La segunda ola de coronavirus comenzó a azotar al país y el Gobierno encendió sus luces de alarma. Con poco más de 16.000 casos el último día de marzo, la cifra más alta desde octubre pasado, Alberto Fernández enfrenta un dilema difícil de resolver: ¿Cómo atenuar el impacto de la segunda ola sin retornar a las fases más restrictivas de la cuarentena para no agudizar el malhumor social en pleno año electoral?
El presidente decidió que por el momento no se impondrá el retorno a la fase uno de la cuarentena y, con ella, el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), la economía, ya resentida con una caída del 10% del PBI el año pasado y el consiguiente aumento de la pobreza (42% en el segundo semestre de 2020), no lo soportaría. Además, una parálisis total de las actividades implicaría reeditar los planes de emergencia del año pasado, como el IFE y el ATP.
Y es que el Estado no está en condiciones de afrontar otro nuevo desembolso multimillonario en subsidios. En un año electoral, el gobierno de Alberto Fernández intentará descentralizar los anuncios de restricciones por la pandemia. En el entorno del presidente aseguran que todas las restricciones se tomarán en los distritos, ciudad de Buenos Aires y todas las provincias y municipios. Nada será ordenado por el presidente Fernández mediante un DNU como era en 2020.
Una vez más, el presidente no quiere asumir costos electorales por la pandemia. En este contexto se inscribe la reunión entre Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, este fin de semana. El presidente pretendía recrear la foto conjunta con Larreta para tomar decisiones compartidas en conjunto y coparticiparlo en las responsabilidades.
Aspira a que las decisiones futuras ante la segunda ola de la pandemia sean coordinadas entre la Nación, la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof y la Ciudad. La apuesta es restringir por distritos, según la evolución de los contagios, las actividades recreativas, las reuniones sociales y el transporte. Y fundamentalmente apretar más el cerrojo sobre la actividad nocturna.
Pero esta reunión no podrá ser debido a que anoche a última hora se confirmó que el presidente dio positivo de COVID-19. Por otro lado, la oposición de Juntos por el Cambio desconfía y es que Alberto Fernández no es aquel hombre moderado y dialoguista de principios del año pasado, en el inicio de la pandemia en el país, sino un presidente radicalizado y recostado sobre el poder de Cristina Kirchner. Las sospechas y los recelos mutuos están a la orden del día.
En la oposición creen que detrás de estos intentos del Gobierno por acercarse a la oposición subyacen otros fines. Máximo Kirchner está obsesionado con obtener el apoyo de Juntos por el Cambio en la negociación de la Argentina con el FMI, organismo al cual Cristina quiere presionar para que alargue de 10 a 20 años los plazos para pagar la deuda y Máximo pretende exhibir el aval opositor a esa exigencia. Hasta ahora no tuvo mayor éxito.
