Benjamín Isaac Bromberg fue diputado nacional por el Frente para la Victoria por la provincia de Tucumán. Una vez que se le venció el mandato fue designado por el gobernador José Manzur como director de la Casa de Tucumán en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 68 años, egresó de la Faculta de Filosofía y Letras de la UBA y es pariente del ex gobernador tucumano José Alperovich, quien está con licencia en el Senado de la Nación acusado de violar a su sobrina.
Bromberg vive sobre la calle Galileo en la zona conocida como “La isla”, el sector más parecido a París del distinguido barrio de la Recoleta. En marzo de 2020, cuando la pandemia comenzaba a arreciar en la Argentina, Bromberg regresó al país de un viaje que había tenido como destino España. Aquel país era uno de los más afectados de Europa por los contagios de coronavirus.
Llegó el 5 de marzo a Buenos Aires. Y el 19 de marzo el portero de un edificio vecino al de Bromberg denunció mediante un llamado a la línea 147 de la Ciudad que el tucumano no había cumplido con el aislamiento para los que volvieran de las zonas consideradas de “riesgo epidemiológico”.
El vecino relató que lo había visto por la calle sin barbijo y sin ningún tipo de medida de protección.
El artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 firmado el 12 de marzo de 2020 por el presidente Alberto Fernández señala que “Deberán permanecer aisladas durante catorce días … las siguientes personas: … d. Quienes arriben al país habiendo transitado por zonas afectadas…e. Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por zonas afectadas”.
Bromberg fue uno de los cientos de denunciados en los primeros meses de la cuarentena cerrada por violar las disposiciones sanitarias. Fue procesado por el juez Luis Rodríguez en una causa en la que intervino la fiscal Alejandra Mángano: se comprobó que no había estado aislado al regresar de España.
En su indagatoria Bromberg había dicho que desde que volvió de España había realizado tareas relacionadas a sus obligaciones como director de la Casa de Tucumán en Buenos Aires.
Se defendió con el argumento de que por su función y la asimilación de su cargo al de un secretario de Estado, estaba exceptuado.
El juez Rodríguez dio por tierra con ese argumento porque en aquel entonces no había ninguna excepción para los viajeros desde el exterior: todos debían cumplir con dos semana de aislamiento.
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó aquel procesamiento. Los camaristas Pablo Bertuzzi, Lepoldo Bruglia y Mariano Llorens habían respaldado la actuación de Rodríguez y en su resolución rechazaron el argumento brindado por Bromberg quien había sostenido que desconocía la norma.
Los camaristas dijeron: “Así, la formación profesional y laboral del encartado -quien se desempeña como representante de la provincia de Tucumán en Capital Federal frente al Gobierno Nacional-, sumado a la gran publicidad realizada por los distintos medios de comunicación del país acerca del contenido del mentado decreto, impide otorgar credibilidad a la tesis defensista. Resulta evidente que la intención de la norma violada por el encausado era prevenir la propagación del virus mediante el aislamiento obligatorio, por una determinada cantidad de días, de quienes ingresan al país, provenientes de zonas afectadas por el virus. Su calidad de funcionario público, entonces, carece de relevancia en lo que a ello respecta”.
Esa confirmación encaminaba el caso hacia un juicio oral y público. Pero Bromberg y la fiscal llegaron a un acuerdo de conciliación a cambio de la extinción de la acción penal, algo contemplado por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
Para que finalizara el caso Bromberg ofreció entregar 60.000 pesos a la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
La fiscal Mángano había dicho: “Entiendo que el contenido de la medida beneficiará al sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires en un momento crítico, puesto que atravesamos una pandemia de gran magnitud que impacta en el sistema de manera particularmente grave. Por eso, considero que el interés público se verá satisfecho con este aporte oportuno al bien público. En caso de que el Sr. Juez homologue el acuerdo suscripto por superar el test de legalidad que la normativa exige, le solicitaré que se intime a Isaac Benjamín Bromberg para que, dentro de un plazo no mayor a los cinco días hábiles, aporte las constancias de la transferencia bancaria cuyo compromiso se ha hecho constar en el acuerdo conciliatorio suscripto y, luego, se extinga la acción penal respecto del nombrado y en consecuencia se dicte su sobreseimiento”.
Mángano comunicó el acuerdo alcanzado con Bromberg al juez Rodríguez quien lo homologó el pasado 13 de julio. En la homolgación accedió a través de fuentes judiciales, el juez recordó que el caso de Bromberg había implicado gastos porque hubo que poner policía de custodia en la puerta del edificio donde vive para evitar que saliera y además de había enviado un patrullero y una ambulancia para controlar que no tuviera síntomas.
En la resolución el juez explicó que “de lo dicho se desprende que el instituto de la conciliación penal resulta viable en el presente caso debido a que al encausado se le imputa un hecho con claras consecuencias de contenido patrimonial y se trata de un caso de leve conflictividad endilgado a una persona sin antecedentes penales, todo lo cual me lleva a concluir que corresponde homologar el acuerdo al que han arribado las partes en libertad y plano de absoluta igualdad, resultando como consecuencia razonable el criterio esgrimido por quien representa al Ministerio Público Fiscal, siendo que todas las partes consideran lo pactado como un acuerdo conciliatorio”.
De ese modo quedó cerrado el expediente para Bromberg quien no cumplió con el aislamiento que estaba previsto en marzo de 2020. Y 60.000 pesos fueron a parar al hospital de Niños.
