De acuerdo con un análisis sobre cifras oficiales, entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2021, la nómina de empleados estatales creció de manera sostenida, con un acumulado del 24,4%.
En cambio, el empleo asalariado privado alcanzó su máximo de contratación en abril de 2018 (6,3 millones de trabajadores), tras lo cual se inició una destrucción persistente del empleo privado, que se agudizó en 2020 por los efectos del confinamiento producto de la pandemia.
La cantidad de puestos de trabajo privados perdidos sólo en los últimos tres años se acerca a 440 mil.
El dato se conoce en momentos en que existe un fuerte debate en el sector privado, que mira de reojo lo que considera un intervencionismo cada vez mayor en la economía por parte de la administración de Alberto Fernández.
También cuando trascendieron cuestionamientos del Departamento de Estado norteamericano a las presiones tributarias existentes en el país y el clima de negocios, basado en reportes de las empresas estadounidenses que operan en la Argentina.
Ante ese escenario, la Mediterránea alertó sobre un escenario de impacto negativo sobre el esquema laboral y previsional.
Dijo que “retornan las moratorias previsionales, tras una década con importante aumento en los beneficiarios de la seguridad social y un marcado deterioro en la creación de empleo de calidad”.
Para esa fundación, en la “última década estanflacionaria, la economía argentina exhibe cifras muy poco alentadoras en el mercado laboral”.
“En 2021 se registran 800 mil desocupados más que en 2011, pese a que desde entonces casi 2,5 millones de personas han pasado a la categoría de inactivas”, indicó el instituto IERAL de esa fundación, en un informe sobre la situación laboral y previsional.
El trabajo advierte, además, que en la última década “lo único que se expandió fue el empleo público (alrededor de 600 mil puestos adicionales) y el cuentapropismo (+1,5 millones), ya que se han destruido 136 mil empleos asalariados formales y 425 mil informales”.
“Al mismo tiempo que se deterioraba la calidad del empleo, aumentaba en forma notable la cantidad de programas de ayuda social, caso de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo (AUH y AUE), que alcanzan actualmente a 4,4 millones de beneficiarios”, alertó.
Explicó que “un fenómeno análogo se dio en el plano previsional, haciendo que para 2016 los beneficiarios de moratorias superaran a quienes habían hecho los aportes exigidos por la ley”.
En 2020, el universo de beneficiarios con moratoria alcanzó a 3,6 millones de personas, mientras que los jubilados y pensionados sin moratoria sumaron 3,2 millones.
Para morigerar el aumento en el gasto previsional, recordó que la anterior administración creó la Pensión para el Adulto Mayor (PUAM), que comenzó a regir en 2016.
A diferencia de los beneficios de la moratoria, la PUAM representa el 80% de un haber mínimo, se otorga a mujeres y varones de 65 años y no puede transferirse o trasladarse al cónyuge luego de que fallece la persona beneficiaria.
Además, exige condiciones más estrictas para el acceso al beneficio, comparado con las tradicionales moratorias.
