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El Tribunal de Cuentas de la provincia…”ACORRALADO”

El organismo que debe cuidar los dineros públicos, se encuentra entre la espada y la pared, por un lado, las denuncias penales que se encuentran en el Ministerio Público Fiscal y, por el otro su inacción ante el faltante del dinero en las comunas en el interior de Tucumán.

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Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia denunciado penalmente
Monóxido

La semana que pasó para jamás volver no fue una más en la vida del Tribunal de Cuentas de Tucumán, debido a que un hecho en particular lo dejó acorralado por la Justicia que comienza a oler sangre como el tiburón en el océano y sus autoridades comenzaron a sentir el temor de ver rodar sus cabezas, más pronto que tarde a causa de su pésimo desenvolvimiento como órgano de contralor.

Lo cierto es que la tensión entre la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Tribunal de Cuentas (TC) volvió a quedar en evidencia con una denuncia penal presentada por el titular del ente crediticio estatal, José Díaz, en contra de las autoridades del órgano de control. En paralelo, el TC citó al subinterventor de la Caja, Darío Amatti, a comparecer ante el Tribunal.

Asistencia Pública
Caja Popular y Tribunal de cuentas

La denuncia presentada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana endilga a funcionarios del TC la presunta comisión de los delitos de falsificación ideológica, de documentos públicos, de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El escrito menciona a Miguel Chaibén Terraf, presidente del TC; al vocal Sergio Díaz Ricci; y a los funcionarios Raúl Urueña, Corina Juárez Peñalva, Alejandro Salas Oroño, Patricio J. Bonilla y Ramiro González Navarro.

Prórroga

En la denuncia, Díaz asevera que desde junio de 2018 ha sido víctima de “constante acoso, producto de la conducta abusiva de las autoridades a cargo del Tribunal de Cuentas”. Según relató, el conflicto comenzó cuando denunció a Esteban González -afirma que es yerno de Terraf-, por supuestas irregularidades durante su gestión como asesor de la Caja. Esa denuncia por presunta malversación de fondos públicos y asociación ilícita está en la Fiscalía de Homicidios y Delitos Complejos.

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Dr. José Díaz, interventor de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia

Díaz señala que “la participación de algunos trabajadores de la CPA y de un asesor de la entidad en la concreción de actividades, en apariencia ilegales, fue corroborada por testimonios y peritajes caligráficos, lo que llevó a un sumario administrativo y a la notificación a la Fiscalía”. Además, Díaz indica que la respuesta del Tribunal de Cuentas fue “cambiar a quienes integraban la delegación fiscal por ante la CPA”, iniciando una “conducta abusiva” de las facultades.

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Díaz sugiere que los nuevos delegados fiscales, Horacio Heredia y Silvia Ruggeri, actuaron de manera abusiva, motivando acciones legales en su contra. La denuncia también cuestiona la auditoría iniciada por el TC, argumentando que los auditores designados, incluyendo al presidente Miguel Terraf, estaban “dentro de las causales de recusación” debido a conflictos de interés.

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Según esa auditoría, el ente crediticio mantiene una deuda con el Siprosa por unos $3.000 millones por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023. Díaz advirtió que la auditoría “excedía la competencia del Tribunal, afectando derechos de terceros”. Y subraya que Terraf debió excusarse de cualquier actuación administrativa relacionada con la Caja. A su vez, el interventor de la CPA enumeró una serie de “maniobras” por parte del TC que tendrían como fin entorpecer y paralizar la gestión del organismo crediticio.

Además, remarcó que tras ser multado dos veces con $50.000 cada una por el TC, Díaz recurrió a la Justicia para impugnar las sanciones que considera infundadas y violatorias. Para Díaz, este caso evidencia un patrón de abuso de autoridad y cuestiona la imparcialidad del Tribunal de Cuentas, destacando una grave falta de transparencia y justicia en sus procedimientos. “No existe ninguna deuda en favor del Siprosa y menos aún la comisión de una conducta irregular de mi parte en ejercicio de mi función”, sostuvo Díaz.

Además, negó todas las imputaciones que surgieron de las actuaciones de las autoridades del órgano de contralor y acusó a los auditores del Tribunal de Cuentas de manipular información financiera “para inflar” la presunta deuda de la Caja Popular de Ahorros con el Siprosa. Incluso negó tal deuda, remarcando que el Acuerdo 2492/24 contiene “afirmaciones falsas con el fin de incriminarme en una conducta irregular”.

Los denunciados, según Díaz, habrían cometido “una conducta violatoria de las disposiciones contenidas en el Código Penal” al utilizar una base incorrecta para el cálculo del “resultado bruto”, confundiendo “recaudación” con “ventas”. Díaz argumenta que los auditores omitieron intencionalmente los costos de funcionamiento, inflando así la base de cálculo: “Este ardid genera una base mucho más grande que los denunciados omiten a propósito para perjudicar a la CPA y a mi persona”.

Además, critica la falta de separación en la contabilidad del juego, como lo exige la Ley 5115, y acusa al TC de ignorar un convenio entre la CPA y el Siprosa que destina fondos del juego para financiar proyectos como el Centro Educativo Terapéutico (TEA). La demanda también destaca que la CPA ha cumplido siempre con sus obligaciones legales, presentando en tiempo y forma sus estados financieros, los cuales “jamás hubo una objeción por ningún funcionario de ese organismo con relación a los fondos que la caja destina al Sistema Provincial de Salud”.

