El kirchnerismo finalmente avanzará esta semana contra los traslados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También contra el juez Germán Castelli quien fue trasladado al Tribunal en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal. Se trata de los pliegos que el Frente de Todos rechazó diez días atrás con dictámenes de comisión firmados por el oficialismo y la senadora Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, convocó a sesión para el miércoles a las 14 e incluyó los dictámenes en el oren del día, junto con la media sanción del incremento de penas para la pesca ilegal, que se convertiría en ley, y la renovación del protocolo de funcionamiento remoto. El último tema incorporado es también un proyecto en revisión como es el Fondo Nacional de la Defensa para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Ninguno de los tres se presentó ante la audiencia de la comisión de Acuerdos del Senado, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y cuya validez cuestionó Juntos por el Cambio. La ausencia de los jueces fue el argumento principal del Frente de Todos para apurar el trámite mientras que otros siete jueces, que sí participaron y defendieron sus respectivos traslados, incluso algunos coincidieron con el oficialismo en que generaría mayor tranquilidad la aprobación de sus pliegos, aún esperan su dictamen para conocer su futura situación.
Una vez que los rechacen en el recinto, el presidente Alberto Fernández debería determinar su regreso a los juzgados de origen, aunque la Corte espera la decisión política para avanzar frente al reclamo elevado al más alto tribunal por los magistrados en cuestión. Cristina Kirchner habló del tema, vía Twitter, el último viernes. “Se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD 600 millones”, planteó y negó un interés personal aunque volvió a hablar del armado de causas. “¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”, preguntó CFK.
El argumento para el rápido rechazo fue no haber comparecido en la audiencia pública del viernes 4 de septiembre de 2020. “Evidencia su contumacia de cara al trámite complejo antes referido, su desapego al orden institucional y su inidoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto”, sostuvieron en el oficialismo. Firmaron los dictámenes Fernández Sagasti, Solari Quintana, Ana Almirón, María E. Catalfamo, José Mayans, Juan Mario Pais, Oscar Parrilli, Matías Rodríguez y Guillermo Snopek.
Fernández Sagasti anunció en el inicio de aquella audiencia, que duró unas cuatro horas, que los tres jueces habían desistido de participar lo que generó expresiones en contra de las ‘espadas’ del oficialismo en la cámara alta como José Mayans, Guillermo Snopek, Oscar Parrilli y el camporista Matías Rodríguez. “Es una lástima que el doctor Bruglia haya decidido no asistir a completar una manda constitucional al Senado”, lamentó la presidenta de la comisión tras leer la primera carta. Bertuzzi y Castelli enviaron notas similares para excusarse, además de haber acudido a la Corte para que se expida.
Desde Tierra del Fuego Rodríguez considero un “claro desprecio a todo este proceso y a la Constitución Nacional” la negativa de los jueces a exponer ante la comisión, cuyo resultado los tres preveían. Mayans habló de una “falta grave”. Y el jujeño Snopek buscó mostrar “cómo el gobierno de Macri arma una compleja estructura para usar las funciones y los procedimientos judiciales para alcanzar sus objetivos tanto políticos como económicos” en referencia a los traslados de los jueces de la llamada ‘causa de los cuadernos’ que implica a ex funcionarios y a la ex Presidenta y actual Vicepresidenta de la Nación.
Oscar Parrilli por su parte habló de un “combo perfecto” y denunció una vez más “persecución judicial” que atribuyó a Brulia y Bertuzzi. Apuntó en esa línea tras las denuncias del juez Eduardo Farah quien aseguró haber pedido su traslado ante las presiones mediáticas y de la gestión macrista. Trasladado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de Capital Federal y luego al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, Farah señaló que en los medios “pusieron en tela de juicio mi honestidad” mientras que agregó haber sido denunciado “por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y por cohecho”, de lo que fue sobreseído.
Aunque la intervención del Senado, una decisión política con sello K que en lo formal fue hecha a pedido del Poder Ejecutivo, es sólo a los efectos de validar o no los traslados (algunos de gestiones anteriores a Juntos por el Cambio) Parrilli solicitó que el Consejo de la Magistratura evalúe posibles sanciones a los tres jueces que se ausentaron de la audiencia por “incumplir” el mandato constitucional.
Tanto Snopek como Parrilli hablaron del “armado de causas” por parte de estos jueces y de haber empujado la salida de otros para ocupar sus lugares. El jujeño dijo que el macrismo “hizo renunciar a (Eduardo) Freiler, a (Jorge) Ballestero por jubilación y al propio (Eduardo) Farah por la presión mediática que recibió”.
Desde Juntos por el Cambio defendieron los decretos de Mauricio Macri por los que se trasladó a estos jueces, sin que volviera a intervenir el Consejo de la Magistratura o el Senado. Además denunciaron como “nula” la audiencia.
“En la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”, manifestaron desde el bloque opositor a través de una nota enviada por mail. “No puede soslayarse que los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión, consisten todos en jueces federales que han sido trasladados por decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento de cada traslado (Resolución del Consejo de la Magistratura 155/2000) y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018. Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, remarcaron.
A juicio de Juntos por el Cambio, sólo podrían ser revisados por el Poder Judicial y no por el Senado.
