Tal como te venimos mostrando desde tucumandespierta.com en forma exclusiva durante las últimas semanas, los desfalcos al erario público del Estado tucumano no se detienen. Por el contrario, lejos de comenzar a desandar el camino que lleve a la regularización del faltante de dinero en las comunas del interior provincial, lo cierto es que nada ocurre a pesar de las denuncias e investigaciones que dejan en claro una penosa y vergonzante realidad.
El viejo dicho popular reza que no es mala la verdad, sino el hecho de que no tiene solución. En ese sentido, lo cierto es que el Tribunal de Cuentas incumple el artículo 175 de la Ley de Administración Financiera de la provincia. Lo cual resulta en un total contrasentido teniendo en cuenta que es justamente la función inherente a este ente de control cuya principal misión brilla por su ausencia, es decir, la de controlar y velar por el erario público.
Sin embargo, a la fecha no existen en los juzgados I y II de Cobros y Apremios demanda alguna con el fin de recuperar los más de 400 millones que no “aparecen” de las comunas de El Manantial, San Pablo y Los Sosa. Al respecto, cabe recordar que Juan Carlos Bernard fue sancionado por el mismísimo Tribunal de Cuentas tras una larga investigación en la que el funcionario se declaró en rebeldía por no presentarse a declarar.
La resolución declara al ex comisionado como responsable de la falta de rendición de $151.112.621,03 millones, por lo que dicha resolución contra Juan Carlos Bernard debería ser un punto de inflexión. Y es que, para colmo, cabe mencionar que se trata de un monto de por sí escalofriante. Pero que, además, deberá ser actualizado hasta la fecha de su efectivo pago, por lo que aumentará más y más con el correr del tiempo.
Sin embargo, el dinero no “aparece” y, lejos de constituir un problema para el mencionado, actualmente se encuentra ocupando el cargo de Subdirector de Comercio Interior de la provincia.
Pero la localidad de El Manantial es apenas la punta del iceberg de una situación que se repite en otras comunas del interior de provincia, y que la investigación llevada a cabo por Tucumán Despierta sobre las mismas, permiten que mostremos a la opinión pública cómo se manejan los dineros de los tucumanos, los cuales navegan en un océano de aguas turbias y mucha impunidad desde hace varios años.
En ese sentido, recordemos también que en el caso de la comuna de San Pablo y Villa Nougués se estableció que existen Fondos Pendientes de rendir de las mencionadas localidades, correspondiente al último bimestre del año 2021, sobre Comprobante de Observación Nº 1155 por un importe $5.886.119,49, una cifra que no fue rendida en el Tribunal de Cuentas de la provincia. El Juan Carlos Bernard de este caso tiene nombre y apellido.
Y es que se trata de Sergio Luis Castro, quien se desempeñaba en el período sobre el que no rindió fondos, como comisionado comunal de San Pablo y Villa Nougués. A causa de esta irregularidad sobre la cual el sindicado no da la cara, el Tribunal de Cuentas de Tucumán dispuso la Apertura de un Sumario de Cuentas. Por último, el acuerdo N° 1352 del 4 de abril del año pasado, también dispuso la sustanciación de un Sumario de Cuentas en esta comuna.
Y la dispuso por la falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 5213 (5º bim/17) por la suma de $8.131.524,16; Nº 5042 (6º bim/17), por la suma de $3.278.419,09 y Nº 4864 (3º bim/2017), por la suma de $5.812.627,52, todo lo que asciende a la suma de $17.222.570,77. Pero en este caso, se dispuso la sustanciación de un Juicio de Cuentas por la falta de regularización de los saldos pendientes ya no sólo contra Sergio Luis Castro en su carácter de comisionado comunal de estas localidades.
Sino también en contra de su propio hermano, es decir, Daniel Fernando Castro, en su carácter de Comisionado Comunal de la Comuna de San Pablo y Villa Nougués en ese período. Como si todo esto no fuera suficiente, desde Tucumán Despierta corrimos el velo hace dos semanas acerca de un nuevo escándalo en otra comuna del interior.
Esta vez, le tocó el turno a la comuna de Los Sosa, donde a los funcionarios a cargo, se los declaró patrimonialmente responsables de casi 124 millones de pesos. Como si esto fuera poco, la semana pasada te contamos la grave denuncia que pesa sobre el delegado José Albarracín. Además, la situación se agrava ya que tuvimos acceso a un acuerdo con la denuncia efectuada ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.
