Luego de que desde Tucumán Despierta se advirtiera acerca del incumplimiento del Tribunal de Cuentas de la función de contralor para la que fue creada en relación a millonarias cifras que funcionarios políticos le deben al Estado, trascendió otro número millonario que causará indignación en la opinión pública. Paradójicamente, no se trata del que dejan de percibir, sino que, por el contrario, es aquél que reciben por (no) desempeñar su función.
Y es que se conoció que el Tesoro General de la Provincia le transfirió recursos al Tribunal de Cuentas en materia de Gastos en Personal por el millonario valor de nada menos que $5.430.000.000. Se trata de una cifra que el ciudadano de a pie sólo en sueños podría llegar a cobrar por tareas más demandantes que las que tendrían que realizar desde el TC y que brillan por su ausencia.
Lo cierto es que esta escandalosa cifra, en lo que hace a los sueldos de quienes integran el TC, forma parte del presupuesto aprobado por la Legislatura a fines del 2023 y que corresponde al desempeño de este 2024. En definitiva, se trata de una suma millonaria que el Tribunal de Cuentas nos cuesta a todos los tucumanos, cuyos bolsillos flacos deben sostener a funcionarios que no funcionan y que están encabezados por su maximo responsable, el contador Miguel Terraf.
En ese sentido, lo indignante pasa por el hecho de que se trata de una cifra que a la sociedad tucumana le sacan de su bolsillo para mantener a un ente de control encabezado que no sólo no controla, sino que tampoco reclama por vías judiciales el resarcimiento de deudas millonarias que le deben al Estado funcionarios políticos tras el paso de estos inescrupulosos personajes por las comunas del interior.
Ahora bien, cabe preguntarse entonces: ¿Para qué? ¿Para qué cobran tamaña cifra si no cumplen con sus obligaciones? ¿Para qué si no funcionan? ¿Para qué tanto dinero invertido si hay cientos y miles de millones de pesos que se priva de percibir la provincia por el mal desempeño de su presidente Miguel Terraf ? ¿Para qué si no hacen su trabajo y ni se preocupan por realizar los cobros correspondientes de las 93 comunas en materia de dinero que ni aparecen ni están justificado?
Tal como te venimos mostrando desde tucumandespierta.com en forma exclusiva durante las últimas semanas, los desfalcos al erario público del Estado tucumano no se detienen. Por el contrario, lejos de comenzar a desandar el camino que lleve a la regularización del faltante de dinero en las comunas del interior provincial, lo cierto es que nada ocurre a pesar de las denuncias e investigaciones que dejan en claro una penosa y vergonzante realidad.
Es de cara a este penoso escenario que cobra vital importancia el no funcionamiento del Tribunal de Cuentas que esta integrado con funcionarios que no funcionan y que, por el contrario, se dan el lujo de cobrar cifras millonarias al tiempo que, como lo señalamos el pasado domingo desde este medio, incumplen el artículo 175 de la Ley de Administración Financiera de la provincia, lo cual resulta en un total contrasentido.
Sobre todo, considerando que es justamente la función inherente a este ente de control cuya principal misión brilla por su ausencia, es decir, la de controlar y velar por el erario público. Sin embargo, a la fecha no existen en los juzgados I y II de Cobros y Apremios demanda alguna con el fin de recuperar los más de 400 millones que no “aparecen” de las comunas de El Manantial, San Pablo y Los Sosa, cuyas denuncias fueron expuestas por Tucumán Despierta.
Es decir, hablamos tan solo de “una” cifra adeudada que equivale al presupuesto mensual del Tribunal de Cuentas, el cual no se preocupa de cobrar su presidente Miguel Terraf, un funcionario que claramente no funciona o ¿Funciona tan solo para sus inteteses?. Para colmo, cabe señalar que, aparentemente, el salario mensual del titular del TC rondaría los 5 millones de pesos, una cifra que, como si fuera poco, no pagan impuestos a las ganancias.
Asimismo, también debe recordarse que el gobernador Osvaldo Jaldo puso en marcha la Ley de Retiros Voluntarios en el Estado, un sistema que permite a los estatales conservar el 70% de sus haberes por un plazo de hasta cuatro años, sin la necesidad de prestar servicios. Sin embargo, un organismo dispuso que sus agentes no serán alcanzados por esta normativa. Sí, se trata del Tribunal de Cuentas.
El cual emitió el acuerdo 2.342, firmado el jueves por Miguel Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (vocales), para disponer que “por estrictas razones de servicio”, y sobre la base de lo establecido por la normativa, el personal del ente de control “no podrá acogerse al régimen” implementado a través de la Ley 9.764. Esto significa que nadie del TC quiere jubilarse ni dejar de seguir ganando fortunas.
Pero eso sí, cuando deben controlar a aquello que no rinden como corresponde las cuentas del Estado, brillan por su ausencia, lo cual sale bastante caro a los tucumanos, debido que desde el TC no realizan las acciones correspondientes, privando al erario público de la devolución de dinero que se le debe al Estado, sino que, además, cobran excesivamente por una labor que deja mucho que desear.
De esta manera, no solo se ríen del pueblo tucumano, sino que, además, enfrentan al gobernador que hace un denodado esfuerzo junto con la sociedad para reducir el Estado y hacerlo viable en épocas de austeridad.
En definitiva, se trata de funcionarios que no funcionan y que conforman una casta privilegiada, la casta que nadie ve y/o que, en realidad, no se quiere ver…
