Se encamina a cerrar el año sin decisiones adversas al Gobierno; acumula demandas contra el Estado por unos 1000 millones de dólares
La Corte Suprema de Justicia abre un 2025 sumida en la incertidumbre: hay dudas si se completará su integración con la designación del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla y sobre como evolucionará el conflicto cada vez mas profundo entre el juez Ricardo Lorenzetti y sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Son los dos que permanecerán en el máximo tribunal, tras la salida de Juan Carlos Maqueda el próximo 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años.
La única certeza son las causas que tiene entre manos para resolver, donde destacan asuntos de alto impacto económico para el Gobierno nacional. También debe decidir si confirma o no la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Si la Corte rechaza los recursos de la vicepresidenta, es inexorable que cumpla su condena a 6 años de prisión, aun arrestada en su casa y vigilada con una tobillera electrónica.
Ricardo Pristupluk
Los asuntos que deberá resolver la futura Corte en 2025 son eminentemente económicos y están relacionados con los reclamos de las provincias por diversos juicios. Tienen en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Así se desprende de un relevamiento realizado por LA NACION sobre la información pública del sitio web del Poder Judicial referida a las causas que tramitan en la Secretaría de Juicios Originarios desde que Javier Milei asumió el gobierno. Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de acuerdos, los mandatarios provinciales siguen presentando en tribunales sus demandas
La mayoría ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo.
Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados. Ningún gobernador está urgido o presentando escritos instando el pronto despacho y las provincias negocian políticamente con el Gobierno.
No hay ánimo beligerante en la Corte Suprema con el Gobierno. Al contrario. Si el reglamento de conjueces fue interpretado como una respuesta al Gobierno acerca de que la Corte no podía funcionar con tres magistrados, hubo funcionarios judiciales en el cuarto piso del Palacio de Justicia que se comunicaron con sus interlocutores en el Ministerio de Justicia para desactivar esa lectura. No quieren irritar a nadie. Y menos 24 horas despues de que Javier Milei firmó un DNU reasignando una partida millonaria para pagar sueldos.
Si por algo se caracterizó la Corte Suprema en este primer año de MIlei es por no complicarle las cosas al Gobierno. Resolvió todos los casos, o casi todos los casos, relacionados con el kirchnerismo, solo quedan unos recursos en incidentes de casos de corrupción.
Y solo queda una causa relacionada con el capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue la norma fundacional del Gobierno de Milei, apenas asumió en diciembre del año pasado. La Corte desactivó toda la lluvia de planteos contra el decreto, y los rechazó por cuestiones formales.
Solo quedó este capítulo laboral, que en su mayoría fue abordado por la Ley Bases aprobada en el Congreso, con lo que lo que prometía ser la causa mas sensible para los intereses del Gobierno, ya perdió potencia. Además el Estado tampoco está apurado, ni se presenta todas las semanas en el expediente pidiendo un pronto despacho.
La Corte no le falló nada en contra del Gobeirno, sumado que Milei no tiene casos penales en la Corte, ni sus funcionarios y en los asuntos ligados con la defensa de la propiedad privada, como los reclamos contra comunidades mapuches que usurpaban campos privados en la Patagonia, terminó fallando en favor de los propietarios.
El último fallo de la Corte relacionado con la causa de dolar futuro, donde sobreseyó a Cristina Kirchner, incluso es interpretado en los tribunales como una decisión judicial que favorece al gobierno de Javier Milei.
La Corte resolvió el caso dictando “un 280″, que en la jerigonza tribunalicia supone echar mano del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para rechazar un recurso extroardinario sin dar explicaciones. No obstante, en el Palacio de Justicia analizan con mucho optimismo que la decisión de la Corte, aunque sin fundamentos visibles, creó un precedente que blindó para el futuro el plan económico de Luis “Toto” Caputo y Javier Milei. Una lectura algo exagerada.
