga memoria en el ámbito judicial. Sobre todo, se trata de otro avance del poder político en su proceso de colonización del poder judicial.
Es por ello que la pregunta pasa por: ¿Qué causas contra los amigos del poder de turno pedirá Leiva que ‘sigan picando bajo’ o que se ‘maneje la intensidad’? Y es que a nadie le cabe la menor duda acerca de que el flamante presidente de la Corte va a ser ‘cuidadoso’ con temas que tengan que ver con el Gobierno, porque él es parte del mismo, de ese espacio”. Leiva viene a hacer doctrina el dicho ‘entre bomberos no nos pisemos la manguera’”.
Lo importante del caso es que la sociedad tucumana jamás olvidará que Leiva es el vocal de la Corte que fue grabado apretando a un juez para que regule la intensidad de una causa judicial vinculada con el poder. Y que, por si lo anterior fuera poco, es el juez que se juntaba a comer asados con el gobernador y el vice cuando los ciudadanos estaban obligados a estar encerrados por la pandemia de coronavirus. La cual pasará, pero la epidemia de injusticia tucumana no.
