El juez Alberto Baños elevó a juicio oral la causa contra ocho integrantes de la cúpula de Camioneros, el gremio liderado por Hugo Moyano y Pablo Moyano. El magistrado consideró a los directivos responsables de extorsión y asociación ilícita.
El expediente se originó tras la denuncia de Nancy Pastorino, vicepresidenta de Expreso Pontevedra, una empresa transportadora de carga, a quien los acusados habrían extorsionado en reuniones, celebradas bajo presión, y mediante llamados telefónicos.
Según el fiscal de la causa, Martín López Perrando, los integrantes de Camioneros intimidaron a Pastorino, durante diciembre de 2017 y mayo de 2018, “a través de amenazas y coacción moral, con la finalidad de que esta última entregara dinero y/o cheques a favor del Sindicato de Choferes de Camiones y del Club Social y Deportivo Camioneros, a través de una exigencia ilegítima que consistió en reclamar una deuda relacionada con la incorrecta liquidación de las planillas de kilómetros recorridos por los choferes de la empresa ‘Expreso Pontevedra S.A.'”. Así lo detalla la resolución a la que tuvo acceso TN.com.ar.
“La conducta de los imputados reveló el despliegue de herramientas de presión de corte logístico como así también administrativo, como la expedición de documentación que el Sindicato emite con carácter discrecional y que obra en la causa como ‘Constancia de Libre Deuda y Conflicto Sindical’, sin la cual no podían trabajar. También cabe señalar la amenaza de impedir la salida de los camiones de ‘Expreso Pontevedra S.A.’ y/o impedir su ingreso a la planta de las empresas dadoras de carga para interrumpir su fuente de trabajo”, sigue la imputación del fiscal.
Concretamente, Pastorino denunció que los imputados le exigían el pago de una deuda de casi dos millones de pesos por diferencias en la cantidad de kilómetros que la firma le liquidaba a los choferes. Una deuda que, según la directiva de Expreso Pontevedra, no existía.
Perrando comprobó que el dinero que pagó Pastorino bajo coacción, fue “desviado a las arcas del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, con el cual la firma ‘Expreso Pontevedra S.A.’ no guardaba ningún tipo de vinculación”.
Baños concluyó que la base probatoria sobre la “cual el fiscal ha requerido la elevación a juicio es sólida y permite habilitar la próxima etapa de juicio oral”.
Consciente del impacto político que podría tener su decisión, el magistrado escribió en el documento: “Tanto la anterior titular del Juzgado (Wilma López) como quien suscribe, jamás nos hemos apartado del conocimiento y decisión de las causas que nos han sido planteadas, con absoluta ajenidad de la posible interpretación que de nuestra actuación pueda realizarse, sin recibir ninguna otra indicación que aquellas que nos dictan la letra de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes que emanan del Poder Legislativo Nacional; así ha sido y será, con la absoluta preservación de la independencia judicial y pues, para el caso de que alguien pretenda indicarme de qué modo conducirme en la función que tengo el honor de ejercer (circunstancia que hasta el día de hoy no se ha verificado en esta ni en ninguna otra causa), será denunciado ante las autoridades correspondientes”.
Los acusados son Jorge Osvaldo Zenklusen, Mario Ernesto Villalba, Armando Raúl Altamirano, Juan Alberto Acevedo y David Andrés Tamola, Emilio Alfredo Puebla y Paulo Héctor Villegas.
