Finalmente, en la madrugada de este miércoles, el Senado terminó aprobando la legalización del aborto en Argentina. De esta manera, un crimen como el asesinato de un niño en el vientre de su madre ahora no sólo será posible, sino que además será legal. Salvo por una posibilidad, algo que anticipamos desde este medio el pasado día lunes: la denuncia ante la Justicia acerca de la inconstitucionalidad de la normativa.
Hasta que desde Tucumán Despierta publicamos hace dos días que se trataba de una ley inconstitucional, nadie hablaba en nuestra provincia acerca del carácter de inconstitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo. No sólo nadie hablaba de que se trata de una normativa que es absolutamente ilegal, a causa de que la Constitución Nacional Argentina defiende expresamente la vida desde la concepción en el seno materno.
Muchos menos se hablaba de la posibilidad de realizar algún tipo de denuncia. En ese marco, Tucumán Despierta fue el único medio de la provincia que anticipó las denuncias por inconstitucionalidad que se presentarán de aquí en más ante la Justicia de parte de innumerables personas, ONGs e instituciones como el caso de la Iglesia Católica, por lo que será la palabra de la Corte Suprema la que en algún momento defina este asunto.
En ese sentido, tal y como lo anticipó Tucumán Despierta hace 48 horas, que según fuentes consultadas, fue la propia senadora Silvia Elías de Pérez quien oficializó públicamente que presentará la denuncia en contra de la ley en caso de ser aprobada como terminó ocurriendo en la madrugada de este miércoles. “Es inconstitucional”, manifestó ayer delante de los micrófonos de la prensa antes la consulta sobre los pasos a seguir ante la eventual aprobación.
“Será un juez de la Nación argentina el que termine resolviendo” la validez de la norma dijo Silvia Elías de Pérez debido a que “vamos a plantear la inconstitucionalidad”. Incluso, la senadora utilizó exactamente los mismos argumentos esgrimidos por este medio acerca de que “lo único que obliga a un país, es a lo que el propio país se obliga”, en alusión a la existencia de tratados internacionales sobre la materia.
Justamente, señalamos desde Tucumán Despierta que este tema jamás podría ni siquiera haberse tratado en el Congreso, debido a que la Constitución de la Nación lo prohíbe, pero también los tratados internacionales, que exhiben lógicamente una prohibición expresa. Se trata de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, los cuales prohíben de forma expresa la regresión de los derechos consagrados.
Con la aprobación de la IVE, se recurrió a un instrumento legal como lo es una ley con el fin de brindarle un marco normativo al aborto, que no sólo es inconstitucional, además, resulta improcedente debido a que viola las normas internacionales y de legislación expresa. Pero también es discriminatorio y lesivo del derecho constitucional de igualdad ante la ley porque establece un tratamiento distinto a la protección jurídica a niños deseados de quienes no lo son.
En ese contexto es que Silvia Elías de Pérez señaló que “nuestro país se ha obligado, y esto es muy bueno para los estándares más altos de protección de la vida desde el momento mismo de la concepción y lo ha hecho con los tratados internacionales que ha firmado”, mientras que agregó que “este proyecto se lleva puesta nuestra Constitución”. Por lo que, de aquí en más se producirá una estampida de pedidos de inconstitucionalidad, tal como lo adelantó en forma exclusiva Tucumán Despierta.
