La violación del decreto presidencial de aislamiento fue denunciada en otra empresa de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse.A través de un comunicado, la Asociación de Prensa de Tucumán denunció a la gerencia de la radio LV12 por convocar a presentarse en las instalaciones de la emisora a cinco trabajadores mayores de 60 años que forman parte del personal de riesgo.
En la misiva se solicita a la empresa a que cumpla con las disposiciones nacionales de aislamiento dispuesto para la población de riesgo y a adoptar las medidas de seguridad e higiene correspondientes.
“Este lunes, efectivamente se presentaron en la radio, obligados por la patronal, trabajadores que forman parte del grupo de riesgo de infección de Covid-19 pese a todas las disposiciones sanitarias vigentes”, denunció Cynthia Otera, delegada del gremio.
Actualmente, la emisora pertenece a Martín Salas, esposo de Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia. El matrimonio también es propietario de la empresa de servicios de limpieza “Brillante”, donde se habrían registrado 60 despidos a pesar del decreto nacional que lo prohíbe. Una empresa contratista que presta servicios de limpieza con personal precarizado para las instalaciones de la administración pública. Salas también fue denunciado por abrir sus locales de Havanna en plena cuarentena, según publica La Izquierda Diario.
Desde hace varios años la emisora radial viene arrastrando denuncias por incumplimentos en el pago de los salarios. En febrero la gerencia amenazaba con cerrar la radio de no aceptar una reducción salarial del 50% por seis meses en los salarios de sus trabajadores. Con el inicio de las medidas de fuerza de los trabajadores, la empresa finalmente tuvo que abonar los salarios.
En aquel momento los trabajadores denunciaban a los directivos señalando una refacción millonaria en el edificio de la emisora: “Realizaron una millonaria inversión. Cambio de pisos, pintura nueva, paneles carísimos. Pero los empleados sólo cobrarán la mitad del sueldo”.
Un repaso por los acuerdos publicados por el Tribunal de Cuentas permite tener dimensión de la pauta publicitaria destinada por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública. El último acuerdo (Nº 230, con fecha del 29 de enero) fija una partida de 1 millón de pesos. Mes a mes, los montos varían entre 1 y 4 millones de pesos. /La Izquierda Diario
