El amanecer de la campaña y la proximidad del calendario electoral han colocado en paréntesis dos batallas que tienen a Cristina Fernández como protagonista principal. La primera se vincula con la definición de políticas estructurales para la economía, que generan controversias en el oficialismo. La segunda, con la ofensiva kirchnerista sobre el Poder Judicial, en la cual, las causas de corrupción de la vicepresidenta ocupan un lugar preponderante.
Esto tiene una única explicación, el desenlace de ambas batallas estaría íntimamente relacionado con los resultados en las urnas. En ese marco, Alberto Fernández encontró un atajo cuando empezaba a sentir asfixia por el acoso kirchnerista. Dispondrá que por un año la Administración General de Puertos, es decir, el Estado administre la Hidrovía Paraná-Paraguay. El curso navegable de 3.500 km. donde circula el 80% del comercio exterior de la Argentina.
Se trata de una caja que recauda alrededor de US$ 300 millones por año. Al atajo, el Presidente añadirá un edulcorante para conformar al paladar del kirchnerismo. La creación de un ente estatal de control, otro más, de todas las vías navegables del país. Antigua reivindicación del espíritu soberano que ha recrudecido en el Instituto Patria. Se blandió en el plano alimentario cuando fue promovida la frustrada expropiación de la empresa agro-industrial Vicentin.
Dentro de un marco parecido de acomodamiento conceptual transcurre el tramado kirchnerista sobre el Poder Judicial. Del resultado electoral de noviembre depende el proyecto que más interesa a Cristina Kirchner a futuro, la nueva ley del Ministerio Público, con media sanción del Senado y trabada en Diputados. Es decir, la chance de tumbar al procurador Eduardo Casal y manejar a los fiscales.
Interinamente se ocupa de eso la Comisión Bicameral de Seguimiento que cada semana presiona, con distintos artilugios, a los no incondicionales. Mientras tanto, la vicepresidenta recuperó el control de todas sus propiedades que habían sido intervenidas en las causas de Los Sauces y Hotesur, por sospechas de lavado de dinero. El juicio oral viene demorado, como casi todos.
El trabajo subterráneo acumula pequeñas satisfacciones para la vicepresidenta. Eso explica una marcha atrás. El pedido de postergación de las declaraciones como testigos de Alberto Fernández y de Sergio Massa en la causa por la concesión de obras públicas a favor de Lázaro Báez. La excusa fue la pandemia, el defensor Carlos Beraldi adujo que los ex jefes de Gabinete deben hacerlo únicamente de manera presencial.
Ese juicio avanza con extrema lentitud. Las palabras de Alberto Fernández y Sergio Massa podrían haber repuesto los oscuros fantasmas del pasado. Ingrato para una campaña electoral donde, está visto, Cristina Kirchner es la jefa indiscutida. Y sabe, además, que depende exclusivamente de un triunfo en las elecciones para poder continuar con su estrategia de impunidad para todos.
