Hay que leerla dos o tres veces para comprobar que es cierto. La carta de Alberto Fernández a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tiene un párrafo asombroso que dice así. “No es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”. El Presidente se esconde bajo la frazada de la ley 24.059 de Seguridad Interior para escaparle a la responsabilidad de resolver el desafío violento de algunos grupos de origen mapuche.
Debería recordar Alberto Fernández el Preámbulo de la Constitución Argentina que deja en claro que:
“Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”.
Esta introducción a la Constitución Argentina deja en claro que es la obligación del Poder Ejecutivo de asegurar la seguridad de todo el territorio nacional, justamente, como representante del pueblo de la Nación Argentina, ya que tiene el objeto de “consolidar la paz interior, promover a la defensa común y promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”.
Con lenguaje menos técnico, el ministro Aníbal Fernández prioriza el barrio para eludir el mismo sayo. “No señora, está equivocada, no es nuestra obligación”, explica por radio. La Gobernadora, los rionegrinos y el resto de los patagónicos ahora lo saben. Nadie del Gobierno los va a ayudar en esta encrucijada. Es impactante el proceso de degradación que viene sufriendo el gobierno de Alberto Fernández desde el resultado adverso en las PASO.
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Y ese deterioro se advierte sobre todo en el retroceso del Estado en muchas de las decisiones que más impactan en la vida de los argentinos. Los ejemplos sobra. La seguridad es uno de los escenarios donde el Gobierno manipula extrañamente la presencia y la ausencia del Estado. Utilizó la excusa de la pandemia en las cárceles para liberar a cerca de 5.000 delincuentes en la provincia de Buenos Aires.
Todas las semanas, la Argentina comprueba como cientos de esos presos liberados roban, y a veces asesinan, sin que los funcionarios, ni los jueces, ni los fiscales y mucho menos la Policía se conviertan al menos en un obstáculo mínimo y haya algún tipo de protección sobre los ciudadanos indefensos. Ahora es la amenaza, que ya lleva varios años, de la violencia ejercida por grupos de delincuentes que se abrigan con el legado de los ancestros mapuches.
Algunos de ellos lo son. Otros ni siquiera eso. Sin embargo, aprovechan la ocasión y se sirven y aprovechan de la reparación cultural que la Argentina lleva adelante con los pueblos originarios para reclamar e invadir tierras en la Patagonia, y llevar el planteo al terreno de la agresión, a la destrucción de casas o iglesias, o al incendio de un patrimonio histórico como el del Club Andino Piltriquitrón.
Los Fernández le dejaron en claro a la gobernadora Carreras, y a todo Río Negro, que el Estado no estará presente para ayudarlos a defender a la provincia. No está presente en El Bolsón, ni en Villa Mascardi ni en las ciudades de Chubut donde también se produjeron ataques contra la población. Resulta extraño para un Gobierno que se llena la boca y al que le gusta exhibirse como campeón del marketing de la presencia del Estado.
El que sí estuvo presente ante la justicia de Chile fue el embajador Rafael Bielsa. Fue en persona para defender al activista del grupo Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala, un argentino condenado a nueve años de prisión en ese país por incendiar una finca habitada. El delincuente presume de ser un jefe aborigen y no reconoce al Estado argentino ni al chileno. Esa es la gran paradoja de este gobierno, cada vez más debilitado.
La del Estado presente, que se ausenta sin remordimientos, cuando al Presidente, a Cristina o algún funcionario simplemente les conviene. Ante el pedido de la Gobernadora de Río Negro de aumentar la presencia de Fuerzas Federales, el Ministro de Seguridad, contestó que mejor sería una mesa de diálogo. O sea Alberto Fernández dice que te incendien la Patagonia, que te tomen lugares o que una patota lastime a la gente no es su responsabilidad porque no está comprometida la seguridad interior.
El Presidente de la Nación no cree que hay que restablecer el orden interior en una provincia que es incendiada por los mapuches. Recuerdo que hace un par de días el embajador argentino en Chile pidió libertad condicional para el líder de uno de los grupos que tiene en vilo a la Patagonia y es por ello que cabe preguntarse entonces: ¿Alberto Fernández está ubicado en tiempo y espacio?
Y es que no sólo el Presidente se desentiende de una de las funciones que están bajo su órbita, sino también afecta la institucionalidad con una carta que contiene una suerte de amenaza a una gobernadora que está desesperada porque todos los días le destruyen un club o le atacan la propiedad privada de uno de sus ciudadanos. Si no hay compromiso con la seguridad interior y no es competencia del gobierno nacional controlar las rutas o brindar más seguridad en la región, cabe preguntarse por último:
¿A qué se dedica Alberto Fernández si no hace esto?
