El ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán inició su testimonio en el juicio contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y otros ex funcionarios universitarios, señalando que existen irregularidades en todas las obras financiadas con fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
Su declaración, que podría extenderse por 20 audiencias, es considerada clave para el proceso.
Guzmán, quien realizó un peritaje entre 2020 y 2023, advirtió que encontró inconsistencias en la documentación y discrepancias entre los presupuestos de las 13 obras investigadas y los precios de mercado de la época.
“Se hallaron irregularidades en cada uno de los expedientes. Cuantas más anomalías hay en una obra, más posibilidades existen de corrupción o defraudación al Estado”, afirmó.
El Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio está compuesto por los jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl. Además de Cerisola, están imputados los ex funcionarios Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino.
Por la acusación, intervienen los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, mientras que el querellante es Patricio Esperguín.
La causa investiga el manejo de $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones en aquel momento) provenientes de las regalías mineras de YMAD, cuya distribución debía destinarse a la finalización de la ciudad universitaria en San Javier y Horco Molle.
Sin embargo, denuncias por irregularidades en la ejecución de obras fueron presentadas desde 2010, primero por el arquitecto Ramón Eudal y luego por el abogado Oscar López, lo que derivó en auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y en allanamientos realizados por Gendarmería.
En su testimonio, Guzmán indicó que muchas autorizaciones de obras estaban firmadas directamente por Cerisola y que los anticipos financieros otorgados eran inusualmente altos, alcanzando el 30%. “Es llamativo que hayan otorgado anticipos financieros a posteriori de la adjudicación de las obras”, señaló.
El juicio, que lleva años de investigación y peritajes, continuará con el análisis detallado de cada una de las obras cuestionadas, mientras la Justicia intenta determinar si hubo una administración fraudulenta de los fondos destinados a la infraestructura universitaria.
