La Justicia es una de las instituciones que más descrédito ha ganado en la sociedad al tiempo que ha perdido la confianza de la gente. Esto no sorprende cuando en lo que hace a Tucumán, el Poder Judicial se habría convertido en cómplice de quienes cometen delitos y, lejos de juzgarlos, les estaría brindando inmunidad a determinados personajes de la política local.
Es el caso del legislador oficialista Jorge Yapura Astorga y de su ex secretaria de Gobierno y actual presidente del Concejo Deliberante tafinisto, Sonia del Carmen Saavedra Saavedra. Y es que la postulación de estos nefastos personajes para tratar de volver al poder en Tafí del Valle, llega justo cuando estamos a menos de un mes de que se cumpla un año desde la suspensión del juicio oral contra el ex intendente tafinisto, acusado nada menos, porque se habría enriquecido ilícitamente.
En ese marco, los ciudadanos de Tafí del Valle deberían comprender que estamos hablando de alguien que, en el caso de Jorge Yapura Astorga, es nada menos que un legislador provincial, es decir, un funcionario público que hace ocho años viene siendo beneficiado con un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción que viene siendo postergado de manera sistemática y con total impunidad.
Cuando en mayo del año pasado, justo en el momento en el que parecía que por fin el debate oral al que debe ser sometido Yapura Astorga comenzaría, su suspensión no hizo más que consagrar la victoria del poder, la injusticia y la corrupción en Tucumán, una provincia que parece estar presa del síndrome de Estocolmo, debido a que no sólo permanece secuestrada por la corrupción.
Sino que también se “enamora” de dirigentes políticos que se enriquecieron a costa del propio pueblo al que vuelven a recurrir en busca de votos que los devuelva al poder para, por un lado, continuar saqueando al erario público, y, por otro, para conseguir fueros que les terminen de garantizar la impunidad de saber que la Justicia tucumana jamás podrá tocarlos sin importar nada de lo que pase.
En ese sentido, tal parece que delitos tales como Incumplimiento de Los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita, ya no sólo no parecieran revestir la importancia suficiente como para ser juzgados de una buena vez.
Sino que hasta pareciera que tampoco hacen mella a la hora de siquiera significar algún tipo de impedimento a la hora de postularse nuevamente para ejercer cargos ejecutivos en el municipio de Tafí del Valle. Una de las razones por las cuales era muy necesario que comenzara el debate oral se debe al hecho de que se trata de un juicio que sentó jurisprudencia y del cual no existen antecedentes desde el retorno de la democracia.
Y es que sería un juicio en donde un funcionario con fueros iba a ser sometido a un debate oral. Incluso, hasta se sentó en el banquillo de los acusados, pero lamentablemente sólo alcanzaron a ser apenas 30 minutos durante el 26 de mayo del año pasado debido a que ese mismo día el presidente de la Corte Suprema de Tucumán Dr. Daniel Leiva y la Dra. Claudia Sbdar decidieron echar por tierra todo el trabajo que se vino realizando durante 7 años para llegar a ese momento histórico, haciéndole lugar a un recurso presentado por Yapura Astorga, que curiosamente había sido rechazado anteriormente por la Dra. Sbdar. El 15 de este mes se cumplieron ya ocho años desde que fueran denunciados.
Lo cierto es que a todas luces resulta evidente que habría complicidad de los integrantes de la Corte Suprema encabezada por el más que polémico titular del máximo tribunal, Daniel Leiva. Esto se debe a que la decisión fue notificada instantes antes de que comenzara el juicio oral contra Jorge Yapura Astorga, Sonia Saavedra y media docena más de imputados, los ochos pertenecientes al “clan Yapura Astorga” ya que se trata de familiares y gente cercana al ex intendente.
Lo que quedó claro, es el hecho de que la Justicia en Tucumán es más bien injusticia y no es más que un poder que ya ni siquiera se toma la molestia de fingir disimulo alguno a la hora de proteger a la casta política provincial. Y es que se trata de un poder que pone en grave riesgo al sistema republicano de gobierno, un poder judicial adicto a los políticos de turno inmerso en una provincia que pareciera no reaccionar ante la corrupción.
Lo cual es más grave si se tiene en cuenta que la sociedad tucumana demuestra día a día un hartazgo sin precedentes. Que sea la propia Justicia la que genera injusticia resulta inconcebible en el marco de una república, sobre la que atentarían los propios integrantes de la Corte Suprema local. Pero que también puedan postularse de manera campante habla de un Tucumán que pareciera no tomar dimensión de la gravedad de este hecho.
Y es que realmente corre peligro la continuidad de la democracia con un poder judicial que promueve la impunidad de la clase política. La Justicia de Tucumán, pareciera mirar hacia otro lado y dormir el sueño de los justos, cuando se trata de juzgar a políticos corruptos. Los cuales, a su vez, también son beneficiados con la posibilidad de volver al poder por medio de esa herramienta tan democrática como lo son las elecciones libres.
Mientras el poder los arropa con vestimentas de impunidad que les queda a medida debido que están confeccionadas por el sastre de la corrupción que les da vía libre para volver al ruedo político en pos de asegurarse fueros y negocios, como si ya no los tuvieran a ambos desde el vamos en Tucumán.
En ese marco, cabe preguntarse: ¿Acaso el procesamiento de Jorge Yapura Astorga y Sonia Saavedra por delitos de corrupción no reviste la suficiente gravedad como para que la Justicia haga algo? Y es que siempre es lo mismo con este Poder Judicial local, parecería darle impunidad a esta “casta” política, la cual hasta es “premiada” con la posibilidad de volver a ejercer cargos ejecutivos.
En una provincia normal, no debería caber dilación ni postergación posible. En una provincia normal, el poder político no debería premiar a estos nefastos personajes con la posibilidad de volver a ejercer cargos públicos. En una provincial normal, el muy cuestionado Daniel Leiva, debería recordar que la sociedad espera su intervención para que la causa de Yapura Astorga no termine siendo un escándalo por la inacción de este poder del Estado.
Pero decidió actuar de forma contraria de espaladas a una sociedad tucumana saturada por la impunidad con la que todos se manejan en las altas esferas del poder. Es por ello, en vísperas de que se cumpla el primer año de la consagración de la impunidad y la corrupción, cabe preguntarse si la causa por corrupción del procesado legislador oficialista Jorge Yapura Astorga también terminará siendo un escándalo provincial.
Justamente, a causa, no de la casualidad, sino por culpa de la inacción alevosa de quienes integran el máximo tribunal, es decir, los que serían los representantes de la impunidad en Tucumán. Pero también de una provincia que hace la vista gorda ante la casta política que premia a sus integrantes con postulaciones. Confirmando así que la impunidad sería moneda corriente en Tucumán, todavía mucho más de lo que vino siendo hasta ahora.
