El juez federal Luis Rodríguez envió hoy a juicio oral al ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta y otros 17 procesados por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).
El magistrado realizó un cierre parcial de la investigación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 procesados por supuesta “defraudación por administración fraudulenta”, entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, y el intendente de Rio Turbio Atanasio Pérez Osuna.
Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña.
“Entiendo que no existe elemento probatorio o argumental alguno que permita modificar la situación procesal de los imputados”, sostuvo Rodríguez al rechazar pedidos para dictar el sobreseimiento a De Vido, Baratta y otros acusados.
Las defensas argumentaron que falta terminar una pericia contable pero el juez informó que se ordenó a los peritos la entrega de la misma para el próximo 30 de septiembre.
La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria “cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal” que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero y habrían sido desviados.
Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz”.
“Ello en connivencia con funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz, y los fundadores, directivos y empleados de la referida Fundación”, sostuvo el juez.
A través de esa maniobra, “se celebraron convenios por un monto total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y seis millones cuatrocientos mil ($4.866.400.000), de los que se facturaron pesos mil trescientos setenta y nueve millones novecientos veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve ($ 1.379.923.949)”, detalló el juez en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación.
“El perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de pesos ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil ($ 176.074.000)”, estimó el juzgado.
El importe “se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por ´gastos administrativos ‘reconocidos en los convenios investigados en el sumario, que ascienden a pesos noventa y un millones novecientos noventa mil ($ 91.990.000) y pesos ochenta y cuatro millones ochenta y tres mil ($ 84.083.000), respectivamente”.
“De acuerdo a lo informado por la SIGEN, además, existe un monto de pesos ochenta y ocho millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta ($ 88.320.750) en concepto de ´gastos administrativos´ que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT”, explicó.
Además de De Vido y su entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Baratta, fueron enviados a juicio los entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, el interventor de YCRT Pérez Osuna, el decano de la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN, Martín Juan Goicoechea, el Coordinador General de YCRT Miguel Ángel Larregina y la responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT, Marta Nilda Pérez.
También el asesor de la Intervención YCRT Juan Marcelo Vargas; el gerente de Explotación de Fernando Lisse; el presidente de la Fundación, Hugo Sánchez; el rector de la UTN, Héctor Brotto; el jefe del Departamento de Compras de la Delegación Buenos Aires de YCRT, Ramón Alfredo Chanampa, entre otros.
De Vido es juzgado actualmente junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y ya fue condenado por la tragedia del tren de Once.
