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En medio de la tensión por las tomas, el Gobierno sale a comprar tierras privadas para que familias pobres construyan sus viviendas

Desarrollo Social llamó a licitación para adquirir 50 mil lotes con servicios. El plan lo maneja una dirigente que responde a Grabois.

la toma de terrenos en el barrio planeadores
La toma de terrenos en el barrio Planeadores, de Los Hornos ubicado en la calle 76 y 143 en La Plata. Foto: Rafael Mario Quinteros
Descacharreo

Van a haber 1, 5, 20 Guernicas siempre y cuando no se resuelva el problema del acceso a la tierra”, aseguró Juan Grabois el 16 de octubre de 2020, dos semanas antes de que la Policía bonaerense desalojara la toma en el municipio. Ahora, el polémico fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que archivó la causa por la usurpación de 160 hectáreas en el barrio planeadores de Los Hornos, volvió a poner en primer plano la crisis social y habitacional en el distrito más poblado del país. En ese contexto, el ministerio de Desarrollo Social publicó una resolución días atrás en el Boletín Oficial que lo habilita a comprar tierras a privados para suplir el déficit de vivienda.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Integración Socio Urbana del ministerio de Desarrollo Social, que depende de Fernanda Miño, dirigente del MTE que lidera Grabois. El Ejecutivo busca 50.000 lotes nuevos -con una superficie mínima de 1 hectárea y servicios, como agua, gas, electricidad y cloacas- para que la misma cantidad de familias de sectores populares construyan su propia casa.

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La funcionaria de Desarrollo Social, Fernanda Miño, abrazada a Juan Grabois en un acto partidario.
La funcionaria de Desarrollo Social, Fernanda Miño, abrazada a Juan Grabois en un acto partidario.

El Estado creará un registro de demanda de los lotes que cederá a los beneficiarios a cambio de que se comprometan a edificar su vivienda con la ayuda de materiales. Se asegura que la Secretaría solo financiará la construcción de casas a aquellas familias que deban ser relocalizadas, por ejemplo, por riesgo ambiental. Podrán inscribirse en el registro de beneficiarios los habitantes de los 4.400 barrios populares que no tengan vivienda propia.

La ayuda estatal, como la provisión de materiales -siempre según explican fuentes oficiales-, se ordenará según un índice de vulnerabilidad, que, por ejemplo, privilegia a víctimas de violencia de género, a madres solteras con muchos hijos y/o por la proximidad de los posibles beneficiarios con el lote. Para edificar podrían acceder a otras líneas de financiación y programas de Desarrollo Social o Hábitat, o a posibles articulaciones con municipios o provincias.

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El foco en la Provincia

La ubicación de los lotes se decidirá según la oferta de los privados que se reciba y la demanda de los posibles beneficiarios. El mayor déficit se reproduce en la provincia de Buenos Aires, donde se cuenta 1.800 asentamientos. En el Ejecutivo descartaron la posibilidad de que se puedan comprar lotes usurpados para regular su situación. 

En la organización de Grabois insisten en que no avalan las tomas y destacan precisamente que esta iniciativa busca una alternativa institucional. “¿Cómo puede ser que este país no le pueda dar un lote a cada familia? (…) Un cachito de tierra para que los propios vecinos puedan edifica (…) Odio las tomas. Quisiera que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos. Y odio esa exclusión más que las tomas”, escribió Grabois en Página 12, cuando el desalojo y la represión en Guernica dividieron aguas en el oficialismo.

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El Ejecutivo financiará la compra de los lotes con el Fondo de Integración Socio Urbana, que se creó en diciembre 2020 y que se potenció con la destinación del 15 por ciento del impuesto a las grandes fortunas y el 9 por ciento del impuesto PAIS. Miles de millones de pesos.

Como casi todas las políticas del Gobierno la iniciativa quedó atravesada por las internas. En algunas dependencias oficiales existe muchísimo malestar con la “burocracia” y la “lentitud” de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Tras la toma de Guernica, el organismo que dirigen el sciolista Miguel Cosentino Moreto y el camporista Juan Debandi ordenó clasificar 18.379 inmuebles estatales, que representan más de 10.000 Km2, cuya explotación desconocía.

Los resultados de ese censo nunca se conocieron más allá de la Gobernación bonaerense. El AABE había cedido a la Provincia y a la municipalidad de La Plata las 160 hectáreas del ANAC del antiguo club de Club de Planeadores de Los Hornos cuando ya había sido tomado para desarrollar 1.500 lotes con servicios, proyectos agroproductivos y un parque público.

La mudanza de la Secretaría

La secretaría de Miño se trasladó desde Hábitat a Desarrollo Social cuando la primera estaba a cargo de María Eugenia Bielsa y la segunda de Daniel Arroyo. Bielsa fue reemplazada por Jorge Ferraresi y Arroyo por Juan Zabaleta, quien pese a tener diferencias con Grabois, reconoce el trabajo de Miño, que vivió e hizo trabajo social villa La Cava de San Isidro.

Programa Mi Pieza. Santiago Cafiero, Juan Zabaleta y Fernanda Miño, en La Cava, en San isidro.

La cesión de lotes, pensada en 2020 y anticipada por Clarín entonces, se suma a la compra-venta vía créditos para la construcción de otros terrenos con servicios que lleva adelante la Cartera de Hábitat. La diferencia entre el plan original de Desarrollo Social y el actual es que los terrenos que se cederán serán privados y no públicos.

Los privados que quieran vender sus lotes al Estado deberán presentar una oferta por mail al Estado nacional hasta 15 de mayo. La búsqueda se concentra en inmuebles en zonas urbanas, periurbanas o rurales cercanas a los centros urbanos. Las propuestas serán evaluadas por el Tribunal de Tasaciones.

“Los lotes no deben presentar riesgo de inundabilidad, focos de contaminación, riesgos aluvionales, de erosión del suelo o tecnológicos (como tendidos de alta y media tensión, gasoductos)”, señala la convocatoria oficial, que se difundió el viernes, el mismo día en que Ramos Padilla publicó un fallo en el que afirmó que no ordenaba el desalojo de la toma Los Hornos, porque había sido a plena luz del día. “No existía ni existe hoy acusación por parte del Ministerio Público Fiscal hacia ninguna persona a quien se le imputara la comisión de un delito”, aclaró luego el magistrado.

La secretaría de Miño también está a cargo de las obras de urbanización en los asentamientos y barrios populares de todo el país, que como suele recordar Grabois, fueron en su mayoría originalmente producto de usurpaciones. Bajo la dependencia de Miño se ubica además el programa Mi Pieza, uno de los programas estrella de la gestión de Zabaleta, a través del cual el Estado ya ejecutó obras por $23 mil millones a mujeres que realizan mejores edilicias en sus hogares.

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