La semana que pasó para ya no volver, desembocó en un domingo que no es uno más. Y es que a tan sólo una semana de una fecha patria emblemática como será el 25 de mayo, la patria tucumana se encuentra todavía bajo el yugo de un reinado espurio: el de la IMPUNIDAD. Esto se debe al hecho de que, luego de que transcurriera más de un mes desde que Tucumán Despierta destapara un pozo negro con los manejos de los dineros públicos gestado en El Manantial por el ex delegado comunal Juan Carlos Bernard, las principales autoridades de la provincia guardan un misterioso silencio.
Y es que hace más de 30 días, Bernard actual Subsecretario de Comercio Interior, fue descubierto por nuestro medio y desenmascarado ante la opinión pública acerca de sus graves irregularidades en el manejo de los dineros públicos de esa comuna de la provincia cuya deuda asciende a una cifra estimada en más de 200 millones de pesos que desaparecieron por no rendir cuentas en un período de su gestión.
Lo cierto es, que el actual funcionario, no pudo justificar el destino que les dio a los fondos públicos. Una información que Tucumán Despierta relató en exclusiva y que salvo Tucma TV, programa conducido por Roque Galeano, ningún otro medio de comunicación, curiosamente, no se hizo eco de la grave denuncia, como así tampoco en difundirla en una clara muestra de lo que podría tratarse de complicidad.
Pero más allá de eso, lo cierto es que el dinero no “aparece” y, lejos de constituir un problema para el mencionado, sigue “premiado” por el poder político de la provincia ocupando un cargo público de alto rango y pagado por todos los tucumanos, a pesar que no reintegró los más de 200 millones que quedó debiendo como delegado comunal del Manantial, información que surge del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán.
¿Quién sería su padrino político?
Se trataría nada menos de Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, quien, de acuerdo a diversas fuentes, sería el que puso a Bernard en ese cargo a pesar de conocer los antecedentes negativos del ex delegado de El Manantial.
Es necesario preguntarse ¿Cómo es posible que, en un gobierno provincial, que está día a día tratando de palear la difícil situación social y económica, trascienda que se termine hasta premiando a funcionarios que en sus gestiones anteriores habrían tenido manejos irregulares de los fondos públicos al punto de tener que alcanzar una cifra a todas luces escandalosa como lo son los más de 200 millones de pesos que todavía no aparecen?
Una primera respuesta esbozada desde nuestro medio consistió en la publicación sobre el hecho de que el actual Subsecretario de Comercio Interior de Tucumán ocupaba el octavo puesto en la lista de candidatos a legisladores provinciales que encabezaba Regino Amado en las elecciones del año pasado. Ahí se entendió de verdad cómo es posible que el ministro se resista a brindar, siquiera, explicaciones.
Las cuales debería responder a la hora de hablar sobre la designación de un impresentable personaje como funcionario del poder ejecutivo provincial, es decir, el ex delegado comunal Juan Carlos Bernard, cuya gestión estuvo envuelta en controversias financieras, por decir lo menos. Para colmo, lo “sucedió” su propia hermana como si el cargo de delegado comunal se tratara de una herencia familiar.
Pero si de familias hablamos, no podemos dejar de mencionar la cuarta entrega de esta saga de impunidad que en su momento publicó Tucumán Despierta y que daba cuenta de la impunidad que se vive en otra comuna del interior de nuestra provincia, en este caso, hablamos de San Pablo y Villa Nougues ya que, se trata de Sergio Luis Castro, quien se desempeñaba en el período sobre el que no rindió fondos, como comisionado comunal de esa localidad. A causa de esta irregularidad sobre la cual el sindicado no da la cara, el Tribunal de Cuentas de Tucumán dispuso la Apertura de un Sumario de Cuentas.
Lo cierto es que los fondos que faltan, excederían por lejos la cifra conocida en el acuerdo expuesto en la nota anteriormente, ya que hablamos de una suma de más 30 millones de pesos. Esto se debe a dos acuerdos más que echan luz sobre las tinieblas en las que se mueven los inescrupulosos que manejan los dineros públicos de las comunas del interior de la provincia y que nuestro medio saca de la oscuridad por medio de esta investigación.
En este caso, se dispuso la sustanciación de un Juicio de Cuentas por la falta de regularización de los saldos pendientes ya no sólo contra Sergio Luis Castro en su carácter de comisionado comunal de estas localidades, sino también en contra de su propio hermano, es decir, Daniel Fernando Castro, en su carácter de Comisionado Comunal de la Comuna de San Pablo y Villa Nougues en ese período.
Por otro lado, ¿Qué sucede con la Justicia provincial?, ¿Por qué no actúa de oficio? ¿Acaso existe “coronita” para Bernard? ¿Existe alguna “bajada de línea” para que no se mueva un dedo que pueda afectar quién sería el “protegido” del ministro Regino Amado? ¿Será que los tentáculos del Ministerio de Justicia llegan a dejar maniatado a todos los funcionarios de ese poder? ¿Están enterados en el Poder Judicial de las graves irregularidades contra el erario público cometidas por Bernard?
Además, está el Tribunal de Cuentas, sobre el cual se desconoce si realizó las denuncias correspondientes. Y es que, Bernard no presentó rendición de todo un presupuesto anual de cientos de millones de pesos, ¿Acaso no es causal para que este organismo denuncie tamaña irregularidad? ¿Que sería entonces, un simple desliz? ¿Se hará cargo el Tribunal de Cuentas de la responsabilidad que le compete en este gravísimo asunto o se lavará las manos como Pilatos?
Acaso el presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Terraf, los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, no toman dimensión acaso de que no se trata de cifras vacías de significado, sobre todo, en una coyuntura económica grave como la que atraviesa el país, ante tantos recortes para sobrellevar la crisis que realiza el gobierno, ¿Acaso no les importa saber qué hacen con el dinero público algunos delegados comunales?
Nota aparte para el Poder Legislativo de Tucumán. Salvo José Cano, ningún otro se manifestó ante tamaño escándalo. ¿Acaso no se expresan al respecto por temor o por complicidad? ¿Forman una casta de impunidad para asegurarse que jamás a ninguno se los toque? ¿Cuántos Bernard y hermanos Castro más existen en las comunas del interior? ¿Seguirán los legisladores locales sin hacer mención relacionado a este escándalo?
¿Será Justicia alguna buena vez o seguirá ganando la impunidad en Tucumán? En su momento, desde Tucumán Despierta creímos estar abriendo una “caja de pandora” en la provincia. Pero tal parece que ningún poder está dispuesto a dar la cara por el pueblo al cual su contribución por medio de impuestos nadie cuida y pareciera no importarles a los tres poderes en los que se divide la república.
En su momento, desde este medio pensamos que el tiempo diría qué sería del destino de todos los cómplices del entramado de impunidad descubierto y hecho público por nuestro medio. Hace unos cien días, en el marco de la condena a Miguel Eduardo Figueroa por un doble homicidio en Villa 9 de Julio, el gobernador Osvaldo Jaldo dijo que “nadie goza de impunidad en Tucumán”.
Señor gobernador… ¿Se aplicará alguna vez esa expresión a funcionarios políticos corruptos y sus cómplices?
