El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomó la palabra y sorprendió a buena parte de los catorce gobernadores que lo estaban escuchando. Diez de ellos habían llegado de apuro a una reunión en la Casa Rosada convocada con pocas horas de anticipación. Otros cuatro pidieron participar de forma remota, telemática.
El Jefe de Estado demostró ni bien tomó la palabra demostró que estaba alterado por una situación que aceleró su exposición hacia un tono de radicalización propio de la dirigencia ultra K. El día anterior, la Corte Suprema había emitido un fallo que, según su visión, laceraría las cuentas públicas nacionales. El máximo tribunal decidió que el Gobierno debía aumentar los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en impuestos coparticipables. El costo fiscal sería de 180 mil millones de pesos. Fue su administración la que rebajó las transferencias a la Jefatura Porteña de modo inconsulto.
Ocurrió en septiembre del 2020, en medio de una posible huelga de la Policía Bonaerense, que reclamaba suba de sueldos, la plata ahora en discusión que pasaba a los porteños empezó a tener como destinatarios a los bonaerenses. El Presidente se expresó de entrada con mucho enfado, furioso: “El fallo de la Corte es horrible. Lo que propongo es parar a esta Corte de una vez. Tenemos que hacerle juicio político a los jueces”, dijo, palabras más o menos.
Una minoría de los gobernadores presentes, como se dijo, no entendían por qué el Jefe de Estado pretendía llevar este pleito a semejante límite a la pelea con el Poder Judicial. Pero, de acuerdo al testimonio de varios de ellos que pidieron a Clarín dar su testimonio pero bajo anonimato, la reunión pareció entonces tener un final cantado. La Casa Rosada no aceptaría acatar el fallo de la Corte Suprema, y además avanzaría para chocar de modo directo con los magistrados del tribunal. Pocos intentaron minimizar esa reacción oficial ante la nueva problemática presupuestaria. El resultado generaría una alteración en las normas que rigen la democracia y aumentaría la confrontación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial hasta un extremo total.
La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, presente en la reunión, señaló que no estaba de acuerdo con impulsar una especie de “guerra política” contra el máximo tribunal. Podrían utilizarse “herramientas” intermedias, sobre todo, replicar con argumentos jurídicos lo que en el oficialismo se considera que es un fallo técnicamente endeble.
La discusión entre los gobernadores volvió a encenderse cuando pidió habló el chaqueño Jorge Capitanich. Como es su costumbre, expuso largo citando normas de memoria. En resumen, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, avaló lo dicho por el Presidente, y pidió que se logre el consenso para consolidar la rebeldía: “No hay que acatar el fallo”.
Respecto al juicio político a los jueces, prevaleció lo que finalmente se comunicó en el texto que lleva el nombre de los catorce gobernadores: se recusaría a los cortesanos y se instrumentaría un “pedido de revocatoria ‘in extremis’ para dar vuelta la resolución del máximo tribunal.
El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, llevó adelante las negociaciones con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta una vez oficializada la quita de la coparticipación para la Jefatura Porteña. El dirigente, también presente en la Casa Rosada, habló poco: opinó que lanzarse al Congreso para tomar un camino contra la Corte podía terminar con un final negativo para el Gobierno. Moderado en privado, muy radicalizado en público: el primero que comparó al fallo del máximo tribunal con una medida tomada por un gobierno militar. Sic.
Ayer, desde las oficinas de De Pedro se informó que el funcionario no podía ser afectado por un probable embargo de cuentas desencadenado por este pleito. Quien sí se podría ver afectado es titular de Hacienda, Massa.
En la Corte Suprema están azorados por lo decidido por el Gobierno. La medida cautelar que se dictó no resolvió aun la cuestión de fondo. Ayer, en el cuarto piso de tribunales se explicaba que los jueces no pueden ser recusados porque esa medida debería haberse tomado durante el lapso en el que duró este proceso.
Respecto a instrumentar una solicitud “in extremis” para suspender la medida judicial, el desconocimiento es total porque el máximo tribunal no acepta esas herramientas legales con un fallo ya emitido.
La Corte Suprema, más allá de lo difundido por De Pedro, notificó a las partes antes de que se conozca el escrito de la polémica: además del gobierno porteño, se le informó sobre lo decidido al ministerio de Economía. Y al de Interior.
Las consecuencias sobre la macroeconomía y el mercado de bonos podrían son amplias y muy negativas, afirman las fuentes expertas sobre estas medidas jurídicas.
Aun así, los gobernadores que se reunieron con el Presidente tienen otras opiniones. El mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue respaldó que no se acate el fallo, también aludiendo a diferentes leyes y artículos normativas que podrían utilizarse como argumentos de lo que hoy es un hecho: el Gobierno entró en rebeldía ante una orden judicial ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el debate íntimo entre los jefes territoriales del peronismo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, pidió que se tenga en cuenta la posibilidad del traslado de la Capital Federal desde la actual Ciudad de Buenos Aires hacia otra ciudad del norte argentino.
El santiagueño Zamora recordó que aun rige la Ley sobre el cambio de la Capital Federal que se votó en el Gobierno de Raúl Alfonsín, aunque haya quedado trunca la mudanza de la sede del poder central a Viedma.
Como era de esperar, la reacción del jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue muy dura. ¿El Gobierno no le está “regalando” así la centralidad para ser el candidato a Presidente de la oposición?
Sí, aceptaron fuentes calificadas del mismo oficialismo que actúa no en consecuencia.
Ayer, el Jefe Porteño acusó al Presidente de “quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia”.
La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia penal al respecto.
No fue la única denunciante.
“Alberto Fernández comete el delito de sedición”, explicó.
¿Cómo se resolverá este nuevo choque entre la Casa Rosada y la Corte Suprema?
Nunca antes un Jefe de Estado había decidido confrontar de este modo con el máximo tribunal de la Nación.
Aunque jamás lo admitirán en público, una minoría aunque no escasa de los gobernadores que avalaron con su nombre lo decidido por la Casa Rosada, en realidad en privado alegan no estar de acuerdo con no acatar el fallo: “La verdad es que a mi provincia, este fallo, no la afecta en nada. Los fondos que se piden que se le devuelvan a la Jefatura Porteña nunca se repartieron entre el resto de los distritos: solo se le transfirieron a Kiciloff”, dijo uno de ellos a cambio de que no se lo identifique con nombre y apellido.
Los catorce gobernadores más el Presidente son conscientes de que lo quitado a la Ciudad para ayudar a Buenos Aires nunca se dividió entre el resto de los distritos.
El argumento que encontró Fernández, y en el que se apoyaron también quienes impulsaron la desobediencia ante lo dictado por la Corte fue que los 180 mil millones de pesos que deben ser restituidos a la Ciudad ya están asignados a otros rubros en el presupuesto nacional votado en el Congreso para el 2023.
El bonaerense Kiciloff, el más involucrado en esta trama, habló en la intimidad de la reunión con sus pares con un tono similar al del Presidente: “El fallo es una burrada. La Corte le está dando más plata al candidato a Presidente de la oposición, Rodríguez Larreta”.
Muchos de los mandatarios que hablaron, porque varios hicieron silencio, utilizaron en sus exposiciones palabras como “guerra”, “combate”, “lucha”, para referirse a la solución que podrían encontrar ante el fallo de la Corte.
Son palabras que le encanta escuchar a la dirigente del oficialismo más preocupada por la autonomía del máximo tribunal. Es la vice Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos en el juicio oral conocido como “Vialidad”. La Corte Suprema es la última instancia a la que recurrirá tras apelar esa sentencia. Son los actuales jueces los que podrían dejar firme esa sentencia.