En la cual el Sr. Ramón Alberto Soria, quien es el secretario Habilitado de esta comuna, realiza una grave denuncia en la cual deja asentado que el delegado José Albarracín vendió terrenos de propiedad de la comuna para pagar deudas del hijo, que serían del juego. De acuerdo al Expediente N° 1781-270-RAS-2022, Soria Ramón Alberto, en su carácter de secretario Habilitado de esta comuna, denunció al Comisionado Comunal de Los Sosa poniendo en conocimiento del Tribunal de Cuentas “actos de disposición de inmuebles de propiedad de la Comuna Rural de Los Sosa de manera irregular”.
Pero esto no es todo, de hecho, lo más concreto de la denuncia se conoció a continuación. Y es que el denunciante indica que el delegado Comunal de Los Sosa, es decir, José Albarracín, “vendió a particulares, como parte de pago de una deuda contraída por el ex delegado comunal (su hijo) durante el mandato 2015-2019, terrenos otorgados a la comuna mediante Ley Nº 9288 de expropiación con destino a la construcción de viviendas sociales del padrón Nº 45.623 Sección H, Lámina 76”.
Si lo anteriormente descripto es grave, lo es más aún el hecho de que el Tribunal de Cuentas (sí, otra vez sopa) no habría realizado la denuncia penal correspondiente, a pesar que la grave denuncia del secretario habilitado, según consta en el Acuerdo 1211, lleva más de 14 meses que tomó conocimiento el organismo que debería velar por el cuidado del erario público.
En definitiva, se trata de tres grandes irregularidades que no hacen más que acentuar una situación que se repite, ya no tan sólo en lo que hace a la forma en la que “desaparecieron” cuantiosos fondos públicos de las arcas de comunas en el interior provincial. Sino que, además, al igual que en el caso de Juan Carlos Bernard en El Manantial, luego siguen ocupando cargos públicos.
Es por ello que cabe preguntarse: ¿Qué esperan para despertarse el presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Terraf y los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci? Y es que, al menos hasta este domingo, no existe ninguna demanda para que el Estado provincial recupere los dineros que desaparecieron, es decir, el Tribunal de Cuentas no tan solo está incumpliendo sus deberes de denunciar en la justicia penal.
Sino también en cobro y apremios para embargar a estos funcionarios que ya fueron encontrados patrimonialmente responsables de los cientos de millones desaparecidos por el mismo tribunal de cuentas. Lo curioso es que este organismo utiliza cobro y apremios para funcionarios de bajo rango y los demanda por sumas insignificantes comparadas con las mencionadas. Pero cuando se trata de demandar y cobrarles a delegados comunales mirarían para otro lado. ¿Por qué?
Cabe recordar que el Art. 175 y concordantes de la Ley de Administración Financiera N° 6.970/99 y sus modificatorias reza: “Los fallos condenatorios del Tribunal de Cuentas tendrán fuerza ejecutiva y constituirán título suficiente para iniciar el cobro por la vía establecida para las ejecuciones de los tributos provinciales, mediante copia legalizada del mismo”.
¿Entonces qué esperan Terraf, Vidal y Díaz Ricci?
Estas autoridades del Tribunal de Cuentas, que a pesar de haber administrativamente fallado en casos como el de Juan Carlos Bernard al sostener que tiene que pagar esos millones que no aparecen, ¿Cumplieron con sus deberes y obligaciones de funcionarios públicos y lo denunciaron en la Justicia penal como lo establece el art. 147 del código procesal penal? Es más, ¿No deberían Bernard y los demás figurar en el Registro de Sanciones e inhabilitaciones de la Administración Pública?
Finalmente, ¿Los tres máximos responsables del Tribunal de Cuentas están cumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos?…Lo revelado hasta aquí por parte de nuestro medio deja en claro que, parecería que no.
En ese sentido, por último, cabe preguntarse: ¿Actuarán de una buena vez, tanto el presidente, como los vocales del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, demandando en la justicia a los responsables patrimonialmente de cientos de millones de pesos o seguirán incumpliendo con las funciones inherentes a sus cargos?.