Sin embargo, Díaz señala que el TC infló la deuda con el Siprosa a $3.300 millones, una cifra exorbitante basada en “ventas falsas y costos insuficientes”. Además, Díaz subraya que el Siprosa y otras entidades públicas tienen deudas significativas con la CPA, de las cuales el TC ha hecho caso omiso: “El Siprosa tiene una deuda de $477.254.446 a junio del 2023, que a valores de mayo del 2024 se incrementaría a $700 millones, generando un daño patrimonial a la Caja”.

También acusa al Siprosa de ocultar información y de pagar a la ART con una alícuota desactualizada. Para el martes de la semana que se esfumó para jamás retornar, el subinterventor de la CPA había sido citado por el Tribunal de Cuentas para “ratificar” sus críticas, en las que había dicho que la auditoría “demuestra la animosidad, parcialidad e ignorancia del TC, esta vez en la interpretación de la ley que establece la forma en que parte de los fondos provenientes del juego deben ser destinados al Siprosa”.

Amatti no acudió y fue convocado nuevamente para el lunes 24. En paralelo, mediante un proveído enviado ayer, el Tribunal también citó al interventor Díaz para que comparezca por esta causa en un plazo de tres días de recibida la notificación, bajo apercibimiento de rebeldía. Para colmo, sobre llovido mojado, para el Tribunal de Cuentas y para su presidente Miguel Terraf.

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El presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Terraf y los vocales Marcelo Vidal, Sergio Díaz Ricci

Y es que Sergio Díaz Ricci, actual vocal del Tribunal de Cuentas posee un largo cv, marcado por diferentes leyes que lo beneficiaron a él y a otros funcionarios. En ese sentido, cabe señalar que durante los 90, Ricci convirtió a la Legislatura tucumana de esa época en la “caja negra” más grande del país, tras una polémica ley (nro 6398) que permitía el uso indiscriminado de fondos estatales.

Además, logró que los gobernadores Ortega y Alperovich vivieran literalmente del Estado, ya que era este quien se hacía cargo de los gastos de sus casas: desde el supermercado hasta la limpieza y más. Pero eso no es todo ya que trascendió otra polémica que golpea al Tribunal de Cuentas de la provincia. Según reveló El Avispero, este organismo escondió una denuncia por acoso sexual y protegió al denunciado, que sería empleado de ese organismo.

“Acá hay algo que es realmente tremendo. En este sobre tengo toda la información de esta denuncia que es muy sensible. Un auditor del Tribunal de Cuentas es denunciado por una empleada estatal por acoso sexual. Es tremendo”, arrancó el conductor del programa, Roque Galeano. “Estos son chats, esto es prueba. Son chats que la víctima ha presentado a la Justicia. No voy a entrar en detalles para proteger a la víctima”, relató el conductor.

Y lo hizo mostrando ante la cámara los documentos que comprueban la información. Según se expuso en el programa, la denunciante es hija de un alto funcionario del Gobierno de la provincia. Sin embargo, tras la denuncia debió pedir un traslado en su trabajo. Además, también se precisó que la persona denunciada tiene otras denuncias por acoso sexual. Sin embargo, cuando el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, fue advertido de esta situación, él la habría minimizado.

“Cuando se hace la denuncia se activa el protocolo de la Ley Micaela. Pero todo esto se metió bajo la alfombra, porque así es el poder: esconden estas cuestiones. Hay alguien que mete la mano. En este caso estamos hablando del Tribunal de Cuentas”, denunciaron en el programa. “¿Qué esconde Terraf? ¿Qué esconde el Tribunal de Cuentas?”, fue el interrogante que sobrevoló la mesa del programa.

Además, cabe recordar que el TDC también se encuentra acorralado por las derivaciones en la Justicia que trajo aparejada la investigación luego de que desde Tucumán Despierta se advirtiera acerca del incumplimiento del Tribunal de Cuentas de la función de contralor para la que fue creada en relación a millonarias cifras que funcionarios políticos que dirigieron comunas rurales le deben al Estado.

Juan Carlos Bernard
Juan Carlos Bernard, ex delegado comunal de El Manantial y actual subsecretario de Comercio Interior de Tucumán

Un Tribunal de Cuentas que nos cuesta a todos los tucumanos, cuyos bolsillos flacos deben sostener a funcionarios que no funcionan y que están encabezados por su máximo responsable, el contador Miguel Terraf, con la paradoja y hasta ironía de que no hacen nada por reclamar por vías judiciales el resarcimiento de deudas millonarias que le deben al Estado funcionarios políticos tras el paso de estos inescrupulosos personajes por las comunas del interior.

¿Para qué tanto dinero invertido si hay cientos y miles de millones de pesos que se priva de percibir la provincia por el mal desempeño de su presidente? ¿Para qué si no hacen su trabajo y ni se preocupan por realizar los cobros correspondientes de las 93 comunas en materia de dinero que ni aparecen ni están justificado tal como te venimos mostrando desde tucumandespierta.com en forma exclusiva durante las últimas semanas?

En definitiva, lo cierto es que los desfalcos al erario público del Estado tucumano no se detienen. ¿Detendrá su maquinaria de impunidad el Tribunal de Cuentas? ¿Lo hará la Justicia de una buena vez por todas? ¿Habrá que esperar la hipotética quiebra del Estado tucumano a causa de quedarse sin los dineros públicos que comuneros rurales inescrupulosos le deben? ¿O antes quebrará la impunidad de Miguel Terraf y sus secuaces de sueldos millonarios?

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