¿Cuántas personas fueron víctimas de los empleados de la eliminada subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat? La pregunta no tiene respuestas porque con el correr de las semanas se van descubriendo nuevas maniobras que habrían realizado algunos empleados estatales. El fin habría sido quedarse con el dinero de las personas que pretendían conseguir la titularización de sus inmuebles. Primero se pensó que habrían actuado en un loteo de El Mollar, pero ahora se sabe que habrían utilizado otra estrategia en El Cadillal y a lo largo y ancho de la provincia.
En enero pasado, la Fiscalía de Estado realizó una denuncia penal contra los responsables del “Loteo Gaucho Castro”, un emprendimiento que consistió en la usurpación y posterior comercialización de tierras fiscales en El Mollar. El fiscal Miguel Varela descubrió que dos empleados y el titular de la repartición podrían haber estado involucrados en la maniobra, por lo que el gobernador Osvaldo Jaldo decidió eliminarla a través de un decreto. El investigador, en su teoría del caso, indicó que se trataba de una especie de inmobiliaria que funcionaba dentro de la estructura del Estado que se dedicaba a la comercialización de tierras fiscales. No obstante, por ahora la cantidad de indicios que surgen en la pesquisa le impiden al representante del Ministerio Público acusar formalmente a los implicados.
El lunes, según confiaron fuentes judiciales, los abogados de la Dirección General de Catastro presentaron otra demanda en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Señalaron a cinco empleados de Regularización Dominial de realizar maniobras para que decenas de compradores pudieran escriturar las tierras de El Cadillal que compraron en loteos ilegales porque se trataban de bienes que pertenecían al Estado.
Nombres repetidos
Las maniobras eran diferentes, pero se realizaron en el mismo período. Según el fiscal Varela, antes de 2020, los empleados de Regularización Dominial Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, se habrían contactado con Juan Pablo Castro, un poblador de El Mollar de 80 años que pretendía la titularización de unas tierras que había recibido como forma de pago y que estaban en la Reserva Natural La Angostura. Le habrían ofrecido comercializarlas a cambio de recibir el 20% de las parcelas como forma de pago. Los agentes estatales, según la teoría del investigaría, se encargarían de conseguir la documentación necesaria para darle un manto legal al proyecto.
No pudieron hacerlo porque en octubre pasado se descubrió la maniobra. Más de 30 personas adquirieron terrenos, pero fueron desalojadas por orden judicial y la Provincia recuperó las tierras. Trujillo y Barreiro y el ex titular de la repartición, Fernando Rogel Chaler (habría firmado una constancia que favorecía el desarrollo del emprendimiento), por ahora fueron notificados de que serán investigados por usurpación y estafas reiteradas, pero no se descarta que también se los acuse de asociación ilícita.
Trujillo y Barreiro encabezan la lista de empleados denunciados por Catastro en la Justicia en la que también aparecen Gustavo Lagarrigue, Pablo Domingo Zossi y Norma Silva. Los acusaron de haber cobrado dinero para brindar constancias de que las personas estaban realizando los trámites de escrituración con el fin de iniciar numerosos trámites, como acceder a los servicios de luz, agua y gas natural. También las autoridades sospechan que podrían haber cobrado para iniciar los trámites de regularización dominial. Como prueba, los denunciantes presentaron videos donde aparecen filas de personas en la oficina de la dependencia recibiendo dinero.
Los funcionarios tienen su teoría sobre la maniobra que habrían desplegado en El Cadillal. En un video viralizado días atrás por la periodista Marisa Suárez, se observa a Trujillo en una reunión informando a los vecinos de Villa del Lago que les firmaría constancias para que realicen las gestiones con las que podrían obtener el servicio de energía eléctrica, trámite que esa repartición no puede realizar. También, según las denuncias que se recibieron, habría ofrecido a concretar las escrituraciones de los terrenos.
Varias personas se presentaron en Catastro para explicar que Trujillo les habría propuesto realizar los trámites de regularización de sus propiedades. Los que aceptaban la propuesta debían contratar a Barreiro o Zossi para que confeccionaran el plano de mensura con el que se iniciaría el expediente. Este proceso no formaba parte del plan aprobado por la ley 9.351 en el que el Estado les daba la oportunidad a los compradores a adquirir, a través de una licitación, las tierras que le pertenecían al Estado, sino por otra que autorizaba a la Provincia a titularizar los inmuebles a personas que las usaban como viviendas únicas.
Según las pruebas que presentaron, les habrían pagado entre $180.000 y $240.000 para iniciar el trámite por el que recibían un número de expediente que nunca avanzaron. Los denunciantes, que dijeron que hasta el mes pasado los apuntados los seguían presionando para que les paguen por la tarea que realizaron, dejaron videos donde se puede observar personas haciendo una fila en lo que sería la oficina de la repartición con dinero en la mano y al menos un empleado contando dinero. Vale la pena aclarar que los trámites que se realizaban en esa dependencia eran gratuitos.
En la mira
Los investigadores sostienen que estas maniobras no podrían haberse realizado sin la complicidad de otros funcionarios de mayor rango, ya que los señalados sólo eran empleados estatales. En el caso del “Loteo Gaucho Castro”, el comisionado rural de El Mollar Jorge Cruz está siendo investigado por su posible participación en el caso. Hasta aquí se sabe que en la sede comunal se afirmaba que el emprendimiento era legal, cobraba servicios y, tres años después de que comenzaran a comercializar las tierras, le otorgó la factibilidad del suministro de agua potable, cuando en realidad debería haber sido autorizado antes de que se vendieran las parcelas.
En El Cadillal la situación es diferente. El actual comisionado Dante Delgado tuvo vinculación en el caso, pero fue cuando estaba en plena campaña electoral. Él estuvo presente en la reunión que realizó Trujillo en la que se comprometió a extender constancias sin valor a los vecinos de Villa El Lago. A fines de marzo de 2023 y los primeros días de abril, convocó a los compradores de tierras a comenzar con las gestiones de regularización dominial. Esa tarea no sólo se realizó días antes de que se iniciara el proceso de licitación de para la compra de los terrenos al Estado y fue llevada adelante por las personas que están siendo investigadas por el “Loteo Gaucho Castro” y ahora fueron denunciadas por Catastro.
