A más de tres años del inicio del conflicto por tierras en Villa Mascardi, y luego de los reclamos de los vecinos por una ola de ataques y destrozos por los que responsabilizaron a la comunidad mapuche que lo exige como propio, el sábado un hombre denunció que le prendieron fuego la cabaña en la que trabaja.
La propiedad en cuestión se llama ‘La Cristalina’ y está ubicada a la altura del kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 Sur. El comisario José Ocarez informó que el cuidador de la casa contó que desconocidos irrumpieron tras forzar los postigos y romper una ventana, y que una vez allí prendieron fuego la mampostería de una de las habitaciones, según consignó El diario de Río Negro.
El hecho será investigado por la fiscalía de turno. En el Ministerio Público Fiscal en Bariloche hay varias causas abiertas por hechos de vandalismo y amenazas en Villa Mascardi.
Desde el Gobierno de Río Negro emitieron un comunicado donde expresaron su repudio ante “una nueva incursión violenta de grupos de anónimos que ocupan un sector de Villa Mascardi, atacando e intentando usurpar en esta oportunidad una propiedad privada de la zona”.
El ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler, condenó los nuevos hechos de violencia y lamentó que el accionar de estos grupos y sus ataques, que “dan por tierra con todo un trabajo conjunto que se está realizando con Nación para tratar de encontrar una salida consensuada a este conflicto”.
La comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu informó que extendió “su control territorial sobre el territorio lindero conocido como Hueche Ruka que estaba en manos del Obispado Católico de San Isidro“.
“Continuamos así el legado de nuestros futakecheyem, manteniendo nuestra conciencia clara en el marco de resistencia y control territorial hasta expulsar al winka intruso de nuestro territorio”, señalaron desde la comunidad a través de las redes sociales. Asimismo instaron a “seguir recuperando territorio sin negociar, ni transar, comprendiendo que la única opción es la autodefensa y el control territorial”.
Mesa de diálogo
El viernes hubo una reunión entre funcionarios del Gobierno nacional y miembros de la comunidad mapuche en el predio ocupado. El encuentro lo encabezó el secretario de Articulación Federal de Seguridad Gabriel Fuks y, según trascendió, volverán a juntarse en un plazo de entre 30 y 60 días “para continuar el diálogo”.
Fuks expresó en su cuenta de Twitter que el encuentro fue parte de la “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales de los Pueblos Originarios”.
Participaron también referentes del Ministerio de Medio Ambiente, quienes transmitieron y firmaron el compromiso de Parques Nacionales de retirar la denuncia por “usurpación”, presentada en noviembre de 2017 y que derivó en el operativo de desalojo durante el cual integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinaron a Rafael Nahuel. Así lo consignó el sitio de noticias En estos días.
Por su parte el abogado Virgilio Sánchez explicó que integrantes de tres comunidades mapuches participaron de la reunión del viernes. “Los dirigentes mapuches plantearon una y otra vez que reivindican las ocupaciones y reivindicarán y harán suyas las que se produzcan en el futuro porque entienden que es un derecho ancestral que les corresponde”, señaló.
“La reunión comenzó con largas exposiciones de los más ancianos que hablaron íntegramente en mapuzundun y los y las dirigentes de más edad. Todas las intervenciones dieron cuenta de la historia del pueblo mapuche, de sus padecimientos y de la situación de represión, hostigamiento y muertes de que son objeto”, agregó el letrado.
El origen del conflicto
El conflicto que ocurre en Villa Mascardi no es nuevo, sino que se remonta a finales de 2017 cuando un grupo de personas, que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, ocupó las tierras que ellos consideran es parte de su territorio.
Luego ocurrió el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017, que recibió un disparo por la espalda en un procedimiento de un grupo de albatros de Prefectura, que custodiaban el predio que había sido desalojado.
Desde entonces suceden los hechos de violencia en esa pequeña villa donde viven de forma permanente cerca de 60 personas.
