La ley presentada por el Frente de Todos para pagar la deuda con el FMI con fondos de los argentinos no merece mayores comentarios desde el punto de vista técnico, porque resulta ser un verdadero mamarracho jurídico de principio a fin. De todos modos, suponiendo que pueda ser aprobada, tiene nulas posibilidades reales de aplicación y ejecución.
En efecto, para que un proyecto de ley de esa naturaleza pueda prosperar, debe contener los incentivos adecuados para que los contribuyentes, que por distintas razones ocultaron su dinero al fisco argentino y lo resguardaron en otros países, sinceren los fondos obtenidos como fruto de su actividad legal. Es importante destacar que parece más bien una medida legítima de auto preservación que los ciudadanos protejan sus ahorros en jurisdicciones más estables.
Sobre todo, cuando en Argentina existe cada vez más presión impositiva, acoso regulatorio, déficit fiscal, alta inflación, riesgo de confiscación, ausencia de contraprestación de calidad por parte del Estado y, al mismo tiempo, altos índices de corrupción sistémica y estructural, que provocan gran indignación social minando la confianza de las personas en el gobierno.
Si a ello le sumamos las acciones de destrucción institucional que se observan en distintos ámbitos, la falta de seguridad jurídica y crisis del Estado de Derecho, está claro que no se encuentran dadas las condiciones para que se produzca el ingreso de capitales o su sinceramiento. Con el entorno señalado, este proyecto del Frente de Todos se erige en una ley infame que constituye un verdadero apriete fiscal.
Uno que de ningún modo incentiva a los contribuyentes argentinos a volver al sistema y, muy por el contrario, los expulsa. Lamentablemente, por múltiples razones, se fracasó en materia económica y, con la vuelta al gobierno del kirchnerismo, el acoso a quienes más aportan va en aumento. También se puede asegurar que este proyecto es puro humo y tiene nulo poder de fuego.
Esto se debe a que los organismos de control del Estado argentino que deben recabar la información han sido desmantelados y los equipos técnicos fueron reemplazados por soldados políticos al servicio de las órdenes del poder gobernante. Asimismo, la cooperación internacional no llegará por la falta de confianza en el modo de obrar de los mismos. Las fuentes de información no enviarán ningún dato para operaciones de pesca como las que se intentan.
Por ello, la capacidad de acceso real a la información de otras jurisdicciones es prácticamente nula. Además, se observa con preocupación que el proyecto constituye una ventana de oportunidad para el ingreso de lavadores de dinero que originaron sus fondos en actividades ilícitas graves, como la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas, entre otras.
Debe quedar claro que los regímenes de esta naturaleza están regulados por principios y estándares internacionales que imponen resguardos para mitigar esos riesgos (aunque no son infalibles) y habilitan las amnistías por infracciones a la ley penal tributaria o cambiaria, en la medida que la actividad que generó los fondos que estaban ocultos sea lícita. En este proyecto no hay ningún cuidado para evitar este resultado.
Es más, en el contexto en el que estamos, en el que no hay razonabilidad jurídica ni económica para sincerar el dinero generado en actividades lícitas, el proyecto resulta más bien una invitación para los delincuentes. Quizás sea la intención de este proyecto, sobre todo si se tiene en cuenta no solo el dinero que la enorme corrupción del kirchnerismo tiene resguardado en el exterior.
Sino también la necesidad de facilitar operaciones que pueden tener origen en países aliados de este Gobierno y que son verdaderos narcoestados, como Venezuela, Bolivia, Cuba o Nicaragua. En suma, la demagogia desvergonzada de una verdadera cleptocracia que nos gobernó desde el 2003 al 2015 y volvió en el 2019 pretende apretar a los ciudadanos argentinos para pagarle al FMI. Lo que proponen es inviable.
