Muchas veces las cifras hablan por sí solas y en este caso no es la excepción. Que en apenas seis meses el Gran Tucumán haya tenido la mayor cantidad de asesinatos que en los últimos cuatro años, no es un dato más. En el primer semestre se registraron 73 homicidios, con la característica de que aumentaron aquellos crímenes denominados intrafamiliares e intravecinales. Claramente la inseguridad se ha instalado peor que la mismísima pandemia de coronavirus.
Así lo revela un estudio realizado por el Poder Judicial que da cuenta acerca de que tan sólo en el Centro Judicial Capital, se registraron 65 asesinatos. Esto significa que, en lo que va de este año, y teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo hemos estado en cuarentena, se sucedieron más hechos de sangre qué en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. De hecho, las autoridades están preocupadas, justamente, porque esto ocurre en medio del aislamiento.
Y eso implica que la tendencia va en aumento, lo que habla del peligro que se vive en las calles en nuestra provincia. El otro dato que le genera curiosidad a las autoridades gubernamentales, y que desde este medio se viene haciendo notar desde hace tiempo, pasa por las resoluciones sangrientas en el marco de los conflictos vecinales. Y es que casi la mitad de los asesinatos cometidos en la primera mitad del año se trata de homicidios de este tipo.
O tienen que ver con peleas o ajustes de cuentas. Y es que el consumo de alcohol y de drogas en el marco de un contexto de limitaciones, tanto de movimiento como económicas, ha llevado a que muchas personas intenten resolver de la peor manera los problemas que existen entre ellos. Por otra parte, según el estudio realizado, casi una veintena de seres humanos murieron en ocasión de robo. Las cifras son insignificantes a la par de la sensación de miedo que hay en las calles.
Cabe recordar que hace unos días, desde Tucumán Despierta dimos cuenta de cómo nuestra provincia se había convertido en la segunda en tener mayor cantidad de asesinatos. Cuando en el año 2001, Tucumán era la segunda que menos muertes de este tipo había registrado. Obviamente, el papel que juega la pauperización económica que se produjo en el año 2002, hizo que la pobreza se consolidará de manera estructural, sobre todo la desigualdad.
Pero la cuota parte de responsabilidad que les cabe a las autoridades gubernamentales por su ineficiencia, es determinante en esta realidad. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, sigue firme en su puesto y nadie puede explicar muy bien por qué. Además, la Policía provincial que está bajo su mando, deja mucho que desear por su accionar, tal y como lo hemos comprobado también en estos primeros seis meses del año. Pero los legisladores locales creen que todo esto puede resolverse con un par de leyes que no tienen el más mínimo estudio previo, como la ley anti motochorro. O la que creó una línea anónima gratuita para denunciar abusos policiales y de guardiacárceles. Ellos están acostumbrados a maquillar la realidad, pero la misma necesita una transformación profunda. Hasta que eso no ocurra, los tucumanos seguirán pagando con su vida la inseguridad.
