Si no se arrepienten en los próximos días, corridos por la fusta de los sectores duros que anidan en las principales coaliciones del país, en el Congreso está por suceder una rareza. Diputados del kirchnerismo y de la principal alianza de oposición, Juntos por el Cambio, se encaminan a presentar un proyecto de ley conjunto que también cuenta con el apoyo de fuerzas provinciales, de los “bloques del medio” y de la izquierda. Un amplio consenso que parece una isla ante las fallidas convocatorias al diálogo político multipartidario.
Se trata de una iniciativa para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación” al edificio en el que funcionó el boliche Cromañón, en el barrio porteño de Once, donde murieron trágicamente 194 personas el 30 de diciembre de 2004. El proyecto es impulsado por sobrevivientes y familiares de las víctimas, que con bajo perfil y una tenaz persistencia convencieron de apoyarlo a diputados que no suelen trascender las fronteras partidarias y que en contadas ocasiones -prácticamente nunca- se reúnen bajo un mismo objetivo político.
Así, al pie del texto de la norma propuesta aparecen firmas tan disímiles como las de la camporista Paula Penacca, secretaria de la bancada oficialista; de la macrista María Eugenia Vidal, el radical Mario Negri, el “lilito” Maximiliano Ferraro, el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, la izquierdista Myriam Bregman y el diputado neurocientífico Facundo Manes. También rubrican la iniciativa Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Pro; y sus colegas Rodrigo de Loredo (Evolución Radical) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).
Fabián Marelli – LA NACION
De acuerdo a fuentes parlamentarias consultadas por LA NACION, el proyecto -que busca crear un “espacio dedicado a la memoria”, será presentado el próximo jueves en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja. Hasta allí llegarán, además de los diputados, organizaciones como la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.
Para conseguir la expropiación del edificio ubicado en Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, a metros de la terminal Once del ferrocarril Sarmiento, los diputados firmantes -entre quienes también se cuentan Margarita Stolbizer, los provinciales Luis Di Giácomo y Diego Sartori, y la socialista Mónica Fein– deben conseguir una partida específica para ser incluida en el Presupuesto 2023. En caso de que se apruebe la iniciativa, la tasación del edificio correría por cuenta del Banco Nación, indicaron las fuentes legislativas.
Los sobrevivientes y familiares del incendio de Cromañón -cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros– venían impulsando un proyecto de similares características ante la Legislatura porteña, pero no contaron con el apoyo de los diputados oficialistas. Ante esa frustración, en los últimos meses recurrieron al Congreso y tuvieron buena recepción para crear “una muestra permanente que reflejará la historia”, sostiene el proyecto de ley.
Según pudo saber este diario, además de Penacca -que ya había tratado el tema cuando fue legisladora porteña- también fue muy importante para convencer a sus colegas de JxC la diputada María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la masacre de Once, en la que murieron 52 personas en 2012, entre ellas su hijo Lucas Menghini Rey. Mientras que otros diputados, como “Topo” Rodríguez, ya tenían vinculación con el tema: en su caso, cuando era funcionario del municipio de La Matanza y organizaba festivales en Tapiales.
El tenso clima político que atraviesa el país no suele facilitar el avance de iniciativas de consenso en el Congreso. Aunque tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner se registraron algunas señales de distensión. Una de ellas fue la fotografía conjunta de los senadores la noche del hecho, el primero de septiembre; la segunda ocurrió tras el informe del jefe de Gabinete, Juan Manzur, ante la Cámara baja, donde el funcionario fue saludado por algunos de los referentes opositores, como Negri y Ritondo.
La “causa Cromañón” podría convertirse, desde el jueves, en otro ejemplo en la misma dirección. El edificio que ocupó el boliche siniestrado pertenece ahora a la sociedad “Nueva Zarelux”, cuyo dueño es Rafel Levy y a quien le fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24. ”Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias”, manifestaron los autores del proyecto.
Con información de la agencia Télam