La causa está en la Cámara de Casación a estudio de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Si los rechazan, los acusados y el fiscal pueden recurrir mediante un recurso de queja. El cálculo en el Palacio de Tribunales es que el caso llegará a la Corte Suprema despues de la feria judicial de invierno de 2025, en agosto del año próximo.
¿Con qué integrantes la Corte Suprema resolverá sobre Vialidad? No se sabe. Tras la salida de Maqueda, el tribunal ingresará en la feria de verano todo el mes de enero. En ese período, el juez Carlos Rosenkrantz estará atendiendo los asuntos entre el 1 y el 12 y del 28 al 31 de enero; el juez Ricardo Lorenzetti, del 1 al 11 de enero, y el juez Horacio Rosatti, del 13 al 27 de enero.
Gustavo Garello – AP
Estas fechas no son antojadizas y las está mirando el Gobierno. En las oficinas de la Casa Rosada, donde decide el asesor Santiago Caputo, piensan insistir en estas semanas con la posibilidad de llegar a un acuerdo con los senadores del kirchnerismo y los no alineados con algun gobernador para que apoyen el pliego de Lijo y de García-Mansilla en el recinto y puedan obtener los dos tercios de los votos.
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Por lo pronto, el dictamen con el pliego de Lijo ya cuenta los nueve votos necesarios para ser tratado en el recinto y el de García-Mansilla, aún no alcanza ese umbral mínimo. En la Casa Rosada especulan con que, si no hay consenso parlamentario, el presidente Javier Milei “gatillará” el decreto -ya escrito- para designar a ambos en comisión por un año.
Si lo hace en enero, se garantiza no solo que el Congreso esté en receso (condición para el decreto), sino que el Poder Judicial se encuentre en feria, con lo que si ingresa alguna impugnación es difícil que prospere de inmediato. Asunto aparte es quién le tomaría juramento a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema: si admiten hacerlo Rosatti y Rosenkrantz o si el propio Milei, como amenazó uno de sus colaboradores, le toma juramento. Una medida casi inédita y de dudosa legitimidad.
Así están las cosas con respecto a la integración de la Corte Suprema. Si no llegan nuevos jueces, el máximo tribunal debe funcionar con conjueces para resolver en las causas donde no haya una mayoría de tres magistrados. Es decir, si solo dos jueces están de acuerdo y hay un tercero en desacuerdo, hay que convocar a dos conjueces para conformar la integración legal de cinco magistrados para votar en el caso.
Marcos Brindicci – LA NACION
Los conjueces son los presidentes de las Cámara Federales de todo el país que se designan por sorteo en cada caso donde es necesaria su intervención. Desde 2021, cuando la jueza Elena Highton de Nolasco renunció y dejó incompleta a la Corte, fueron 69 los casos resueltos con jueces. Ahora, la Corte dictó un reglamento para agilizar su nombramiento lo que motivó una disidencia furibunda de Lorenzetti que se quejó de que sus colegas quieren condicionar a los nuevos jueces que ingresen al tribunal.
El conflicto de Lorenzetti con Rosatti y Rosenkrantz escaló a un punto nunca visto en público. Si bien ya había sospechas acerca de que no fue ajeno a que se ventilaran versiones de juicio político después de una audiencia, ahora las acusaciones de Lorenzetti son públicas. La sonora ausencia de Lorenzetti en el homenaje de despedida a Maqueda esta semana, y las disidencias que firmó en varias resoluciones administrativas el viernes pasado, llevaron el enfrentamiento al máximo.
Acusó a sus colegas de tomar medidas “ilegales”, se reservó el derecho de presentar denuncias y dijo que “hay ambición de poder”, “mediocridad” y falta de “principios morales”. Toda una declaración de guerra. Hasta ahora, las internas de la Corte nunca rebasaron estos límites. Y a pesar de que algunos se retiraron el saludo o ni se hablaban, nunca dejaron de reunirse en los acuerdos semanales para firmar sentencias. Ahora habra que ver si este clima beligerante continúa en 2025 y, también, como se reacomodan las alianzas internas.
